Parece que una vez encauzado el tema catalán –o al menos en punto muerto hasta las elecciones del 21D– y a la espera de la decisión final sobre si el traslado de la EMA se va a Barcelona, lo que hace que ya no se esté en permanente campaña para conseguir este hito, las autoridades del Ministerio pisan el acelerador y aprovechan el momento dulce entre las relaciones de los diferentes partidos mayoritarios para ir promoviendo pasos firmes en el tema sanitario y que si se alcanzan podrían ser muy positivos y determinantes para el futuro de nuestro Sistema de Salud.

Así, por un lado y parecía misión imposible, desde el Ministerio liderado por la ministra y su secretario, Javier Castrodeza, y, por supuesto, con la inteligencia y la generosidad por parte de todos los actores intervinientes, han conseguido que por fin haya un acuerdo para la discutida prescripción enfermera, después de más de diez años de conflictos entre ambas profesiones.

Por otra parte se ha reconvocado el Consejo Interterritorial, que llevaba meses parado y parece que pueden generarse acuerdos en relación con la vinculación de sus resoluciones, lo que sería la decisión más determinante para la evolución de nuestro Sistema de Salud desde la Ley General de Cohesión y Calidad del año 2003. Aunque sólo sea para garantizar el cumplimiento de los principios de equidad e igualdad en el acceso al sistema sanitario y en sus prestaciones entre las diferentes comunidades autónomas a las que obliga nuestro Sistema de Salud.

Además se han puesto encima de la mesa otras iniciativas no menos significativas que afectan sin duda al futuro del Sistema y parece que se atisba la posibilidad de que exista consenso, como por ejemplo: la necesidad de un plan estratégico para paliar las carencias de los profesionales a las que se van a enfrentar los sistemas sanitarios de las diferentes comunidades autónomas como consecuencia de la jubilación de un porcentaje muy significativo de las plantillas, la importancia de implementar un baremo específico de daños asociados a los actos sanitarios para dar seguridad a los pacientes y profesionales y promover la desjudicialización de los conflictos por responsabilidad profesional sanitaria, o incluso la posibilidad de abrir el inevitable debate sobre la financiación sanitaria.

Pude asistir a la presentación del último libro del senador José Martínez Olmos que hizo el expresidente Felipe González. En su disertación sobre la presentación del libro y a colación de la propuesta para tener un sistema sanitario solvente que hacía el senador en relación a la necesidad de llegar al famoso Pacto de Estado por la Sanidad, señalaba, el expresidente, que habían cambiado tanto las condiciones sociales y económicas en estos últimos 40 años que no bastaba con limitar el pacto al sistema sanitario –que por otra parte no estaría mal– sino que habría que replantear un gran Pacto Social que incluyera el debate sobre todos los derechos sociales de la población. Yo estoy de acuerdo, porque en nuestro país de forma mayoritaria y sincera nuestra sociedad quiere dar una cobertura ilimitada a todo el mundo de todos los servicios y nos lamentamos cuando no es posible llegar, por ejemplo, al sector sociosanitario. No hay un país en el mundo que tenga el sistema de protección social que tiene España y eso es porque los españoles queremos que sea así. Por tanto, habría que replantear una gran Pacto de Estado para definir y priorizar realmente las necesidades sociales, no sólo sanitarias, a las que se puede dar cobertura definiendo claramente el alcance de las mismas, dado que es imposible dar todos los servicios sociales a toda la sociedad.

Mientras tanto, esperando ese gran Pacto, aprovechemos el momento político que vivimos, raro por su excepción, consistente en una especie de 'shock postraumático' en el cual se encuentran sumidos los diferentes partidos al ver las desastrosas consecuencias que se han producido fruto de la acción política en Cataluña y en Barcelona –nunca un caso fue tan evidente de que lo que a veces hacen los políticos puede tener repercusiones inmediatas reales en las familias y en la sociedad dado el grado de confrontación al que se ha llegado– para tratar de sacar el más alto número de acuerdos posibles para que por una vez prevalezca el interés sanitario y la lógica y no la demagogia y el interés político.

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