14 nov 2018 | Actualizado: 16:30
Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes)
Jue 26 noviembre. 19.51H
Han sido cuatro años intensos, duros, conflictivos. Se partía de una situación delicada desde el punto de vista económico, previo cambio, en esto sí, de preceptos constitucionales en lo referente al control del déficit, en el contexto de nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE). Importante.

Se habla de un descenso del 10.000 millones de euros respecto a ejercicios anteriores en lo que va de legislatura. Este contexto económico ha condicionado y va  a condicionar no pocos aspectos en lo referente al Sistema Sanitario, en sintonía con lo que ha venido ocurriendo con otros sectores, especialmente en educación. El Gobierno ha sido relativamente coherente en este sentido. Pero ha habido excepciones. En Sanidad, la más llamativa es la publicación en Agosto de 2014  del RD 639/2014, de Troncalidad. Es éste un RD de gasto que, en el contexto del  más que discutido Sistema de Financiación, deben asumir las comunidades autónomas, y que va condicionar mucho gasto en el futuro (Seimc demostró que, al menos, 2.000 millones en los próximos cuatro años), partiendo de varias situaciones de principio comprobables:

Primero: el Sistema MIR  es admirado y reconocido tanto dentro como fuera de España, como así recalca el propio Consejo de Estado en sus dictámenes, publicados y disponibles para consulta. Es decir, es algo que funciona bien.

Segundo: este RD está basado en un único documento, realizado hace 10 años, emanado del Grupo de Trabajo de Troncalidad, puesto en marcha desde la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, sin bibliografía, y que basa el mapa de especialidades en la Directiva Europea 93/16/CE, derogada desde el año 2005, tras un amplio consenso de años en la UE, por la Directiva 36/2005/CE (traspuesta a la legislación española mediante el RD 1837/2008), sobre cualificaciones profesionales y, en lo referente a las especialidades médicas, aquellas reconocidas sometidas a reconocimiento automático, entre ellas la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE).

Tercero: los responsables de este RD “olvidaron” que una cosa es el esfuerzo por encontrar medidas de armonización cuando se parte de una multiplicidad de situaciones administrativas y soluciones normativas (principio de armonización incorporado en la Directiva 93/16/CE) y otra cosa muy distinta el interés y la "exigencia" de coordinar hacia un contenido y finalidad común cualquier reforma normativa de especialidades médicas (principio de reconocimiento automático consagrado por el artículo 21 de la Directiva 2005/36/CE y por la Directiva 2013/55/CE, para las especialidades y la duración contempladas en el Anexo V, punto 5.1.3). Regular hoy en esta materia exige tener presente la progresiva implantación y desarrollo en el contexto europeo (mayoritario en cuanto al reconocimiento de la especialidad de urgencias y emergencias, por ejemplo). Ya hay jurisprudencia en el Tribunal Supremo a este respecto. Desde el punto de vista jurídico y administrativo, es desconcertante.

Cuarto: una plaza pública (la mayoría) de alumno de Medicina está subvencionada en un 65 por ciento con los presupuestos públicos. Salen unos 7.000 alumnos al año, tras 6 años de carrera, ahora Máster. Este RD directamente confirma, al aumentar en dos años la formación médica general, a costa de la formación específica de muchas especialidades, que la inversión que hacen los españoles al pagar impuestos para financiar las plazas de la carrera de medicina en nuestro país, es poco rentable. Es llamativa la indolencia de quienes tienen la responsabilidad en este aspecto, o por omisión al aceptarlo tal como viene si no es cierto, o por no haber tomado las medidas necesarias para que no ocurra si es así. Como profesor asociado, yo también me siento culpable.
 
Quinto: al retrotraernos al año 1993 y salir hacia el limbo jurídico, abandonando el amplio consenso que hay desde 2005 en la UE, y como también sugiere en su dictamen el Consejo de Estado, cerca de 20 especialidades no van  a cumplir con el periodo de formación específica correspondiente a su especialidad, sin tener en cuenta las probables modificaciones (normalmente aumento del periodo) que en no mucho tiempo se publicarán en los respectivos anexos de la Directiva que irán saliendo. Eso implica que no se reconocerán estas titulaciones fuera de España. Más incertidumbre. La única salida a esto es aumentar los períodos de residencia para adaptarse en lo contenido en nuestro propio ordenamiento jurídico. 50.000 euros más por plaza. Paradójico.

Sexto: Otro aspecto del RD es el desarrollo de las llamadas áreas de capacitación específica. Lo más llamativo de un expediente de 3.000 páginas es que no haya ni un solo documento que explique de donde sale este concepto, que vino precedido del cambio contenido en el RD Ley 16/2012 en lo referente al desarrollo de estos artículos que lo desarrollan contenidos en la LOPS, recurridos al Tribunal Constitucional por el Gobierno Canario, ya que su modificación no constituía motivo de urgente necesidad.
 
Séptimo: Hemos sido incapaces hasta la fecha de escuchar o leer a alguien que sepa explicar la diferencia que existe entre este concepto y un diploma de acreditación avanzado. Opción esta última que eximiría de la necesidad de habilitar el correspondiente presupuesto de las comunidades autónomas necesario para acreditar nuevas plazas de residencia, al menos 100000 euros más por cada una. Más madera.
 
Octavo: Parece poco coherente, más aún en el contexto socioeconómico en el que vivimos, imputar a cargo de los Presupuestos de las comunidades autónomas, períodos complementarios de formación, fuera en este caso de la formación de médico y de la formación especializada, que entran en el puro desarrollo profesional y/o formación continuada, máxime no siendo una exigencia de la presente y futura armonización de la formación y titulaciones recogidas en el ordenamiento jurídico europeo y que ha asumido y recoge el propio ordenamiento jurídico español. Es algo que no ocurre con ninguna otra profesión, regulada o no. De hecho hay profesiones que se verían muy beneficiadas y es una reclamación de años, de un sistema de formación similar al MIR (ejemplo: los maestros).
 
Noveno: Además, de forma poco meditada se abre la puerta a algo que contradice la intención de la norma y recogido en la memoria de impacto normativo.  Se apuesta por la superespecialización en detrimento del generalismo. La propuesta de ACE en MUE es un buen ejemplo, que raya el sinsentido, al invertir la pirámide lógica de formación: convierten en superespecialidad lo que es una simple especialidad generalista, tal y como se refleja en documentos oficiales de grupos de trabajo a instancias de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, que se ocultaron deliberadamente a todas las entidades en el período de consultas.
 
Décimo: Doce de 14 comunidades autónomas consultadas presentaron alegaciones acerca del contenido económico del RD. Las más exhaustivas las realizaron desde Cataluña, y especialmente desde la Comunidad Valenciana. Castilla y León hacen una extensa argumentación técnica que pone en cuestión la viabilidad de la aplicación de la norma, en consonancia con lo dicho también en grupos de trabajo y en los dictámenes del Consejo de Estado.
 
Por último, en los dos Planes de Reforma que comunica el Reino de España a la Comisión Europea en los ejercicios 2014 y 2015, de puro contenido económico, se justifica un ahorro en cada uno de 500 millones de euros en lo concerniente al capítulo de la aplicación de este RD, junto con el de registro profesional y otros varios. En ningún caso ha sido así. De lo que se deduce una vulneración clamorosa del Principio de Lealtad Institucional tanto en este caso como en lo referente a las obligaciones a las que exponen a las comunidades autónomas en los próximos años. Esto es poco responsable.
 
Semes tiene recurrido este RD al Tribunal Supremo, junto  con otras cinco entidades más. En estos días estamos enviando una carta explicando argumentos como estos a las entidades representativas de la Sociedad Civil con las implicaciones que supone, entre ellas las Consejerías de Hacienda de todas las comunidades autónomas. Hace poco tuvimos la oportunidad de entregársela en persona a la Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana. También hemos informado en persona a los responsables de Sanidad de Andalucía y Castilla La Mancha. Nos parece un ejercicio legítimo y necesario de transparencia.
 
A partir de ahí, deberán justificar desembolsos, inducidos e inútiles, en detrimento  de otras partidas. Seguimos.