Ley de Sanidad: hacia una financiación plurianual y por resultados en salud

Cuatro décadas después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el sistema sanitario español vuelve a situarse en el centro del debate. La conmemoración de este aniversario no solo invita a revisar sus logros sino también a afrontar sus desafíos estructurales, como es el tema de la financiación. ¿Debería España avanzar hacia una regulación específica que ordene, estabilice o incluso blinde los recursos destinados a la sanidad?

Dos voces autorizadas del ámbito económico, Félix Lobo, director de Economía y Políticas de Salud de Funcas; y Analía Viola, investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), coinciden en que el debate no admite soluciones simples, aunque sí identifican puntos clave para su evolución.

Un modelo autonómico "obsoleto" y con escasa previsibilidad

Lobo considera que el sistema de financiación basado en impuestos "sigue siendo válido y adaptable", pero matiza que el problema se encuentra en su desarrollo territorial, ya que el modelo de reparto entre comunidades autónomas "lleva tiempo desfasado y debería haberse actualizado hace años".

En una línea similar, Viola advierte de que la arquitectura financiera actual genera "una notable incertidumbre presupuestaria", lo que dificulta la planificación sanitaria. A su juicio, esta falta de estabilidad provoca que las comunidades “prioricen gastos inmediatos frente a inversiones estratégicas necesarias para modernizar el sistema”.

El debate sobre una regulación específica introduce matices relevantes. La investigadora de Fedea reconoce que un marco más definido podría aportar beneficios, como "garantizar estándares mínimos de calidad en todo el territorio" o "proteger la financiación sanitaria de los ciclos políticos". Además, defiende que cualquier reforma debería orientarse a que el gasto "se vincule más a resultados en salud que al volumen de actividad".

Sin embargo, el director de Economía y Salud en Funcas se muestra más prudente ante la idea de "blindar" la financiación. En su opinión, fijar porcentajes o cantidades cerradas dentro del gasto público "podría restar margen de maniobra a las comunidades autónomas" y generar dinámicas poco eficientes, ya que "asegurar recursos sin condiciones puede desincentivar la mejora en la gestión". También advierte de que una rigidez excesiva podría quedarse corta en escenarios de crisis sanitaria.

Pese a estas diferencias, ambos coinciden en la necesidad de introducir mecanismos que aporten mayor estabilidad. En este punto, Lobo plantea una alternativa concreta: avanzar hacia compromisos de financiación a varios años vista. Según explica, disponer de una planificación plurianual "facilitaría la toma de decisiones a largo plazo", especialmente en ámbitos como la política de personal sanitario, donde los efectos de las decisiones se extienden durante años.

Blindar el gasto o apostar por estabilidad y resultados en salud

El contexto demográfico y tecnológico añade presión a este debate. Tanto Lobo como Viola destacan que el envejecimiento, la cronicidad y, especialmente, la innovación tecnológica está impulsando el crecimiento del gasto. Para Lobo, estos factores "deben incorporarse de forma explícita en la planificación presupuestaria", mientras que Viola insiste en que el sistema necesita herramientas que permitan anticipar estos impactos con mayor precisión.

En cuanto a las soluciones, las propuestas apuntan a mejorar tanto la asignación como la evaluación del gasto. Viola aboga por un modelo más finalista y transparente, en el que los recursos estén ligados a objetivos medibles, y propone la creación de una agencia independiente que evalúe prestaciones y tecnologías sanitarias, siguiendo referentes internacionales. "La clave es medir mejor los resultados para orientar las decisiones", resume.

Por su parte, Lobo pone el acento en cómo se remunera a los proveedores del sistema, señalando que España puede aprender de modelos que incorporan "incentivos vinculados a resultados" o esquemas de pago mixtos, capaces de mejorar la eficiencia sin comprometer la calidad asistencial.

En definitiva, 40 años después de la Ley General de Sanidad, el debate sobre la financiación sanitaria se mueve entre evitar la rigidez de un blindaje demasiado fuerte y corregir la volatilidad del modelo actual. En ese equilibrio, la planificación a largo plazo, la evaluación rigurosa y la orientación a resultados se postulan como las claves para construir la próxima reforma.