Así se gestó la estafa internacional de 10.000 millones en seguros médicos

España ha accedido a entregar a Estados Unidos a uno de los cabecillas de una trama criminal que realizó supuestamente un fraude multimillonario a través de reclamaciones falsas de seguros médicos. Según los cálculos de la investigación, llegó a gestionar más de 10.000 millones de dólares (8.745 millones de euros) a través de estas operaciones, antes de ser descubierto y de huir del país norteamericano para terminar recalando en Málaga.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que acuerda el traslado de Florentino, ciudadano de la República de Estonia, a las autoridades de los Estados Unidos. La investigación apunta contra él como uno de los artificies de esta estafa que gestionaba reclamaciones falsas a través del programa Medicare, según la sentencia a la que ha accedido Redacción Médica.

Origen en Rusia y huida del territorio estadounidense

El relato de los hechos de la causa sitúa el centro de operaciones de la red en Rusia, desde donde se orquestó un “plan multimillonario de fraude en la asistencia sanitaria y blanqueo de capitales". Florentino desempeñó inicialmente la función de propietario nominal de tres empresas de Equipos Médicos Duraderos (DME) en el condado de Kings, Nueva York.

Ante el avance de las investigaciones de las fuerzas de seguridad norteamericanas, los mandos de la organización ordenaron la salida de los integrantes del país a través de la frontera terrestre con México para evitar las detenciones. El ciudadano estonio abandonó el territorio estadounidense pero continúo asumiento tareas de coordinación digital en la estructura externa. Según detalla la resolución, "una vez que los acusados Gabino y Florentino abandonaron los Estados Unidos tras actuar como propietarios nominales, continuaron trabajando para la organización como supervisores y reclutadores”.

Detención en territorio español

La localización y el arresto de Florentino se materializaron en la provincia de Málaga tras la activación de los mecanismos de cooperación policial internacional. El procedimiento judicial en España comenzó una vez que la sede estatal de la Interpol comunicó la detención y la puso en conocimiento de los tribunales de Nueva York. 

El arresto se ejecutó el 22 de enero de 2026. Al día siguiente, el órgano de instrucción de origen decretó la medida de "prisión provisional, comunicada e incondicional con carácter extradicional" para asegurar la permanencia del reclamado a disposición judicial.

Durante la vista celebrada en Madrid, el propio acusado "reconoció expresamente su identidad, así como que conocía los hechos por los que era reclamado por los EEUU, prestando su conformidad a la entrega".

Los delitos por los que se solicita la extradición se corresponden en el Código Penal español con los de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. El tribunal dispuso que el tiempo de privación de libertad cumplido en España se deduzca de la liquidación de la condena en los Estados Unidos.

Mecánica de la facturación en la asistencia sanitaria

El sistema de fraude se basaba en la compra de sociedades del sector de la distribución de material médico a sus dueños originales mediante pagos a testaferros extranjeros. Una vez bajo el control de la red, "la organización ha presentado o ha hecho que se presenten más de 10.000 millones de dólares estadounidenses en reclamaciones fraudulentas a Medicare por equipos médicos duraderos.

Las solicitudes de fondos se tramitaban mediante el uso de los datos personales de personas de edad avanzada o con discapacidad, utilizando códigos de facturación y números de identificación de profesionales sanitarios sin su consentimiento. Las empresas vinculadas a la red no realizaron el envío de los materiales médicos facturados al seguro público ni a las compañías complementarias.