La Audiencia Nacional respalda los acuerdos de la OPE nacional en sanidad

Sentencia que no hay "base jurídica" para que al interino "se le exima de someterse a unas pruebas objetivas"

Fachada de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional respalda los acuerdos de la OPE nacional en sanidad
mié 06 noviembre 2019. 12.30H
La Audiencia Nacional ha respaldado los acuerdos para la mejora del empleo público, firmados por el Gobierno y los sindicatos y recurridos por la Asociación ANIL.

Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la que se desestima el recurso interpuesto por la Asociación ANIL por el que solicitaba que se declarase la nulidad de los citados acuerdos. La sentencia, notificada a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza la pretensión de esta asociación a realizar oposiciones restringidas.

Según cálculos de CSIF, 76.184 plazas de estabilización de las 167.000 convocadas se han destinado al personal estatutario de servicios públicos de salud, para los que el Gobierno de Montoro prometió un total de 130.000 plazas. No obstante, el sindicato pide celeridad en la convocatoria de las plazas que faltan: "Estaríamos hablando de entre 60.000 y 70.000 plazas en sanidad sin convocar".

Celebrado por CSIF


"Nosotros hemos sido siempre extremadamente cautos con este tema porque tienen que ser los jueces quienes tienen que determinarlo, nos remitíamos a lo sentenciado por el Tribunal Supremo y el Constitucional para los procesos selectivos", explica Javier Martínez, presidente del área nacional de Sanidad de CSIF, a Redacción Médica, cifrando entre un 25 y un 30 por ciento la temporalidad en el sector. 

"Estaríamos hablando de entre 60.000 y 70.000 plazas en sanidad sin convocar", advierte CSIF



"Dado el envejecimiento de las plantillas, con un 4 por ciento de jubilaciones, incapacidades o fallecimientos, hablamos que entre 15.000 y 20.000 trabajadores dejan de trabajar cada año", amplía Martínez, que advierte de las nuevas bolsas que se generan. "Nosotros hemos firmado unos acuerdos como representantes legítimos de los trabajadores que nos han designado. Siempre queremos más, porque no hemos recuperado el 30 por ciento del poder adquisitivo que perdimos; pero ya hemos conseguido un incremento salarial en nuestras nóminas", se consuela el representante de CSIF.

"No nos parece de justicia que determinadas asociaciones se planteasen esta política porque nosotros hemos llegado a unos acuerdos que, sin ser los mejores para nosotros, no eran malos y hemos reactivado las convocatorias de empleo público en las comunidades autónomas", añade Javier Martínez. 

Los argumentos de la asociación


La Asociación esgrimía que en los acuerdos "se discrimina al personal interino que ha prestado durante mucho tiempo servicios para la Administración, a quien se le impone superar una fase de oposición para el acceso a la función pública como funcionario de carrera. También se discrimina al personal indefinido no fijo, contratado antes del 1 de enero del 2005, en cuanto que se obliga a incluir en la oferta de empleo público todas las plazas ocupadas por este personal, y se fija como sistema de selección el concurso-oposición".

Y postula que "para los interinos de larga duración se prevea un concurso específico de méritos, sin oposición, y que las plazas del personal indefinido no fijo no sean incluidas en las primeras ofertas públicas de empleo", algo que choca con lo dictaminado recientemente por la Abogacía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia de la Audiencia Nacional


Según la Audiencia Nacional, “la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados (…) Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable…”

Por tanto, según la Audiencia, “no tiene ninguna base jurídica la pretensión de que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos”.

"Tal y como hemos venido defendiendo desde CSIF, la solución para acabar con la alta tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas, pasa por el desarrollo urgente de los acuerdos de estabilización en el empleo firmados con el Gobierno en 2017 y 2018", explica la central sindical.
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