10 dic 2018 | Actualizado: 18:30
Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, Satse
Mié 18 julio de 2018. 11.30H
Sanidad, presente y futuro
Entrar en nuevos mercados sin apenas inversión adicional y con un número de clientes asegurado en continuo crecimiento es el sueño de cualquier empresario. Un negocio redondo, sin duda, para toda empresa cuyo principal objetivo es obtener el mayor beneficio económico posible con su actividad.

Un negocio que vieron ya hace algún tiempo los responsables de colegios y sociedades que defienden los intereses de establecimientos comerciales como son las farmacias y que están intentando poner en marcha dedicando una considerable cantidad de recursos para convencer a las administraciones a que les permitan empezar a llenar sus arcas.

El negocio lo han denominado "Farmacia Comunitaria" y básicamente se trata de ofrecer unos determinados servicios asistenciales en la oficina de farmacia o en domicilios particulares previo desembolso de la cantidad económica acordada con el servicio de salud correspondiente o el paciente.

Hablamos de actuaciones como la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, seguimiento de pacientes crónicos, cribado de pacientes en diferentes patologías, revisión de botiquines y del uso de medicamentos, asesoramiento nutricional, educación sanitaria y otras más que estarían encantados de realizar con el consiguiente dinero de por medio.

Ante este intento de hacer negocio con la salud de las personas, las enfermeras y enfermeros nos hemos negado en

"Ante el intento de hacer negocio con la salud de las personas, las enfermeras y enfermeros nos negamos en rotundo"


rotundo y lo hemos hecho por varias razones. La primera y fundamental es porque somos firmes defensores de un sistema sanitario público y de calidad que dé respuesta a todas y cada una de las necesidades de cuidados y atención del ciudadano con las mayores garantías de seguridad.

Es por ello que, en lugar de destinar dinero a manos privadas, queremos que se fortalezca nuestro Sistema Nacional de Salud con los recursos económicos y humanos necesarios. Es por ello también que defendemos que estas actuaciones asistenciales que quieren realizar los propietarios de las farmacias o sus empleados las sigan realizando los profesionales sanitarios que tienen la cualificación y competencias necesarias según establece la ley.

Nos referimos, lógicamente, a las enfermeras, enfermeros y médicos de Atención Primaria que son los competentes en las labores asistenciales de educación sanitaria y promoción de la salud, adherencia terapéutica, seguimiento y cuidados del paciente o cribado sanitario, entre otras.

Son estos profesionales, y no otros, los verdaderos garantes de una atención segura y de calidad. Algo que debería primar en cualquier decisión que adopte toda administración sanitaria pública.

Por ello, no entendemos como alguna de ellas empieza a ver con buenos ojos su implementación y se esté desarrollando incluso algún proyecto piloto al respecto. ¿Privatizar determinados servicios asistenciales públicos que ya realizan profesionales competentes para beneficiar a algunas empresas? Simple y llanamente, no, nunca.

De igual manera, no entenderíamos que desde el Ministerio de Sanidad se impulsase este negocio cuando el actual Gobierno se ha mostrado firme defensor de una asistencia sanitaria pública y universal y ha anunciado su intención de acabar con medidas discriminatorias e ineficaces, como el copago farmacéutico.

Por parte de la organización sindical que represento, en colaboración con el Consejo General  de Enfermería, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no prospere este intento de privatización encubierta de nuestra sanidad que usurpa funciones propias de enfermeras, enfermeros y médicos. La salud no es un negocio, ni ahora ni nunca.