Una vez conseguidas en un plazo récord varias vacunas anti-Covid con las debidas garantías de eficacia y seguridad, surge la discusión sobre si vacunarse o no, se debe dejar a la libre opción de cada cual, con independencia de las consecuencias de salud pública que ello pueda acarrear.

En el mundo occidental, profundamente individualista, devoto de sus libertades y con muy escasa conciencia de sociedad, la postura mayoritaria sobre la obligación de vacunarse ante cualquier enfermedad es negativa: puedo estar a favor de las vacunas, pero solo si yo lo decido. Hay numerosas opiniones de expertos en leyes o en bioética de nuestras latitudes, reverdecidas en estos días que favorecen sin ambages esta postura.


"Los resultados de la lucha contra la pandemia de los países que optaron por eliminar el virus a base de medidas más duras, son netamente superiores a los de los países occidentales que eligieron convivir con él"


Pero las cosas en el campo de la salud pública no son tan simples. Hay una parte creciente de la humanidad, asentada en Asia oriental, con sistemas de gobierno autoritarios y economías emergentes cada vez más poderosas en las que las decisiones de salud pública como unas medidas de confinamiento inimaginables en Europa o USA, no se discuten mucho, más bien se imponen. Hay un predominio claro de la sociedad frente al individuo, probablemente porque con su densidad de población sería difícil vivir de otra forma y lo cierto es que los resultados de la lucha contra la pandemia de los países que optaron por eliminar el virus a base de medidas más duras, son netamente superiores a los de los países occidentales que eligieron convivir con él.

La discusión sobre la obligatoriedad de determinadas vacunas surge periódicamente cuando enfermedades reducidas al mínimo gracias a las mismas, como el sarampión, la tosferina o la difteria resurgen por la existencia de grupos negacionistas que se benefician de que se vacunen los demás y alcancen una inmunidad de grupo. Todo muy cómodo hasta que el número de no vacunados crece por encima de un determinado nivel y surgen de nuevo los brotes epidémicos.

Pasaporte Covid


La mera existencia de un pasaporte de vacunación ha sido cuestionada por varios países e incluso recientemente por el Consejo de Europa, pese a estar implantadas por la OMS desde hace mucho tiempo para diversas enfermedades transmisibles y que todo el mundo acepta sin discutir cuando va a viajar a zonas endémicas. Pese a estas reticencias, parece que la Unión Europea va a implantar un pasaporte vacunal con el valor y la utilidad que los distintos países e instituciones de dentro y fuera de Europa quieran darle pero que en líneas generales representará una discriminación positiva en viajes o acceso a determinados lugares para los ciudadanos vacunados.

Hay preocupación sobre posibles efectos secundarios de las vacunas anti-Covid, aún no detectados por la inmediatez de todo el proceso. Ni que decir tiene que la proliferación de fake news o las declaraciones de determinados personajes no han ayudado, aunque las prisas por vacunarse de alcaldes, políticos e infantas han representado una impagable campaña de promoción, al menos en España. No en vano, según el CIS, hemos pasado de un 40,5% de la población dispuesta a vacunarse en diciembre, a un 82,9% en febrero, con solo un 6,5% que no estaban dispuestos a vacunarse.


"En países del este como Bulgaria o Serbia el porcentaje de población que se niega a vacunarse es muy significativo"


Pero estas cifras no son extrapolables a otros países. En Francia solo se está vacunando un 30% del personal de hospitales y centros sociosanitarios pese a los esfuerzos de las autoridades y en países del este como Bulgaria o Serbia el porcentaje de población que se niega a vacunarse es muy significativo. Todavía está por ver la repercusión de la reciente controversia sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, y la más que discutible suspensión temporal de su administración en muchos países europeos, que probablemente ha enfriado las ganas de vacunarse a mucha gente.

En esta tesitura, el Parlamento de Galicia acaba de aprobar una modificación de su Ley de Salud por la que, entre otras medidas, establece la posibilidad de que en el futuro pudieran imponerse multas a quienes se negaran a vacunarse. El debate es interesante tanto desde el punto de vista legal como ético, pero sobre todo de gestión sanitaria de la pandemia. No sé si la norma será recurrida, aunque lo que es seguro es que, si entra en el impredecible circuito de los juzgados, puede esperarse cualquier cosa y no necesariamente tendente a proteger la salud.

¿Vacuna Covid obligatoria sí o no?


Conviene recordar que no se trata de una solución individual, que, la protección que proporcionan estas vacunas no es nunca del 100% y que sobre todo va dirigida a evitar la gravedad de la infección. A tenor de lo que sabemos hoy día, para minimizar o evitar la transmisión del virus, no solo dependemos de recibir la vacuna, sino de que la reciban los de nuestro alrededor en cantidad suficiente como para conseguir la ansiada “inmunidad de rebaño”. Y no olvidemos que, si la cifra inicial que se barajaba para lograr esta inmunidad era del 70%, cálculos recientes en China lo estiman ahora en un 80%, mientras que Fauci acaba de situar este porcentaje entre 85-90%.


"Si la cifra inicial que se barajaba para lograr esta inmunidad era del 70%, cálculos recientes en China lo estiman ahora en un 80%, mientras que Fauci acaba de situar este porcentaje entre 85-90%"


Nos encontramos en un abismo epidemiológico, económico y social, del que solo saldremos de una forma mancomunada si conseguimos una vacunación masiva que consiga cortar de forma estable la circulación del virus. Anteponer a toda costa el derecho individual a rechazar la vacuna frente al beneficio colectivo de lograr una inmunidad para todos, puede tener una base legal, pero atenta contra la lógica sanitaria de la lucha contra la pandemia. No digamos ya si contemplamos el problema desde una perspectiva global, con una mayoría de países sin acceso a la vacuna o en proporciones ínfimas.

Disponer de una herramienta legal que nos permita obviar una posible negativa en determinados sectores, no solo es algo positivo, sino que debería exigirse a nuestros responsables políticos porque lo que nos estamos jugando en términos de muertes y devastación es demasiado. Frente a la atonía e inactividad estatal, bienvenidas sean las iniciativas autonómicas tendentes a dar pasos hacia delante en la lucha contra el virus. Y si finalmente no es necesario aplicarlas, pues mucho mejor.