La cortina de humo del Estatuto Marco: el ruido institucional oculta la crisis estructural de la pública

Como es habitual, abro este artículo con una frase, en esta ocasión con la idea de responsabilizar de un problema a quien a mi juicio lo merece. Quien lo quiera entender que lo entienda. “Hay una cortina de humo detrás de cada programa de gobierno”, Milton Friedman.

La sanidad pública española atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Mientras el debate público se concentra en la confrontación entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos por la reforma del Estatuto Marco —una norma que lleva más de veinte años sin actualizarse—, los verdaderos problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS) permanecen en un segundo plano, cuando no deliberadamente ocultados.

Este artículo sostiene que la agudización del conflicto en torno al Estatuto Marco está siendo utilizada, consciente o inconscientemente, como una distracción que desvía la atención ciudadana y política de las deficiencias crónicas que aquejan al sistema sanitario: la infrafinanciación endémica, el deterioro de la atención primaria, la creciente privatización y la falta de planificación de recursos humanos.

En un país donde nueve de cada diez ciudadanos reclaman reformas urgentes para mejorar la accesibilidad y la calidad asistencial, el ruido institucional amenaza con postergar sine die las transformaciones que realmente necesita la sanidad.

El nuevo Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha acordado con los sindicatos mayoritarios —CSIF, Satse, CCOO, UGT y CIG-Saúde— incorpora indudables avances en materia laboral, insuficientes para los médicos y demás facultativos: la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, la limitación de la jornada máxima semanal a 45 horas, la obligatoriedad de convocar Oferta Pública de Empleo (OPE) cada dos años y un nuevo sistema de movilidad profesional. El Gobierno presenta estas medidas como "históricas" y fruto de un "proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones".

Sin embargo, el ruido generado por este conflicto —con huelgas médicas, acusaciones cruzadas de elitismo y descalificaciones mutuas entre el Ministerio y los colegios profesionales— está desviando la atención de lo realmente importante. Mientras los titulares se centran en si los médicos merecen o no un estatuto propio, los problemas estructurales que afectan al conjunto de la ciudadanía siguen agravándose sin que se adopten medidas de calado.

Como denuncia la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el verdadero detonante de esta reforma no es una repentina preocupación por las condiciones laborales, sino el compromiso adquirido con Europa de reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8 por ciento para seguir recibiendo los fondos NextGeneration. La prisa del Ministerio responde más a una exigencia externa que a una voluntad real de transformar el sistema.

Mientras el foco mediático permanece fijo en la confrontación por el Estatuto Marco, los indicadores de salud del sistema dibujan un panorama desolador que rara vez ocupa los titulares.

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"La crisis del Estatuto Marco no es irrelevante: actualizar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios después de dos décadas es necesario. Pero convertir esta negociación en el epicentro del debate sanitario español, permitiendo que opaque los problemas estructurales del sistema, constituye una irresponsabilidad colectiva"

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En primer lugar, la financiación sanitaria en España es manifiestamente insuficiente. El gasto sanitario público representa el 7,2 por ciento del PIB, muy por debajo del promedio europeo del 8,9 por ciento, y el gasto per cápita anual es de 2.036 euros frente a los 3.470 euros de media en la UE. Esta infrafinanciación crónica tiene consecuencias directas: camas hospitalarias por debajo de la media europea (3 por cada 1.000 habitantes frente a 4,5 en la UE), listas de espera que afectan a 4,5 millones de personas y un gasto de bolsillo que alcanza el 21% del total, superior al 18 por ciento de la OCDE, generando desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

La Atención Primaria, pilar fundamental de cualquier sistema sanitario eficiente, sufre un deterioro progresivo que rara vez ocupa portadas. Su presupuesto nunca ha superado el 15 por ciento del gasto sanitario público, muy lejos del 25 por ciento recomendado por los expertos. Las consecuencias son dramáticas: el 85,6 por ciento de las personas que solicitan cita en Atención Primaria esperan más de 48 horas, con un promedio de 8,8 días, y el 21,45 por ciento no puede consultar por un problema de salud importante. En la Comunidad de Madrid, más de 760.000 personas carecen de seguimiento médico adecuado, y en el conjunto del país, 1,9 millones de niños no tienen pediatra asignado. Cuando la Atención Primaria falla, las enfermedades se detectan tarde, los síntomas se agravan y la presión sobre las urgencias hospitalarias se dispara, encareciendo el sistema y empeorando los resultados en salud.

La privatización silenciosa avanza sin el debate público que merece. El modelo de colaboración público-privada se ha expandido bajo diferentes fórmulas —concesiones, PFI, conciertos— con resultados cuestionables: incremento de costes, menor número de camas, personal más precarizado y un control escaso o inexistente. El propio Ministerio de Sanidad ha reconocido en un informe reciente la creciente dependencia del SNS de centros de gestión privada, pero paradójicamente la respuesta planteada no es reforzar lo público, sino aumentar las auditorías y exigencias a los centros concertados. Como denuncia CESM, "se reconoce que el sistema público se debilita, se admite que aumenta la dependencia de la privada, pero no se afronta la causa principal".

La fuga de profesionales constituye otro de los problemas silenciados. El 54,9 por ciento de los médicos de familia y el 42,6 por ciento de los pediatras superan los 50 años; en la próxima década, cerca de la mitad de estos profesionales se jubilará sin que exista un plan de relevo generacional. Las condiciones laborales insostenibles —agendas masificadas, consultas de cinco minutos, burocracia excesiva, inseguridad jurídica— están expulsando a los facultativos hacia el sector privado o al extranjero. Paradójicamente, mientras se discute si los médicos merecen un estatuto propio, el sistema público pierde talento cada día.

El conflicto del Estatuto Marco no solo distrae la atención, sino que consume energías políticas y sociales que deberían destinarse a abordar los problemas reales. Mientras sindicatos y Ministerio se enredan en disputas sobre competencias autonómicas, clasificaciones profesionales y coeficientes reductores, la ciudadanía reclama con urgencia medidas que afectan directamente a su salud: reducir las listas de espera, ampliar los horarios de consultas y pruebas diagnósticas, garantizar la equidad territorial en el acceso, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y publicar con transparencia los resultados sanitarios de centros y profesionales.

El peligro de esta cortina de humo es doble. Por un lado, genera una fatiga social que acaba normalizando el deterioro del sistema: cuando la ciudadanía se acostumbra a esperar meses para una operación o semanas para ver al médico de familia, la exigencia de reformas profundas se diluye. Por otro lado, legitima una visión fragmentada de la sanidad, donde cada colectivo lucha por sus intereses particulares en lugar de construir un proyecto común. Como señala con acierto un médico de familia en una réplica al discurso oficial, "la fragmentación solo beneficia a quienes gestionan desde la distancia y la inercia".

La oportunidad perdida es especialmente grave porque existen diagnósticos compartidos sobre lo que necesita el sistema. Se lleva años alertando sobre la necesidad de una financiación suficiente y finalista, una coordinación real entre comunidades autónomas, una planificación de recursos humanos a largo plazo y una reversión de las políticas privatizadoras. La ciudadanía, por su parte, reclama de forma abrumadora (nueve de cada diez encuestados) reformas que mejoren la accesibilidad, la calidad y la transparencia del sistema. Sin embargo, el debate político sigue anclado en disputas competenciales y confrontaciones estériles.

La crisis del Estatuto Marco no es irrelevante: actualizar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios después de dos décadas es necesario. Pero convertir esta negociación en el epicentro del debate sanitario español, permitiendo que opaque los problemas estructurales del sistema, constituye una irresponsabilidad colectiva.

La sanidad pública española necesita una reforma integral, no parches ni cortinas de humo. Necesita financiación suficiente y garantizada, una Atención Primaria fuerte y accesible, una planificación rigurosa de los recursos humanos, mecanismos eficaces para garantizar la equidad territorial y un debate público honesto sobre el modelo sanitario que queremos. Como advierte un experto, "hay que ser valientes y reconocer que lo que tenemos ya no vale, que la sociedad, los pacientes y los profesionales demandan otra cosa. Poner parches a los defectos del sistema no es solución".

Mientras el ruido del Estatuto Marco acapare la atención, los problemas reales seguirán agravándose en silencio. Y cuando el polvo se asiente, descubriremos que hemos perdido un tiempo precioso que no podremos recuperar. La salud de la ciudadanía merece algo más que disputas gremiales y cálculos electoralistas: merece un debate serio, profundo y sin distracciones sobre el futuro de nuestro sistema sanitario.