18 nov 2018 | Actualizado: 19:00

Facme duda de que sea legal que la industria publique cada pago a un médico

Carga contra los laboratorios en un posicionamiento en el que reclama más protagonismo para las sociedades científicas

Fernando Carballo, presidente de Facme, y Humberto Arnés, director general de Farmaindustria.
Facme duda de que sea legal que la industria publique cada pago a un médico
mar 21 marzo 2017. 16.00H
Redacción
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha dado un golpe sobre la mesa… y hacia la industria del medicamento. En un contundente documento de posicionamiento sobre “transparencia e independencia de la formación médica continuada”, carga contra las medidas de transparencia puestas en marcha por Farmaindustria en el último año.
 
Concretamente, en el documento, Facme advierte de que “tiene serias dudas sobre la legalidad de la desagregación de datos y su publicación a nivel individual del profesional médico, sin su autorización, por lo que se recabará toda información necesaria sobre la legalidad de este procedimiento, no descartando plantear petición de dictámenes alternativos, o recursos legales si fueran necesarios”. Para ello, se ampara en el vigente Reglamento Europeo de Protección de Datos de las Personas Físicas (EU) 2016/679.
 
Hay que recordar que esta cuestión se consideraba resuelta tras el informe emitido por la Agencia de Protección de Datos y la obligación de que todos los profesionales sanitarios tengan que aceptar la condición de la publicación individualizada de las transferencias de valor para poder recibirlas.
 
La federación carga contra la fórmula empleada por la patronal para dar a conocer las transferencias de valor, y llama a destacar el papel de las sociedades científicas. De hecho, advierte de que “las sociedades científicas son actores en las transferencias de valor y deben ser las que determinen la mejor manera de transparentar la información, al ser entidades privadas sin ánimo de lucro, reguladas por sus estatutos y por códigos éticos propios, que han de cumplir la normativa vigente sobre tributación. Deben ser estas normas y no las de la industria bio-sanitaria las que regulen transparencia y fiscalidad de la formación médica, teniendo siempre en cuenta los desarrollos normativos que legalmente puedan ser de aplicación”. 

Formación continuada

Por otro lado, para Facme, “la formación continuada de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) es una tarea ineludible para las Sociedades Científicas (SSCC), cuyo fin es mantener la competencia de los profesionales para proporcionar la mejor atención sanitaria posible a la población”.
 
Asegura que “estas actividades vienen siendo financiadas en su gran mayoría por las SSCC, incluyendo fondos propios procedentes de las cuotas de sus afiliados, inscripciones y otras actividades, y por aportaciones en forma de patrocinios o becas sin restricciones por parte de la industria bio-sanitaria”.
 
“En el momento actual, la industria bio-farmacéutica, aduciendo razones de transparencia y en cumplimiento de su código ético (adaptado en España por Farmaindustria como mecanismo autorregulatorio) pretende que, además de la declaración de las transferencias de valor realizadas a las organizaciones, sea también obligatoria la manifestación pública y desagregada (es decir, individualizada) de todas aquellas que se refieran a actividades formativas de los profesionales, incluidas las desarrolladas por las sociedades científicas aunque no hayan sido percibidas directamente por el profesional”, lamenta la federación.
 
En este sentido, celebra la alternativa tomada por las empresas agrupadas en la patronal del sector de las tecnologías sanitarias (Fenin),”importantes en diversas especialidades con un elevado componente técnico”, que ”han desarrollado su propio código ético en el que se excluye explícitamente otorgar ayudas a la formación a los profesionales de la salud a título personal, ya que toda ayuda deberá siempre dirigirse hacia organizaciones cualificadas legalmente”.
 
Facme  considera que “esta vía de ayuda a través de organizaciones, única en el caso de Fenin, o complementaria a la individual en el caso de Farmaindustria, favorece la debida transparencia de las transferencias de valor entre industria y SSCC”, una postura que ya adelantó Redacción Médica.
 
Separación y regulación
 
Así mismo, en su posicionamiento, Facme ahonda en algunas ideas que ya adelantara en Redacción Médica. “Abogamos por una clara separación entre actividades promocionales, lícitas de la industria bio-farmacéutica y de tecnología sanitaria, y actividades formativas científicas, así como de las decisiones de prescripción, o de selección e indicación de técnicas, que realizan los profesionales” y para ello “se pretende contribuir a una regulación por parte de las autoridades sanitarias que permita verificar la pertinencia y acreditar las acciones formativas que se lleven a cabo dentro de esa formación continuada independiente y necesaria para el SNS”.
 
“De esta forma cabe que, como hasta ahora pero ya con reconocimiento formal, las SSCC sean identificadas entre los co-agentes del SNS, y por tanto del empleador mayoritario. Este enfoque permitiría que este tipo de formación pueda justificadamente no estar sujeta a carga fiscal, lo que enlaza con la Proposición No de Ley (PNL), recientemente aprobada en el Parlamento, que apunta en este mismo sentido.se pretende contribuir a una regulación por parte de las autoridades sanitarias que permita verificar la pertinencia y acreditar las acciones formativas que se lleven a cabo dentro de esa formación continuada independiente y necesaria para el SNS. De esta forma cabe que, como hasta ahora pero ya con reconocimiento formal, las SSCC sean identificadas entre los co-agentes del SNS, y por tanto del empleador mayoritario”, precisa la federación. 

Acceda al posicionamiento de Facme
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