La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como “una serie de deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación de las personas que la padecen”. Según esta definición, las deficiencias son “problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”.

Por consiguiente, según la OMS, “la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”.

Se estima que en España viven unos 3,8 millones de personas con discapacidad, las cuales, gracias a su esfuerzo y al de una parte importante de la sociedad, van adquiriendo cada vez más visibilidad y van consiguiendo, más lentamente de lo deseable, que se les reconozca el ejercicio de sus derechos en igualdad con el resto.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) es una buena oportunidad para revisar si se está cumpliendo con el principio de igualdad y no discriminación hacia ellas, y si se están poniendo todos los medios a nuestro alcance para conseguirlo. Y para que este principio se cumpla, todas las acciones dirigidas a la inclusión de estas personas en nuestra sociedad deben ir dirigidas a acogerlas en igualdad ya durante su vida prenatal, ofreciendo a las familias que van a tener un hijo con esta condición todo el soporte necesario orientado a ello.

La Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad reconoce que “la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado”, y que “las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”.

Sin embargo, en los hospitales de la Comunidad de Madrid no se ha diseñado un protocolo de atención a estas familias que en la mayoría de las ocasiones se quedan solas con su miedo ante lo desconocido, y toman, muchas veces, decisiones irreversibles que podrían no haberse dado si se les hubiera dado la atención a la que tienen derecho. Ser conscientes de esto y llevarlo a la práctica es también una forma de luchar contra la discriminación de estas personas ya desde su vida prenatal, y es un imperativo para todos aquellos que decimos trabajar por la igualdad.

Precisamente, es durante la vida prenatal cuando estas personas están siendo especialmente discriminadas en España por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, una ley que amplía el plazo legal para terminar el embarazo sobre la base de que puedan, precisamente, padecer una discapacidad.

Mediante su articulado, esta ley considera a las personas con discapacidad personas de segunda, con menos derecho a la vida que el resto, y ha favorecido que las pruebas de diagnóstico prenatal se hayan convertido más en herramientas de detección de la discapacidad para asegurar eliminación del que la padece, que para preparar los debidos cuidados médicos y valorar los tratamientos que se derivan de un diagnóstico determinado.

Es la misma Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad la que ha denunciado esta discriminación, y la que en abril de 2019 recomendó a España “eliminar cualquier referencia en la ley en relación con el período en el que se puede interrumpir el embarazo por motivo de una posible deficiencia fetal”.

El Grupo Parlamentario VOX en Madrid, con motivo de la celebración Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pedirá en el pleno de la Asamblea de Madrid instar al Gobierno de España a llevar a cabo esta recomendación, porque tenemos la plena convicción de que solamente así podrá mantenerse con coherencia un discurso que reivindique el ejercicio de los derechos de todos los seres humanos en igualdad, y es por ello por lo que espero que, por coherencia en la defensa de los derechos de todos, el resto de los grupos voten a favor de esta propuesta.