Redacción Médica
24 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:00
Miércoles, 29 de mayo de 2013, a las 20:54

Por José Martínez Olmos, portavoz de sanidad del PSOE del Congreso de los Diputados

La exclusión del derecho a la atención sanitaria que el Gobierno decidió en el Real Decreto Ley 16/2012 perjudica la salud de todos. Es una medida que atenta contra los planteamientos de la ética y la deontología de los sanitarios. Por una parte, perjudica la salud de quienes pierden ese derecho a la cobertura sanitaria y a la protección de su salud. De esta forma, miles de personas quedan desprotegidas, estén afectadas por enfermedades graves o leves, cáncer, insuficiencia renal, faringitis o gripe.

Por otra parte, cuando estas personas desposeídas del derecho a la cobertura sanitaria enferman de patologías de origen infeccioso, el resto de la comunidad ve perjudicada su salud por la decisión del Gobierno. En estos casos, el Gobierno también ha desposeído de sus derechos a la protección de la salud al resto de la población.

Dicha cuestión se ha puesto de manifiesto en el caso del fallecimiento de Alpha Pam porque todo apunta a que ha fallecido por tuberculosis, tras las barreras de acceso a la atención sanitaria que el RDL 16/2102 introdujo a personas como él, desde septiembre pasado. A eso se suma la veintena de contactos que tras su fallecimiento están siendo tratados con arreglo a los protocolos, que podrían haberse activado desde el inicio de su proceso si no hubiera estado excluido, que proceden de la comunidad.

No tratan a uno (Alpha Pam),  se muere y  tratan a más de 20 contactos. Gran medida de ahorro. Lo advertí hace un año en el debate parlamentario del Real Decreto Ley y precisamente con un ejemplo sobre tuberculosis. Hoy  es patente la  responsabilidad política de la ministra Ana Mato ya que bajo su mandato impulsó este atentado a la salud de todos los que supone el Real Decreto Ley 16/2012.

Lo peor de todo  es que estas situaciones pueden repetirse y eso es algo que no podemos permitir  ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista del ahorro económico. Atender a Alpha Pam habría costado menos de 300 euros. Su muerte y el tratamiento a los contactos tienen un coste incalculable. Esa no es la sanidad que queremos desde el PSOE.