26 de mayo de 2017 | Actualizado: Viernes a las 17:20
Opinión > El Boticagate

Fiscalización; marcando la agenda informativa

Por Eduardo Ortega Socorro, periodista de Sanitaria 2000
Lunes, 20 de marzo de 2017, a las 11:30
Ahora que el asunto de la fiscalización de la formación médica continuada parece aclararse (aunque la trama de esta novela protagonizada por la Agencia Tributaria está muy lejos de terminar) toca echar un vistazo atrás y analizar los orígenes del conflicto.
 
Hace nueve meses que, como diría mi redactor jefe, en Redacción Médica ‘levantamos la liebre’ y rompimos la baraja de la agenda política y sanitaria. El anuncio de que el Ministerio de Hacienda estaba analizando fórmulas para cobrar a los médicos por las transferencias de valor que recibían de la industria en el marco de la formación continuada dejó atónitos a propios y extraños, y las reacciones no se hicieron esperar.
 
La exclusiva dada por el medio perteneciente al Grupo de Sanitaria 2000 se convirtió en la comidilla de todas la reuniones científicas y sectoriales, en las que los profesionales sanitarios dejaban caer su preocupaciones, y también sus críticas a una industria farmacéutica que consideraban que no les había advertido de que estas transferencias de valor se iban a hacer públicas de forma personalizada. Vamos, que “les había tirado a los pies de los caballos”, como se llegó a oír en alguno de estos encuentros.
 
Sin entrar en si estas voces tenían razón o no (personalmente, creo que no), el Congreso de los Diputados tomó cartas en el asunto. En la última semana de octubre (curiosamente, solo unos días después de que ‘La Revista de Redacción Médica’ publicara un profundo análisis sobre la situación), Ciudadanos presentó en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados una PNL para abordar esta cuestión, en la que se pretendía clarificar este asunto con la pretensión de librar del ‘yugo fiscal’ a la formación sanitaria (en el marco de la sanidad pública, claro).
 
Hace solo dos semanas que esta iniciativa se aprobó en la cámara baja con el apoyo del propio Partido Popular, que rápidamente ha corrido a unirse al bando de los ‘buenos’. La  formación considera que el profesional sanitario de la pública no tiene que rascarse el bolsillo por la formación pero sí opina que las transferencias de valor tienen que estar fiscalizadas.
 
Sin embargo, otro capítulo nuevo se ha abierto, con forma de puerta abierta la esperanza, puesto que el Ministerio de Sanidad considera hay espacio legal en la legislación del IRPF para que la formación continuada, en el SNS, no tenga que tributar, con negociaciones abiertas para ello con el Ministerio de Hacienda.
 
En cualquier caso, hay que destacar que toda esta polémica ha permitido que se ponga el foco en una formación sanitaria continua de los profesionales del SNS que depende por entero de la industria privada. Más allá de las críticas que pueda haber a este modelo (que no es perfecto, ojo), lo que habría que hacer es tomar el guante de algunas de las soluciones propuestas para reformarlo y no dejarlas aparcadas para que cojan polvo. Un SNS público y de calidad bien lo vale.