17 nov 2018 | Actualizado: 13:45
Mié 24 septiembre. 22.07H
El anteproyecto de Ley orgánica de Protección de la Vida del Concebido y Derechos de la Mujer Embarazada es ya historia y, su ideólogo y principal defensor, Alberto Ruiz-Gallardón, también. La política tiene estas cosas que, a veces, parecen repentinas o fuera del cauce natural de los acontecimientos pero que, en el fondo, responden a la utilidad y la operatividad que deben presidir la vida pública, circunstancia en la que el presidente Rajoy está demostrando no poco tino.

Porque, si algo había trascendido del proyecto de ley, más allá de alguno de sus controvertidos artículos, era el fuerte rechazo generado en algunos sectores, no solamente sociales y políticos –algo que, en la situación de mayoría absoluta del PP, puede parecer hasta normal- sino también en los profesionales, lo cual es más preocupante. La inconsistencia y la precipitación en la elaboración de la norma lastraron el debate desde el principio y situaron a los médicos, prácticamente desde el principio, en una posición ciertamente incómoda.

El alivio del profesional al comprobar la retirada de la ley se percibe desde la misma declaración institucional del presidente de la OMC, Rodríguez Sendín, que ha calificado de sensata la decisión del Gobierno. Porque la lógica impone evitar el choque de posiciones muy enfrentadas y difícilmente conciliables, que era precisamente lo que estaba poniendo sobre la mesa un debate enconado que, antes del anuncio de la tramitación, sencillamente no existía.

Su contenido excesivamente medicalizado, con muy poco espacio para la formación y la prevención, habían despertado las críticas de amplias capas profesionales, lo cual no sugería ningún cambio en la posición tradicional e inamovible del médico: el rechazo del aborto por principio y la defensa a ultranza de la vida. Además, se daba la circunstancia, lamentablemente repetida en otras muchas ocasiones, de que el Ejecutivo no había consultado a las organizaciones profesionales directamente implicadas –no solamente la OMC sino tampoco a la propia SEGO- con la antelación y la atención necesarias.

Con la retirada de la ley, desaparece el terrible trance que se le había intentado adjudicar al médico de tener la última palabra sobre la interrupción voluntaria, obviando los otros ámbitos no menos importantes: el social, el económico y, sobre todo, el personal, es decir, la opinión de la madre. Porque, se pongan como se pongan las leyes, los abortos van a seguir existiendo y en ningún caso van a ser completamente erradicados.

Una última reflexión a vuela pluma: la retirada de la ley del aborto parece haber significado el final de la vida política de un político con mayúsculas y notable recorrido como Ruiz-Gallardón. Del mismo modo, es posible concluir que la ministra Ana Mato, al no haber sido directamente inmiscuida en este trámite, que respondía a un compromiso electoral del PP, ha salvado un frente que le hubiera supuesto un desgaste personal y político como poco igual que al ya ex ministro de Justicia y quién sabe si, como a este, le hubiera significado el último acto de su trayectoria política. No ha sido así, y como en otras cuantas ocasiones, Mato salvaguarda su crédito y proseguirá en la responsabilidad encomendada por Rajoy, muy probablemente ya hasta que concluya la actual legislatura.