Centro Penitenciario / Imagen de Envato
Desde un plan nacional hasta hacer frente a las 'deudas' autonómicas: las alternativas para la sanidad penitenciaria en España
PP y Vox explican a Redacción Médica cuáles son sus propuestas para frenar el problema estructural de la sanidad penitenciaria
Y además: Entra en vigor la ley que reconoce a los médicos y enfermeras de prisiones como agentes de autoridad
La disposición adicional sexta de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2003, establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias tendrían que ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes Servicios de Salud regionales. No obstante, esto solo se ha llevado a cabo en tres territorios (Navarra, Cataluña y Euskadi).
Mientras las autonomías afirman que no existe una propuesta económica adecuada por parte del Gobierno nacional para hacerse cargo de tal competencia, desde el Ministerio de Hacienda aseguran que las regiones han recibido estos últimos años los mayores recursos de su historia, con unas entregas a cuenta récord. No obstante, para los Ejecutivos autonómicos no es suficiente.
En poco menos de un mes, los españoles tienen una cita con las urnas, el futuro de la sanidad penitenciaria está en juego y sobre la mesa existen diferentes propuestas de los partidos con mayor representación parlamentaria en la actualidad. El Partido Popular y Vox han desgranado sus proyectos políticos en este ámbito a Redacción Médica, donde se observan diferentes planteamientos.
Ambas formaciones coinciden en sus duras críticas a la gestión del actual Ejecutivo, pero marcan prioridades diametralmente distintas: mientras los populares exigen atajar el déficit estructural y saldar la deuda estatal con las autonomías, el partido de Santiago Abascal pone el foco prioritario en un plan nacional que blinde la salud física y mental de los funcionarios de prisiones.
"Saldar deudas" antes del traspaso competencial
Para la portavoz de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, la situación actual de las prisiones es la constatación de una mala gestión a nivel nacional y "el ejemplo de otro fracaso del Gobierno". Según la dirigente popular, el actual Ejecutivo "demuestra que allí donde tiene competencias no las ejerce e incumple su responsabilidad", trazando un paralelismo directo con lo que ocurre en las ciudades autónomas: "Otro ejemplo claro es la dejación de funciones del Ejecutivo en Ceuta y Melilla, con la clara falta de profesionales sanitarios y con el abandono que han sufrido los ceutíes".
Desde la formación insisten en que "tanto la sanidad penitenciaria como el servicio sanitario en Ceuta y Melilla deberían ser de primer nivel y, sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha pinchado".
Con el debate de la transferencia de las competencias sanitarias de prisiones a las comunidades autónomas sobre la mesa, el proyecto del Partido Popular pasa por rechazar un traspaso ciego. Fúnez advierte que "aunque el Gobierno de Sánchez fracase allí donde tiene competencias, no se puede solucionar todo traspasándolas", apostando en su lugar por "abordar los problemas de fondo que existen, como es la falta de profesionales, sus condiciones laborales y económicas o la financiación de estos servicios".
En este sentido, el PP fija una línea roja económica clara: "Antes de abordar ningún debate sobre traspaso de competencias, el Gobierno de Sánchez habría hecho bien en pagar lo que debe a las comunidades autónomas con respecto a la atención hospitalaria derivada de la sanidad penitenciaria, que terminan sufragando las autonomías pese a ser competencia estatal".
Para Fúnez, este déficit es "otro ejemplo del famoso ‘yo invito, pero tú pagas’, que está ejerciendo el Gobierno de Sánchez con todas las políticas sociales y sanitarias: ofrece nuevos servicios, pero no pone sobre la mesa la financiación con los que sufragarlos". Por ello, los populares recalcan que los gobiernos autonómicos "no pueden asumir una nueva carga mientras el Gobierno se desentiende de su obligación de financiar adecuadamente la asistencia sanitaria de las personas internas", recordando además como agravante que el Ejecutivo de coalición "ha sido incapaz de presentar y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura, algo que no había ocurrido jamás en democracia".
Un plan nacional centrado en la salud de los sanitarios de prisiones
Por su parte, la portavoz de Sanidad de Vox, María García Fuster, subraya a este medio que la sanidad es un "pilar del Estado del bienestar, maltratado sistemáticamente por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez". Desde su formación aseguran que la atención médica es una prioridad "sea cual sea la situación judicial en la que se encuentre el español, y así lo hemos defendido siempre".
Sin embargo, frente al debate meramente competencial o de atención a los reclusos, la piedra angular del proyecto penitenciario de Vox se dirige a la salud, seguridad y bienestar del personal trabajador. García Fuster recalca que prestan "especial atención a la salud de los funcionarios de prisiones", a los que consideran "abandonados por la Administración Pública".
Para ilustrar esta urgencia, desde Vox denuncian la inseguridad en los centros penitenciarios señalando que "cada día, la prensa se hace eco de casos de funcionarios de prisiones agredidos o incluso violados". La portavoz hace mención expresa a un suceso reciente: "Uno de los últimos casos se produjo hace apenas unos días en la prisión de Zubieta (San Sebastián), donde un preso marroquí agredió sexualmente a una funcionaria mientras la dirección del centro penitenciario intentó ocultar lo sucedido".
Ante este escenario, la formación de Santiago Abascal marca como prioridad "cuidar y proteger a todos estos agentes que cada día ponen en peligro su vida". Su principal propuesta programática en este ámbito es el impulso de un "plan nacional de protección para los funcionarios de prisiones que garantice su integridad física y su bienestar emocional". Desde Vox rechazan cualquier modelo descentralizado para la gestión de estas plantillas, concluyendo que "el cuidado y la protección del cuerpo de funcionarios de prisiones no pueden depender de la arbitrariedad de cada comunidad autónoma".
