Admitido el recurso sobre la prohibición del catalán en la sanidad balear

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Obra Cultural Balear (OBC) y firmado por 50 diputados de los grupos parlamentarios socialista y Sumar plurinacional, contra el Decreto Ley 5/2020 del Gobierno de las Islas Baleares que eliminaba el requisito de catalán de la sanidad pública.

Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva de la OCB, ha manifestado que se ha "alcanzado este primer hito, que era la superación del primer filtro de la admisión a trámite, y ahora debemos esperar a que todo siga su curso. Estamos esperanzados de que el Tribunal Constitucional acabe dándonos la razón".

La OCB considera que el Decreto Ley del Gobierno Prohens vulnera el principio de igualdad, consagrado a la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía. Atenta, asimismo, contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente, al sacrificarse el derecho de los ciudadanos a utilizar, en condiciones de igualdad y con normalidad, la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria, según ha recordado la entidad mediante una nota de prensa.

Además, Antoni Llabrés señala que el Decreto Ley del Gobierno "vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 de la Constitución Española, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en éste caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado, y contrario a los mandatos de normalización".

Dudas sobre la figura normativa de la ley

Desde OCB recalcan que se hace un uso fraudulento de la figura del Decreto Ley, puesto que "no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad". No se contiene una definición explícita y razonada de la situación, como exige la jurisprudencia constitucional, que pueda legitimar la actuación del Gobierno; ni se da tampoco lo que el Tribunal Constitucional denomina "conexión de sentido" entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que en el Decreto Ley se adoptan por considerarlas necesarias para paliarla.

Sin sanitarios capacitados lingüísticamente, el derecho de los pacientes a elegir la lengua oficial que deseen en su relación con médicos y personal de Enfermería se convierte en papel bañado; se les obliga a hablar en castellano y se les convierte en ciudadanos de segunda, poniendo en una posición de desigualdad, según denuncian en OCB. Tal y como ha afirmado Llabrés, "los ciudadanos de las Islas Baleares verán mutilado su derecho a comunicarse con la administración sanitaria en su lengua de preferencia, si ésta es la catalana, lo que supone una vulneración del derecho de opción lingüística recogido en el arte. 14.3 del Estatut".

Llabrés también ha recordado que "la Conselleria de Sanidad no dispone de ningún estudio, ningún dato, ninguna prueba, que vincule la exigencia de conocimientos de catalán con la dificultad de captar profesionales para determinadas categorías deficitarias, y que, en todo caso, para estos casos la ley ya preveía la posibilidad de excepción y aplicación de una moratoria". Que el catalán no es ningún problema lo han manifestado en reiteradas ocasiones voces autorizadas del sector, como el director del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (Comib) o la directora del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Islas Baleares (Coaib), tal y como han recordado los de Llabrés. Las dificultades para captar sanitarios se deben, sobre todo, al elevado coste de la vida en las Islas Baleares y los problemas para acceder a una vivienda. Asimismo, la carencia de profesionales en ciertas categorías es común a todas las comunidades autónomas, también a las monolingües castellanas.

La eliminación del requisito de catalán de la sanidad fue la primera de las medidas regresivas impulsadas por el Govern de Margalida Prohens contra la lengua catalana. La OCB advierte que hará uso de todos los instrumentos a su alcance para hacer frente a las agresiones contra la lengua propia de las Islas Baleares, perpetradas por PP y Vox.