12 dic 2018 | Actualizado: 15:20

El Parlamento gallego acaba de aprobar solo con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular la Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias, que los socialistas criticamos muy duramente, igual que el resto de la oposición, y que llegamos a calificar como Ley PP, o sea Privatizadora y Peligrosa para el sistema público de salud.

Se trata de una Ley que pretende garantizar una espera de 60 días para las intervenciones quirúrgicas y 45 dias para consultas y pruebas complementarias. Y para ello, primero utiliza los recursos públicos, pero si no es posible prestar la atención requerida en ese plazo, el paciente podrá escoger un centro concertado e incluso un privado. En este ultimo caso, él deberá pagar la atención y luego el Sergas le abonará la prestacion (no sabemos ni cuándo ni cuánto)

Recoge también la Ley el derecho a la libre elección de profesional para medicina, enfermería y pediatría de atención primaria e incluso la libre elección de centro hospitalario donde recibir la atención.

Habla del derecho a una segunda opinión, pero de forma más restrictiva que lo que teníamos hasta ahora. Y alude a las instrucciones previas pero solo para regular el procedimiento administrativo.

Desde luego, lo mas polémico es la espera acortada por Ley pues a cualquier persona con un poco de sentido común esto le genera gran recelo. Como entender que algo tan complicado que llevamos años y años peleando, ahora pueda solucionarse de repente tan solo aprobando una ley.

Y desde luego también genera muchas preguntas. La primera es cómo entender que un Gobierno serio y riguroso traiga un nueva Ley al Parlamento para rebajar la espera sanitaria sin dar a conocer previamente cómo se encuentra esa espera.

En Galicia se publica la lista de espera estructural pero se oculta la no estructural y además se utiliza a diario la disculpa de las agendas cerradas y el buzón de la historia electrónica (nuevo limbo tecnológico) para ocultar pacientes en espera, con lo cual los datos publicados están muy lejos de la realidad.

Otra pregunta que nos hacemos es qué necesidad hay de hacer una ley más ambiciosa de 60 días cuando no se está cumpliendo ni de lejos con los 180 que marcan las leyes actuales. Más bien esperamos 180 meses que 180 dias.

Y cómo se puede plantear un Gobierno algo así precisamente en estas circunstancias económicas e inmersos en este marco de recortes generalizados que tienen las listas de espera completamente disparadas.

Pero las preguntas aumentan al leer la Ley y comprender que esas garantías en el tiempo de atención no se van a aplicar  ni a todos los procesos ni a todas las personas.

Los procesos sujetos a garantías se definirán en un reglamento posterior y las personas a las cuales se les van a aplicar esas garantias por definir se decidirán atendiendo a criterios médicos, por supuesto, pero también a criterios sociales, que no sabemos quien va a decidir. O sea, una Ley de garantías que no sabemos ni qué garantiza ni a quién.

Pero la gran duda surge al comprobar que no lleva aparejado ningun presupuesto para su aplicación. Con lo cual la conclusión es clara: el presupuesto del que hoy se dispone para mantener el sistema público, mañana se repartirá entre el propio sistema publico, la concertada y la privada, dependiendo de dónde sea prestada la atención. Se desplaza al paciente para ser atendido y con él van los recursos económicos .

Es la privatización por Ley. Sanidad pública, privada y concertada colocadas al mismo nivel.

Además, esta Ley consagra la pérdida de la universalidad de la atención sanitaria, ya que solo se va a aplicar a los y a las aseguradas. Y también de la equidad, pues va a generar diferencias entre las personas. Los que dispongan de dinero tendrán garantías, podrán costearse los desplazamientos e incluso adelantar el pago en los centros privados, pero los que no tengan medios no las tendrán. El rico tendrá garantías y el pobre, no.

Además, el que viva en zona urbana podrá escoger centro y también profesional. Pero el que viva en el rural no podrá hacer uso de ese derecho a la libre elección pues en la mayoría de los centros del rural solo queda un profesional y eso con suerte. De pediatría, ni siquiera uno.

Pero también va a generar diferencias entre hospitales: los que estén más solicitados tendrán más recursos (más números, más dinero) y los comarcales irán perdiendo presupuesto y se irán quedando atrás.

En definitiva una Ley PP.
Artículos anteriores
de este autor