Empezar la casa por el tejado

Desde el pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad ha sometido a trámite de audiencia un borrador de Real Decreto que tiene por objetivo que los especialistas en Ciencias de la Salud se sometan cada 10 años a un procedimiento de recertificación de sus competencias.

Ni la iniciativa ni el debate que suscita es nuevo en el mundo sanitario. En 2005, la Comisión para el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) ya trabajó en el establecimiento de un sistema destinado a acreditar que el personal facultativo se forma de manera continuada y mantiene sus conocimientos al día. Desde entonces, la posible implantación de este mecanismo de evaluación siempre ha estado sobre la mesa. La novedad es que ahora ha tomado forma de proyecto de ley con un redactado que no consta que se haya consensuado con los representantes de los profesionales afectados por esta medida.

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"No hay ninguna otra profesión en España a la que se le exija una acreditación continua de su capacitación"

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El desarrollo de este procedimiento de recertificación debería tener en cuenta algunos preámbulos, empezando porque no hay ninguna otra profesión en España a la que se le exija una acreditación continua de su capacitación. Entendemos que esta exclusividad no obedece a la desconfianza, sino a la innegable necesidad de que los facultativos conozcan y pongan en práctica los avances diagnósticos, terapéuticos y tecnológicos derivados de la investigación médica. La premisa, sin embargo, es que, por deontología y profesionalidad, esta actualización continua de conocimientos es una tarea habitual y sistemática de los médicos, sin que por ello se deba someter a un examen de evaluación.

En segundo lugar, no se puede dejar de lado que la pandemia del coronavirus también ha supuesto para la profesión médica un proceso de recertificación, duro e impactante, en el que se ha activado la inteligencia colectiva y la compartición de conocimientos como nunca se había hecho hasta ahora. En este sentido, la excelencia profesional de los facultativos es poco dudosa.

Un programa oficial de formación continuada 

Entrando en detalle de la cuestión, la implantación de un modelo de evaluación de competencias deberá acompañarse de un programa oficial de formación continuada del colectivo médico. Este sistema se deberá planificar, financiar y ejecutar por parte de las administraciones públicas y sus organismos reguladores, a diferencia de la externalización (o privatización) que se ha dado hasta ahora, dejando la actividad formativa en manos de la industria farmacéutica.

En esta misma línea, hay que recordar que, en julio del año 2020, el Congreso de los Diputados ratificó por amplia mayoría el documento de conclusiones sanitarias de la Comisión de Reconstrucción, auspiciada por la UE, que incluye prohibir a la industria farmacéutica que pague la formación médica de manera directa o indirecta.

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"La formación que ofrece la administración sanitaria es anecdótica y a los profesionales no les queda más remedio que recurrir a la vía privada"

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La formación que en estos momentos ofrece la administración sanitaria es anecdótica y a los profesionales no les queda más remedio que recurrir a la vía privada, buscando fuentes de financiación alternativas, o bien pagándolo de su propio bolsillo. En este punto conviene recordar que la formación médica suele ser costosa y a menudo implica viajes y desplazamientos. Así, el coste de la asistencia a cursos o jornadas va contra la retribución del personal facultativo que se sitúa, con notable diferencia, entre las más bajas de Europa.

Reconocimiento del tiempo dedicado a la formación 

Otro debate insoslayable hace referencia al tiempo que los facultativos dedican a estudiar y renovar sus conocimientos. Actualmente, los médicos utilizan su tiempo libre para mantenerse al día de los avances del sector, ya que no tienen reconocido como parte de su jornada laboral el tiempo destinado a la formación continuada.

En Cataluña se da un caso paradigmático en este sentido. El personal facultativo que trabaja en la red sanitaria concertada sólo tiene derecho, según convenio, a 20 horas anuales de formación, el mínimo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Es evidente que con esta cantidad de horas no es materialmente posible adquirir los conocimientos necesarios para someterse a un proceso de recertificación.

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"Sin haber desarrollado la estructura formativa adecuada, la introducción de la recertificación es irritante para el colectivo médico"

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Por todo ello, los representantes de los facultativos reclamamos que no se empiece la casa por el tejado. Es decir, antes de establecer un mecanismo de reacreditación, hay que asegurar que se han fijado las bases legales y económicas que garantizan el acceso de los profesionales a un sistema regulado de formación continuada, de calidad y con medios, organizado y financiado por la administración sanitaria. En estos momentos, sin haber desarrollado la estructura formativa adecuada, la introducción de la recertificación es irritante para el colectivo médico.

Finalmente, no podemos dejar de decir que, antes de decretar la recertificación obligatoria, por decencia y dignidad, los responsables políticos deberían preocuparse de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los sanitarios, situándolas en la media de los países de nuestro entorno. Asimismo, y con carácter urgente, deben inyectar los recursos imprescindibles al sistema público de salud para reducir problemas tan acuciantes como la sobrecarga asistencial de la atención primaria o las listas de espera.