Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Viernes a las 19:50
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La Audiencia Nacional rechaza paralizar la OPE nacional de sanidad

ANIL solicitó a la Justicia que estableciera medidas cautelares contra el pacto entre sindicatos y el Gobierno central

La sede de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional rechaza paralizar la OPE nacional de sanidad
J.M.F / C.C / I.P.N
Viernes, 15 de junio de 2018, a las 14:50
La Audiencia Nacional ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) para desestimar la OPE Nacional de Sanidad.  El organismo, que representa a 3.000 trabajadores, solicitó a la Justicia que estableciera medidas cautelares contra el pacto entre sindicatos y el Gobierno central en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.

El colectivo en cuestión había pedido la paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta, a juicio de ANIL, que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.

La decisión de la Audiencia llega después de que el Tribunal Supremo admitiera la causa presentada por la asociación y los sindicatos mayoritarios presentaran su correspondiente recurso.

Las razones que se argumentan en la sentencia estipulan que es "correspondiente denegar la medida cautelar" por la aplicación del 'fumus boni iuris' que es una medida legal por la que se entiende la existencia de indicios de verosimilitud de las pretensiones de la parte que la solicita.

Además,  justicia estima que no concurren los presupuestos necesarios para acceder a la suspensión interesada, pues si se aprecia claramente la existencia de 'periculum in mora' y no hay elementos de convicción de entidad bastante como para dilucidar que la apariencia de buen derecho está del lado de la parte actora.

Esta argumentación por base de la Audiencia Nacional responde a la petición de que existe un riesgo para la efectividad del proceso, en este caso la convocatoria de la OPE, si no se adopta una resolución judicial que acuerde las medidas solicitadas.