Mónica García.
Sanidad saca a audiencia pública la norma para 'obligar' a las autonomías a acotar las listas de espera
Pese a la falta de acuerdo en el Interterritorial, el Ministerio ya presenta una aproximación del coste de esta nueva fórmula
Y además: La unificación de las listas de espera llega al Interterritorial sin consenso sobre su fórmula ideal
El Ministerio de Sanidad avanza en su propósito de unificar el sistema de información de las listas de espera. Pese a la falta de consenso sobre la fórmula a aplicar en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el departamento de Mónica García ha sacado a audiencia pública el proyecto para homogeneizar estos registros y evitar el "maquillaje" de las cifras. Según defiende el propio texto, el objetivo es "garantizar la equidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud".
El coste de adaptación de cada comunidad autónoma variará en función de su punto de partida. Por el momento, la memoria económica establece una horquilla estimativa según tres niveles de madurez digital: regiones que ya cuentan con registro en atención primaria y remisión de microdatos, territorios con registro hospitalario consolidado pero sin datos de Primaria, y administraciones que requieren un desarrollo técnico integral. El plazo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el próximo 18 de noviembre.
Los plazos son claros. La aplicabilidad del articulado será "plena y obligatoria" una vez transcurridos dos años desde la entrada en vigor del mismo, manteniéndose entre tanto, con carácter operativo y limitado, los criterios del Real Decreto vigente hasta tal fecha.
Esa obligatoriedad también se observa en los entresijos del propio texto. De hecho, el departamento liderado por Mónica García recoge en el escrito que el proyecto resulta proporcionado, al limitarse a establecer las definiciones, los criterios de cómputo, los indicadores y las garantías comunes imprescindibles para asegurar la comparabilidad de la información en todo el SNS, "sin imponer a las comunidades autónomas obligaciones que excedan de lo necesario para ese fin ni afectar a sus competencias de organización y gestión". Algo con lo que se pretende justificar que no existe sobrepaso competencial.
Indicación, ámbito de aplicación e información personalizada
Una de las principales novedades de este proyecto es la ampliación de su ámbito de aplicación. Además de regular las consultas externas, las pruebas diagnósticas y terapéuticas, y las intervenciones quirúrgicas de atención hospitalaria, la norma incluye por primera vez las consultas a demanda de Atención Primaria, abarcando las áreas de Medicina, Pediatría y Enfermería.
En cuanto a las garantías operativas, el texto establece reglas estrictas para los registros autonómicos. En atención hospitalaria, la inclusión de los pacientes no podrá demorarse más de cinco días naturales desde la indicación médica, sin importar la disponibilidad de agenda, mientras que en Atención Primaria la fecha de inclusión será la de la solicitud por parte del paciente. Además, se prohíbe expresamente la existencia de bolsas, registros o listas de espera paralelas.
Asimismo, el RD reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información personalizada sobre su tiempo de espera, la prioridad clínica asignada y la demora estimada en su centro sanitario. Sumado a ello, permite a los pacientes modificar sus citas y conservar su antigüedad en el registro aunque rechacen ser derivados a un centro sanitario alternativo.
Para asegurar la calidad de la información, las comunidades autónomas deberán remitir trimestralmente sus microdatos al Ministerio de Sanidad. El ministerio se encargará de cruzar esta información con la base de datos de población protegida y de seudonimizarla, lo que permitirá analizar la influencia de los determinantes sociales en la salud. También se introducen por primera vez reglas de validación e indicadores de calidad del dato. Entre ellas, la integridad y la completitud de la información; la coherencia temporal y la lógica de los registros; y la detección de duplicidades.
En materia de transparencia pública, el Ministerio de Sanidad publicará los indicadores de las listas de espera con carácter trimestral. Esta información se ofrecerá en dos modalidades: una dirigida a la ciudadanía general mediante visualizaciones gráficas y aplicaciones interactivas, y otra en formato de datos abiertos y anonimizados, desagregados por sexo, edad, prioridad clínica y determinantes sociales.
Por otro lado, el proyecto contempla un periodo de transición para su plena implementación. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), encargado de la sanidad de Ceuta y Melilla, dispondrán de un plazo de 24 meses para adaptar sus sistemas de información a los nuevos requisitos y definiciones, tal y como refleja la disposición transitoria única del RD. De forma paralela, se impulsará de forma gradual la creación de un identificador de episodio clínico que permita trazar de manera unívoca todo el recorrido asistencial del paciente en el futuro.
De la negativa en el Cisns a la gran cita electoral
El texto es claro, pero no termina de convencer entre los Ejecutivos regionales. Prueba de ello fue su posicionamiento el pasado viernes en el Cisns, ya que las autonomías gobernadas por los populares no dieron su visto bueno al RD.
Se trata de una norma que se ha estado negociando durante meses. De hecho, el pasado mes de julio, en otro Cisns, las regiones solicitaron al Ministerio de Sanidad más tiempo para, de esta forma, que sus equipos técnicos pudieran terminar de pulir su articulado.
No obstante, no ha sido suficiente. Queda un mes y tres días para que tenga lugar la ansiada cita electoral que decidirá el futuro de la sanidad de los españoles. El tiempo se agota y Sanidad ultima sus competencias para dar luz verde a las normativas en las que tanto tiempo ha trabajado. El futuro de las mismas, en juego.
