14 nov 2018 | Actualizado: 21:20
Mié 09 julio. 20.17H
A propósito de la reforma estatutaria del Colegio de Médicos de Madrid, desde donde viejas voces hacen tribuna sobre el manido asunto de las incompatibilidades, PSN quiere dejar claro que determinados posicionamientos sobre este tema son interesados e hipócritas. La reiteración en el debate público de esta cuestión nos trae a la memoria el caso de un exconsejero de PSN, condenado por sentencia firme del Tribunal Supremo por deslealtad en la administración de la Mutua con la consecuencia de daños patrimoniales a la Entidad, cuestión por la que se vio obligado a indemnizar económicamente a PSN. Pues bien, el caso de este exconsejero resulta paradigmático para analizar el tema, en la medida en que, a la par que en PSN, ostentaba un cargo relevante en la Organización Médica Colegial (OMC). Cabría preguntarse qué ha hecho en este sentido la OMC contra este tipo de conductas. Nada, y precisamente de esa inacción se deriva que determinados individuos tengan la oportunidad de hacer apología respecto de temas sobre los que no deberían siquiera pronunciarse. Resulta curiosa esta doble vara de medir respecto de otros supuestos. Sería interesante valorar la idoneidad de quienes se postulan a cargos de representación habiendo sido previamente condenados por los tribunales. Se criminaliza de antemano a quienes se planteen compatibilizar puestos y, sin embargo, nada se dice de aquellos a los que previamente se les ha probado mala praxis en el desempeño de labores gestoras. Llama poderosamente la atención que sean precisamente estas personas quienes se arroguen la bandera de la independencia y de la necesaria separación de cargos.

El discurso sobre la incompatibilidad de puestos colegiales con otros en partidos políticos, sindicatos o aseguradoras radica en una profunda injusticia, puesto que presupone como sospechoso a cualquier profesional, limitando sus derechos y posibilidades, solo porque se hayan dado casos de malas prácticas por parte de una minoría a la que verdaderamente hay que perseguir y castigar con dureza. En este extremo, todos estamos de acuerdo. Quien la hace, debe pagarla. Ésa es la labor de control que debe exigirse, pero la prevención nunca puede ser la excusa para que todos sean sospechosos. Resulta inconcebible tener que recibir lecciones morales en la materia, precisamente de aquellos a los que se les ha probado mala praxis en este sentido y que, aún así, se sigan postulando a puestos de responsabilidad colegial. Esta conducta solo puede calificarse de ignominiosa, amoral e irresponsable.

En verdadera democracia, tanto la representación como la dedicación a la cosa pública precisa de individuos poseedores de la capacidad necesaria para la actividad a la que están destinados. Siempre se exigirán para la representación y actos políticos ciertas condiciones, y aún así puede haber equivocaciones tanto por exceso como por defecto, tanto por contar con los incapaces como por excluir a los capaces.

El debate sobre la incompatibilidad de simultanear diferentes cargos en los ámbitos público y privado no es nuevo. Desde hace años, son muchas las voces que claman por establecer filtros severos que impidan a un ciudadano y, especialmente a un profesional, tener responsabilidades simultáneamente en los ámbitos público y privado. La imagen más proyectada socialmente, y no menos interesada desde ciertos sectores, es aquella que describe a quienes compaginan cargos como comprometidos que no podrán permanecer independientes ante los conflictos de intereses, derivados habitualmente del plano económico. Pero existe otro prisma desde el que abordar el tema en el que no se ha hecho prácticamente incursión alguna.

Compatibilizar varios cargos no tiene por qué suponer de manera inexorable una colisión de intereses. Es lógico pensar que cuando un profesional es designado o propuesto para varios cometidos, es probable que posea cualidades destacables, algo que motiva tanto a corporaciones públicas –por designación directa o por elección democrática– como a empresas privadas a apostar por este individuo. No serán tal vez normas hechas por mediocres para preservar la mediocridad e impedir la competencia de los más capaces, tener posibilidades que de otra manera no tendrían, y así perpetuarse en cargos, destinos o actividades que constituyen su exclusivo modus vivendi, ya que en muchos casos no tienen otro oficio ni beneficio. De sobra es conocido que en España la retribución de los gestores públicos no es la mejor de las posibles, por lo que son frecuentes los casos de abandono de la Administración al no poder simultanearla con otro puesto en la esfera privada. ¿No supone este hecho una pérdida innegable de capital humano para la función pública? Por otra parte, es frecuente que quienes han tenido éxito en sus profesiones o sus negocios no necesiten de compensaciones económicas de la cosa pública, siendo su vocación y colaboración totalmente altruista, y su ya demostrado eficiente tiempo puesto al servicio de la sociedad.

Las alusiones a la necesidad de garantizar su independencia ética y moral parecen dar por supuesto que quienes se vean en esa tesitura antepondrán los intereses privados a cualquier otra cosa. Sucede con seguridad todo lo contrario; son personas con total libertad e independencia, no sujetos a compromisos ni a presiones que, en general, tienen sus necesidades sobradamente cubiertas, con capacidad, independencia e inteligencia sobradas para servir únicamente a la verdad, a la razón y a la justicia en pos del interés general. En cambio, lo que no es aventurado –más bien es una evidencia– es la pérdida de excelentes profesionales que sufre el sector y la cosa pública,  obligados por la exclusividad. Esta barrera artificial provoca una merma de capacidades y conocimiento y perpetúa el modelo político actual, salvo muy honrosas excepciones, alejado del mérito, y al que los mejor preparados y que más pueden aportar tienen vetado su acceso, dado el sacrificio que supone renunciar a cualquier otro cometido. Es probable que este sistema contribuya a la percepción que de la clase política tiene la ciudadanía.

Los ciudadanos quieren que les dirijan los mejor preparados, los más eficaces y los más eficientes, y eso no casa con las barreras de las incompatibilidades.

Carta abierta de Previsión Sanitaria Nacional (PSN)