22 nov 2018 | Actualizado: 11:35
Por José Mª Pino, presidente de Sanitaria 2000
Mié 02 julio. 19.54H
Pasan los días y no se vislumbra una solución posible al callejón sin salida en el que el Ministerio de Sanidad se ha metido a cuenta de la vacuna de la varicela, no resolviendo una situación a todas luces injusta, que genera inequidad en el Sistema Nacional de Salud y alarma social entre los padres.

Privar a las oficinas de farmacia de una vacuna eficaz y segura es una medida tan insensata como peligrosa, que no parece ser digna de una administración como la sanitaria. E impedir que los padres tengan acceso a las medidas preventivas que, una vez demostrada su seguridad y eficacia, ellos consideren pertinentes para sus hijos es una decisión aún más alevosa, cuyas consecuencias son muy difíciles de precisar, pero en todo caso muy negativas para un sistema que se autodenomina universal.

Los argumentos oficiales, por más que se repitan, no dejan de parecer peregrinos y claramente insuficientes: el desplazamiento de la varicela a la vida adulta, el curso benigno de la enfermedad en los más pequeños, los ejemplos de los países donde no se vacuna... Enfrente, los argumentos profesionales, comenzando por los pediatras, convencidos de la valía de una vacuna que, allí donde se ha incorporado, ha logrado unos excelentes resultados en términos de ausencia de enfermedad.
Por no poder explicar, el Ministerio no ha sido capaz de dar una respuesta al hecho de que en una comunidad (Navarra) y en dos ciudades autonómas (Ceuta y Melilla) se haya podido, hasta hace bien poco, adquirir la vacuna mientras que en el resto de España no era posible.

Me sumo por tanto a las voces que, desde diferentes ámbitos profesionales y sociales, piden al Ministerio que reconsidere su posición política sobre la vacuna de la varicela, si es que al actual despropósito se le puede denominar de esta manera. El Gobierno debe escuchar a los pediatras y, sobre todo, a esos padres angustiados que, queriendo y pudiendo dar las mejores herramientas para preservar la salud de sus hijos, no pueden hacerlo debido a una administración caprichosa e insensata.

Es posible que algún día conozcamos las verdaderas motivaciones de esta medida administrativa, cuyos autores intelectuales parecen estar bien localizados y que está causando perplejidad en el propio Ministerio y en la mayoría de comunidades autónomas, sensibles a la creciente preocupación social y profesional. Pero, mientras se sustancia todo este episodio, solo podemos insistir en reclamar un giro radical por parte del Ministerio y esperar que ningún padre tenga que lamentar la fatal complicación en su hijo de una enfermedad que, con la conveniente vacunación, podría estar fuera de los muchos riesgos de salud que existen en la edad pediátrica.