Jordi García Brustenga, Jordi Hereu y Teresa Parejo.
Jordi García Brustenga y
Teresa Parejo han tomado este viernes posesión de sus respectivos cargos de
secretario de Estado de Industria y de directora general de
Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme). Estos nombramientos, indican desde Moncloa, responden a la “necesidad de adaptar y reforzar la estructura” del departamento “para seguir impulsando la reindustrialización y la transformación” en sectores clave. De hecho, Brustenga y Parejo irrumpen en el Ministerio de Jordi Hereu en un escenario efervescente para una industria sanitaria que se encuentra en plena transición por los efectos de la Ley de Medicamentos y la reforma del sistema de precios de referencia, así como por el definitivo despliegue del
PERTE de Salud de Vanguardia.
Fue el pasado 8 de julio cuando el Consejo de Ministros confirmó la designación de Jordi García Brustenga como secretario de Estado de Industria, puesto que ostentaba
Rebeca Torró. El propio Brustenga desempeñaba hasta la fecha el cargo de director general de Estrategia Industrial y de la Pyme, cartera que ahora liderará Teresa Parejo.
"Afronto la etapa como secretario de Estado de Industria con compromiso, vocación y serenidad transformadora -ha manifestado Brustenga este viernes-. Seguiremos
consolidando la reindustrialización y la competitividad, a la vez que apoyamos a pymes y emprendedores".
El nuevo secretario de Estado es
licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra, máster ejecutivo en Dirección Pública (EMPA) por ESADE y máster oficial en Dirección Estratégica y Comunicación Empresarial por la Universidad de Vic. Ha desempeñado posiciones ejecutivas en ENISA (Ministerio de Industria y Turismo), y ha sido director de Operaciones y estrategia y de Fomento del ecosistema emprendedor. Por su parte, Parejo es
doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y ha completado su formación con estudios especializados en derecho de la Unión Europea, ordenación del territorio, cambio climático, economía global y liderazgo institucional.
Retos de la industria farmacéutica
Brustenga se erige de esta forma como ´número 2’ de un Ministerio obligado, desliza Moncloa, a modernizar su estructura para hacer frente a los retos futuros, algunos de ellos de calado sanitario. Destaca, por ejemplo, el futuro desarrollo de la
Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que cuenta ya con un significativo el
aval de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pese a las dudas que han generado cuestiones como la intervención en el mercado extrafinanciado por el SNS y los
precios de los fármacos.
Los cambios en el Ministerio de Industria se producen también en un contexto de despliegue del
PERTE de Salud de Vanguardia, ejecutado ya en un más de un 80 ciento en lo referido a la inversión pública (según los últimos datos, correspondientes al mes de abril); así como del
Plan Profarma 2025-26, que fue presentado al sector industrial este mismo julio y que persigue estimular las inversiones en tecnologías de producción avanzadas e investigaciones de calidad (por ejemplo, con una menor aportación de las farmacéuticas al SNS).
Otros cambios en el Ministerio de Industria
En este escenario, el Gobierno de
Pedro Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de “adaptar y reforzar la estructura de la Secretaría de Estado de Industria”, lo que implica también la creación de un
Comisionado Especial para la Reindustrialización (que será asumido por
Jaime Peris, quien hasta ahora venía desempeñando la función de jefe de gabinete de la anterior secretaria de Estado de Industria) y el
Comisionado Especial para la Competitividad Industrial y de la Pyme, puesto que ocupará
Nuria Aymerich, (era secretaría general del Gremi de Fabricants de Sabadell y la dirección del Consejo Intertextil Español).
Entre las funciones de ambos comisionados se incluyen el apoyo a la Secretaría de Estado de Industria en la promoción, impulso y divulgación de las políticas y planes para la
transformación de ecosistemas industriales y la reindustrialización, así como el fomento de la participación en órganos colegiados y en la colaboración público-privada para facilitar la implementación de las políticas de reindustrialización.
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