Las indemnizaciones por impago en sanidad se estabilizan respecto a 2024

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se ha hecho cargo de 649 expedientes de impago a trabajadores o extrabajadores de actividades sanitarias y de servicios sociales en lo que va de 2025; esto es, casi un 47 por ciento del total de casos del pasado 2024, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos parecen evidenciar un aumento de la capacidad de solvencia de las mercantiles del sector de la sanidad y los servicios sociales, en contraste con otros sectores. Destaca el inmobiliario, que en lo que va de 2025 supera el 83 por ciento de los expedientes del ejercicio anterior. En el caso de empresas de administración pública y defensa, el número de expedientes de impago del presente año ya supera al total de los del pasado ejercicio.

Comparándolo con otros sectores, el sociosanitario es el undécimo, de un total de 23, con más expedientes de impago a nivel estatal. En esta ocasión, el grupo “sin actividad definida” es el que lidera la lista, con 6.319; seguido por el comercio al por menor y al por mayor, junto a la reparación de vehículos de motor y motocicletas, con 5.489. La tercera posición es para la industria manufacturera, con 5.379.

Los casi 650 expedientes de impagos de empresas de la sanidad y los servicios sociales que no cumplen con sus trabajadores o extrabajadores, por insolvencia o porque están inmersas en un proceso concursal, han afectado a un total de 686 personas, de las que casi el 80 por ciento son mujeres. En este sentido, teniendo en cuenta las indemnizaciones por despido y los salarios atrasados, el Fogasa ha abonado a estos trabajadores casi 4,9 millones de euros en expedientes del sector sociosanitario. En el año 2024, esta cifra fue de 9,7 millones. De nuevo, la mayoría de esos pagos en el sector sociosanitario se ha correspondido con indemnizaciones por despido: 3.065.461,12 euros en lo que va de 2025.

En qué casos Fogasa se hace cargo de las indemnizaciones

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, detalla en su página web las condiciones bajo las cuales el Fondo de Garantía Salarial cubre los impagos salariales y las indemnizaciones por despido. En casos de retrasos salariales, el organismo abona a los trabajadores afectados una cantidad equivalente al doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) diario, multiplicado por los días pendientes de cobro, con un tope máximo de 120 días. A esta cuantía se añade el prorrateo correspondiente de las pagas extraordinarias.

En cuanto a indemnizaciones por despido o extinción de contrato, el Fogasa solo interviene cuando existe una resolución judicial firme que reconozca el derecho del trabajador a percibir la cantidad adeudada. En términos generales, el organismo cubre hasta una anualidad de la indemnización. El cálculo se basa en 30 días de salario por cada año trabajado, sin que el salario diario considerado pueda superar el doble del SMI, incluyendo también las pagas extra. Esta cobertura actúa como una red de seguridad para quienes quedan desprotegidos tras la insolvencia de su empleador.