Durante los meses de mayo y junio desfilaron por la sede del Congreso de los Diputados, unas 600 personas convocadas a participar en la llamada “Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción”. Las discusiones se agruparon en distintos apartados, uno de los cuales fue el sanitario, obviamente fundamental en esta pandemia y severamente dañado ya entonces por la primera oleada.

Fui uno de los convocados para aportar ideas, y la verdad es que dediqué bastante tiempo a ordenar ideas y recabar información sobre la situación actual del sistema nacional de salud, las repercusiones que los años de recortes habían tenido sobre el mismo, y sobre todo, cuales en mi opinión y en la de otros expertos, serían las medidas necesarias a corto, medio y largo plazo para conseguir mejoras reales y sólidas del sistema. Y lo que es tan o más importante, hice un intento de cuantificar el coste de dichas medidas.

Una parte de estas propuestas han sido desarrolladas en estas páginas. Tuve ocasión de asistir en streaming a través del canal del Congreso a varias de las intervenciones y puedo decir que fueron de alto nivel. Aportaban ideas y sobre todo se basaban en una gran experiencia de los comparecientes. Se hicieron propuestas, algunas bastante concretas, tanto dirigidas al control de la pandemia actual como de la reconstrucción propiamente dicha del sistema.

Un buen día, los grupos del gobierno emitieron un documento de conclusiones en el que se enumeraban sin mayor concreción una enorme

"Se trataba de una de esas largas listas de buenos propósitos que abundan en ministerios y consejerías, que no concretan ninguna medida y que habitualmente tienen la mala costumbre de quedar en nada"


cantidad de propuestas genéricas del tipo de “reforzar…” “potenciar…” con las que difícilmente se podía estar en desacuerdo. Se trataba de uno de esas largas listas de buenos propósitos que abundan en ministerios y consejerías, que no concretan ninguna medida y que habitualmente tienen la mala costumbre de quedar en nada. Por una vez había entonces una voluntad de pactar medidas entre gobierno y oposición y por parte de ésta se añadieron algunas medidas más, alcanzando un consenso que no fue total porque determinadas propuestas como la de crear un “Centro Estatal de Salud Pública y Calidad” fueron consideradas tabús para todos los grupos nacionalistas.

Aparte este centro estatal o agencia nacional de salud pública, cuya existencia tanto se ha invocado y echado en falta durante la pandemia, se señala la necesidad de “reformas estructurales, además de dotarlo con los recursos necesarios” que deberían articular las medidas recogidas en el documento. Se menciona igualmente un “pacto social en pro de la sanidad pública” que refuerce la “apuesta decidida” por la misma, así como la necesidad de “eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral” y “desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales” y “garantizar el acceso a la información clínica de los pacientes en todo el estado.

Como se ve, es difícil no estar de acuerdo con estos planteamientos. El problema es ¿quién, cómo y cuando se van a llevar a cabo? Porque lo cierto es que algunas de las propuestas orientadas a combatir la pandemia, del tipo de reforzar la atención primaria, la salud pública y los rastreadores eran ya urgentes en junio y a la vista está que algunas comunidades las han ignorado olímpicamente con los resultados que estamos padeciendo ahora.

Es evidente que a corto plazo poco o nada se ha hecho, al menos de una forma coordinada en todo el estado y fuera de las iniciativas de algunas comunidades que están combatiendo la pandemia claramente mejor que otras. Pero si hablamos de las reformas estructurales a medio y largo plazo, lo cierto es que no se ha visto la más mínima iniciativa ministerial tendente a articularlas, ni de las comunidades por llevarlas a cabo en el marco de sus competencias.  Y lo que es más significativo, a unas administraciones sanitarias totalmente sobrepasadas por la pandemia, no se les ve ninguna capacidad de articular estas medidas ni a corto ni a medio plazo.

Probablemente el hecho de que los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Reconstrucción se centraran en la Unión Europea y la sanidad, fracasando en economía o en medidas sociales infundió una sensación de fracaso general que en la práctica ha condenado al olvido a la Comisión y sus conclusiones, convirtiéndolas en papel mojado. Recientemente se ha presentado a bombo y platillo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, con Himno a la Alegría incluido, a través del que se canalizarán los fondos europeos que España recibirá en los próximos seis años, claves para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del nuevo coronavirus. Muy significativo que en esta presentación no se hizo que yo sepa la más mínima mención a los resultados de la Comisión de Reconstrucción.

En resumen, aunque todavía es pronto para dar por enterradas todas estas conclusiones, muchas de las cuales solo serían posibles con unos nuevos presupuestos expansivos, los indicios no son nada halagüeños y probablemente nos encontremos ante otra oportunidad perdida para reflotar nuestro sistema nacional de salud.