Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30
Lunes, 01 de abril de 2013, a las 19:41

El episodio vivido en torno a la reducción del horario de los 21 puntos de atención continuada (PAC) de Castilla-La Mancha se ha convertido en una nueva enmienda al reparto competencial de la sanidad en España. Al controvertido e inacabado equilibrio entre Administración central y autonomías, se añade ahora esta prueba de lo que una inusual alianza entre ayuntamientos correosos, apoyo ciudadano y jueces receptivos pueden hacer en la sanidad: nada menos que paralizar primero y obligar a derogar después lo que no era sino una medida administrativa, impecable en su origen político, y argumentada y respaldada con principios técnicos y criterios profesionales.

De nada ha servido el trabajo técnico realizado por profesionales de atención primaria y especializada, así como de los de urgencias y emergencias del Sescam. Tampoco han servido las evidencias que mostraban los estudios de frecuentación de las urgencias, ni los trabajos epidemiológicos de las zonas básicas de salud, ni tampoco la alternativa de coordinación de los dispositivos terrestres y aéreos para plasmar la nueva configuración del servicio.

Mucho menos ha servido la opinión política de los responsables del Sescam, con un respetado  Luis Carretero a la cabeza, cuya autoridad en la gestión es reconocida en todo el Sistema Nacional de Salud.

 Y no digamos ya la opinión política y la capacidad de decisión del consejero José Ignacio Echániz. Su autoridad competencial ha sido cuestionada desde el principio y finalmente poco menos que revocada. No han importado mayorías parlamentarias ni respaldos gubernamentales. Echániz no ha podido llevar a cabo una decisión propia, apoyada por el pleno de la Junta de Comunidades, con la presidenta De Cospedal a la cabeza, y posible gracias a la mayoría que el PP mantiene en las Cortes regionales desde junio de 2011.

¿Quién gestiona entonces la sanidad en Castilla-La Mancha?

¿Jesús Fernández, alcalde de Tembleque, localidad de la provincia de Toledo, el primer ayuntamiento que interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejería? ¿Los alcaldes de Pobo de Dueñas y Budía, dos pueblos de Guadalajara que también recurrieron la medida? ¿Alcaldes del PP que criticaron la medida pese a ser concebida por un Gobierno de su mismo color político? ¿Los ciudadanos adscritos a los PAC en cuestión? ¿Las señorías de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha?

No se sabe todavía si alguno de ellos, o todos en conjunto, lo que es seguro es que su posicionamiento ha permitido que los planes de la Consejería respecto a la atención sanitaria de urgencia no se han podido llevar a cabo. Echániz ya se ha apresurado a decir que esto no es una marcha atrás y que su departamento ya tiene en mente un proyecto alternativo porque lo que no quería era eternizar la orden de los PAC en los vericuetos de la Justicia. ¿Quién le asegura al consejero que su nuevo plan no será igualmente recurrido? El alcalde Fernández ya ha dicho, cual consejero en la sombra, que estarán vigilantes para que no se recorten derechos ni prestaciones de los ciudadanos.

Si increíble es el pulso político, sangrante es la desautorización de los técnicos y profesionales. Redacción Médica tuvo el privilegio de vivir en directo la reacción de los gerentes y directivos de salud de Castilla-La Mancha, reunidos por Sanitaria 2000 en Cuenca, al primer auto del Tribunal Superior de Justicia: incredulidad, asombro e indignación en los semblantes de unos gerentes convencidos de la bondad técnica de su planteamiento e impotentes ante la autoridad judicial competente, más autoridad y más expeditiva que nunca.

Convendría que la Consejería no se cansara de hacer pedagogía sobre las consecuencias que en la sanidad castellano-manchega tendrá la derogación de la orden de los PAC. Y que procure explicar a los ciudadanos por qué sigue siendo necesario hacer algo con las urgencias de la región. Porque lo que no es de recibo es que pueda quedar en el ambiente la impresión, cuando no la certeza, de que unos alcaldes y jueces con arrojo y valentía lograron detener las ocurrencias de unos políticos y gestores. Sería un terrible colofón al persistente problema de las competencias sanitarias en España