Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Jueves a las 19:00
Martes, 11 de noviembre de 2014, a las 19:08
La deuda de las administraciones autonómicas con el sector sanitario superaba en el arranque de esta legislatura los 16.000 millones de euros, de los que 5.230 eran con la industria de tecnología sanitaria. Hoy, tres años después, al sector de tecnología sanitaria se le deben más de 1.300 millones. A esto se suma, además, unos plazos de pago que no se ajustan a lo que marca la legislación (30 días): según datos de Fenin a cierre de septiembre, el plazo medio de pago era de 191 días. Pero podía ser peor, ya que a cierre de 2011 este plazo medio se acercaba a los 500 días.

Este es el escenario que viven las empresas del sector, que si bien han visto cómo mejoraba sustancialmente la situación en estos tres años, todavía echan en falta medidas que resuelvan un problema enquistado en la administración española, especialmente la autonómica, que en muchas ocasiones sucumbe a la tentación de financiarse a costa de sus proveedores, generando deuda que se paga tarde y mal, aunque por fortuna parece que el nunca ha salido de esa ecuación.

En esta tesitura, la presencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el XX Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria de Fenin es, más que un gesto, una forma de decir “aquí estamos, no os vamos a dejar en la cuneta”. El anuncio de un nuevo mecanismo de pago de la deuda de las administraciones autonómicas que permitirá a estas financiarse en las mismas condiciones que el Tesoro Público, es decir, sin coste, y en la que entrará cualquier región que genere deuda con sus proveedores ha sido muy bien recibido por los presentes en este encuentro.

Lo cierto es que esta es la última de las iniciativas, varias, adoptadas durante esta legislatura y aplaudidas por la industria sanitaria. Las diferentes ediciones del plan de pago a proveedores y del fondo de liquidez autonómica, la ley de factura electrónica o la ley de morosidad han sentando las bases para que la situación se solvente, pero no es suficiente, y no lo es porque la realidad señala que la morosidad pública no es un problema puntual, sino una tradición, una forma de hacer enquistada en nuestras administraciones, que durante años la han explotado hasta que la crisis económica puso al borde de la quiebra el sistema.

Pero la deuda no es el único reto al que se enfrenta la industria. La introducción de nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud también vive un mal momento. La falta de inversión en nuevos equipos ha generado un problema de obsolescencia en el parque tecnológico de los hospitales que preocupa, no solo a la industria, sino también a los profesionales. El resultado es que esta falta de renovación deriva en problemas de eficiencia y de gestión de flujos de trabajo, pero también tiene consecuencias para el paciente en forma de retrasos en el diagnóstico, por ejemplo. Para esto se ha puesto en marcha una iniciativa de renovación tecnológica, pero el ritmo es lento y sería necesario un impulso decidido para que no quede durmiendo el sueño de los justos.

Las medidas adoptadas hasta ahora son positivas, sí. Eran necesarias, también. Son mejorables, seguro. Pero llegados a este punto se antoja indispensable ir más allá, armarse de valor para imponer reglas que probablemente no serán bien entendidas por algunos gobiernos regionales, que quizá vean sus cuentas más controladas aún por el Estado, pero que sin duda son fundamentales para sellar este abismo y construir un futuro distinto, en el que las empresas no sean las financiadoras de las comunidades autónomas y en el que la viabilidad de un sector indispensable para nuestro SNS no se vea comprometida.