Sobre las plazas de Medicina no adjudicadas en la convocatoria MIR (y la crisis de AP)

El resumen vendría a ser el siguiente:

De las 8.188 plazas convocadas para el examen MIR de este año 2022, han quedado vacantes 217 de las mismas, lo que supone un 2,66% del total de las ofertadas. Son en su mayoría plazas de Medicina Familiar y Comunitaria (200).

Al parecer, esta situación ha generado el malestar de las comunidades autónomas más afectadas y con un mayor número de plazas sin adjudicar, como Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Aquejados de una tramposa predictibilidad retrospectiva, (‘ya lo veníamos diciendo’, ‘ya lo habíamos avisado’, …etc.) algunos colectivos profesionales se han apresurado a atribuir este resultado al procedimiento de adjudicación de plazas, al que desde hace dos años vienen calificando de “elección en diferido”, reclamando una extemporánea y anacrónica elección presencial y “en tiempo real”.

¿Cómo es posible que, en plena época de pandemia, de prevalencia de enfermedades crónicas y de enfermedades emergentes, que un 8,56% de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria ofertadas (200 de un total de 2.336), no se cubran por los aspirantes que han aprobado el examen MIR? O que más de un 7% de las escasas plazas ofertadas de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública (8 de un total de 110), queden vacantes. Resulta insólito incluso que 2 plazas de Microbiología y Parasitología (sobre las 41 ofertadas) tampoco se hayan cubierto, mientras se sigue reclamando la creación de otra especialidad de Enfermedades infecciosas (!) en el país occidental con mayor número de especialidades médicas.

Sin embargo, es muy posible que las razones de todo ello sean más profundas. Como recordaban recientemente en un post Beatriz González López-Valcárcel y Patricia Barber, el problema no es otro que la falta de ajuste y alineamiento entre expectativas sociales y preferencias personales, y en cómo hacer individualmente atractivo lo que es socialmente necesario. Ni siquiera la oferta de importantes incentivos económicos para la cobertura de estas plazas en Cataluña, ha logrado resolver el problema, lo que viene a demostrar una vez más aquella máxima de que no existen soluciones fáciles para problemas complejos…

La crisis de Atención Primaria no es nueva

La crisis de la Medicina Familiar y Comunitaria (y de la Atención Primaria) no es nueva, y no solo en España. Lo cierto es que en los últimos 20 años se han realizado numerosos diagnósticos, pero se han desarrollado o puesto en marcha pocas soluciones efectivas. La última propuesta conocida es el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, elaborado y consensuado por el Ministerio de Sanidad y las CCAA, a partir del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, de abril de 2019, algunas de cuyas actuaciones previstas sufrieron demoras en su desarrollo y su ejecución debido a la emergencia de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

Desde distintos ámbitos se proponen ahora soluciones de urgencia para poder recuperar las plazas no adjudicadas en la convocatoria MIR de este año…

Pero tampoco está de más recordar a algunas CCAA que ahora echan en falta esas plazas de Medicina de Familia, lo ocurrido en años anteriores con respecto a las plazas ofertadas. (Como se sabe, la oferta de plazas para formación de especialistas en cada convocatoria corresponde a las CCAA, en función y a partir de las plazas acreditadas en sus distintas unidades docentes y dispositivos asistenciales).

Así, entre 2012 y 2018 (6 convocatorias MIR) y solo en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, Castilla y León dejó de ofertar hasta 351 plazas sobre las que realmente tenía acreditadas con capacidad docente. En el mismo periodo, y para esta misma especialidad, en Cataluña tampoco se ofertaron 299 plazas. En conjunto solo en estas dos CCAA hubieran supuesto un total de 650 nuevos, adicionales e hipotéticos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que podrían haber acabado la especialidad y estar ya formados en estas mismas fechas de 2022.

En relación con el examen MIR, a finales de julio de 2020, ya en plena pandemia, en la Dirección General de Ordenación Profesional (DGOP) del Ministerio de Sanidad se redactó el borrador de una Orden Ministerial por la que se establecen las normas reguladoras de la prueba selectiva para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (-IR). Se trataba de actualizar la normativa -todavía hoy en vigor- (una Orden de 27 de junio de 1989) que determinase además el sistema de adjudicación de todas las plazas ofertadas en cada convocatoria anual.

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"Aquejados de una tramposa predictibilidad retrospectiva, (‘ya lo veníamos diciendo’, ‘ya lo habíamos avisado’, …etc.) algunos colectivos profesionales se han apresurado a atribuir este resultado al procedimiento de adjudicación de plazas"

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El preámbulo de la Orden -que nunca llegó a ver la luz y es de suponer que duerme en un cajón de la Secretaría de Estado de Sanidad o de la misma DGOP- explicaba:

«Procede, por tanto, llevar a cabo el desarrollo que el artículo 22 la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, atribuye al Ministerio de Sanidad, con el fin de que mediante la presente Orden Ministerial se establezcan las normas básicas que regulen el acceso a la formación sanitaria especializada y se determine el sistema de adjudicación de todas las plazas ofertadas en la convocatoria anual.
(…)
Se ha incluido la posibilidad de adjudicar las plazas que pudieran quedar vacantes en cada convocatoria por renuncia expresa o tácita de las personas adjudicatarias, de tal forma que se incorporen para realizar su formación el número de residentes considerado necesario, en la aprobación de la oferta, para cubrir necesidades de especialistas.»

En este sentido, con respecto a la adjudicación de plazas y para evitar que quedasen vacantes, el artículo 2 de aquel proyecto señalaba expresamente:

“2.4. La adjudicación de plazas se efectuará atendiendo a la solicitud que formulen las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima, por riguroso orden de mayor a menor puntuación total individual reconocida en la relación definitiva de resultados.”

“2.5. Una vez finalizado el plazo para la toma de posesión, si quedasen plazas vacantes por renuncia expresa o tácita de las personas adjudicatarias, las plazas vacantes podrán ser solicitadas por las personas que, habiendo alcanzado la puntuación mínima, no resultaron adjudicatarias de plaza, por riguroso orden de mayor a menor puntuación total individual reconocida en la relación definitiva de resultados.”

El borrador, informado por la Abogacía del Estado, con carácter previo a la solicitud de informe al Ministerio de Universidades y a la Comisión de Recursos Humanos del SNS, fue enviado a las distintas CCAA, para valoración y remisión de posibles aportaciones, en su caso.

Y precisamente sobre la adjudicación de plazas, desde Castilla y León se realizaron entonces algunas observaciones en las que manifestaban su preocupación ante la posibilidad de que pudieran quedar plazas vacantes, señalando la necesidad de que se regulase esta cuestión en las sucesivas órdenes de convocatoria (lo que obviamente no se ha hecho).

En fin, como se ve, los males vienen de lejos, tal vez a partir de una posible Orden Ministerial que ya podría haber sido aprobada y estar vigente. Lo que confirma, como ya indicara Daniel Defoe en su “Diario del año de la peste”, que todo mal engendra otros males:

«…no faltaban hombres de buena voluntad, de todas las confesiones e ideas, cuyas palabras estaban llenas de terror, y que no hablaban más que de catástrofes: y después de haber congregado a la gente horrorizada, la despedían con lágrimas en los ojos, sin anunciar más que acontecimientos funestos, aterrorizando a la gente con temores de ser aniquilados, sin guiarles, o por lo menos sin guiarles suficientemente para que implorasen misericordia del cielo.»

«Las palabras son nuestras gafas. Equivocar la palabra es equivocar la cosa», señalaba el politólogo italiano Giovanni Sartori. La excelencia del sistema -IR de formación sanitaria especializada o la crisis de la Medicina de Familia y de la Atención Primaria no se basan en el examen ni en el procedimiento de asignación de plazas. Atribuir todo el problema a la elección presencial no deja de ser una simpleza.