Comisión Europea.
Europa simplificará el reconocimiento de las cualificaciones para facilitar la movilidad laboral de los sanitarios
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recogerá las aportaciones españolas para la reforma de la Directiva Europea 2005/36, que avanza hacia la digitalización del proceso de validación.
Y además: Europa agiliza la tarjeta sanitaria común con su nuevo modelo de movilidad laboral
Miles de profesionales sanitarios cambian de país para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, este proceso no acostumbra a ser sencillo, al estar condicionado por tiempos de espera prolongados y cantidades importantes de documentación, en múltiples ocasiones unidos a la validación de sus titulaciones. Por este motivo, la Unión Europea pretende alcanzar una solución que agilice y simplifique este procedimiento, mejore la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembro y promueva el uso de herramientas digitales que permitan una tramitación más eficiente. Así, la Comisión Europea propone la modificación de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
La actualización planteada por Bruselas llega a España en busca de aportaciones. Así, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades somete el texto a participación pública. Los interesados contarán con 15 días naturales para remitir al departamento gubernamental su opinión sobre la futura Directiva.
Digitalización y reducción del proceso
La Comisión Europea confía en la tecnología para facilitar la movilidad de los profesionales entre los Veintisiete. Así, aboga por la creación de una herramienta digital que permita la presentación de solicitudes y documentación relativa al reconocimiento de la formación sanitaria por medios electrónicos. Un espacio común para la consulta del estado de los expedientes, el intercambio de información de forma segura entre administraciones o la verificación de titulaciones, con la presencia de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a tramitar las peticiones.
Por otro lado, plantea la reducción de los tiempos de espera a través del establecimiento de un sistema de plazos para las distintas fases del procedimiento y no de uno único para el conjunto de la tramitación. Además, pretende fijar un mecanismo de compensación económica para los solicitantes afectados por retrasos administrativos excesivos. Asimismo, para favorecer la celeridad del proceso, Bruselas recortará el número de documentos a presentar, a la vez que se obligará a los países a aceptar certificados en cualquier idioma oficial de la Unión Europea, permitir la traducción automática o reutilizar documentación en manos de otra administración.
También reducirá las cargas económicas relativas a este tipo de trámites, con el objetivo de unificar el precio a pagar en todos los países. Por último, fomentará la coordinación de la Comisión Europea y las autoridades competentes de los distintos países miembro a través del intercambio de información y buenas prácticas, los programas de trabajo anuales o la detección de problemas comunes.
Marco para los títulos obtenidos por europeos en terceros países
La normativa incluye un apartado para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de ciudadanos europeos que han estudiado en instituciones académicas no presentes en el territorio de los Veintisiete. Según la organización internacional, el objetivo es que estas personas reciban el mismo trato que los nacionales de terceros países.
El proceso no diferirá en exceso del aplicado a profesionales de otras nacionalidades. Una vía que será empleada por un número importante de sanitarios españoles, dado que cada vez más estudiantes optan por formarse en Latinoamérica ante la dificultad de conseguir plaza en el sistema universitario español.
Pese a que todas las propuestas anteriores están en proceso de revisión, la actualización ya presenta algunos plazos de aplicación. En primer lugar, fija en tres años el desarrollo de la solución digital para el reconocimiento de las cualificaciones del personal sanitario. Además, establece que la Directiva deberá evaluarse cinco años después de la trasposición al conjunto de integrantes de la Unión Europea.