26 abr 2019 | Actualizado: 09:10
Opinión

Eutanasia

Pere Camprubí i García, decano del Colegio Oficial de Biólogos
Dom 14 abril de 2019. 17.30H
Biólogos y Salud
Aún está vivo en nuestra memoria individual y colectiva el reciente caso de práctica de la eutanasia que el señor Ángel Hernández llevó a cabo con su esposa, la señora María José Carrasco. Ambos decidieron difundir su mutua decisión a la Sociedad, por lo que no voy a ser yo quien les reconduzca al anonimato.

No tengo una opinión formada sobre este supuesto particular que ha puesto la eutanasia en el foco de atención mediática, ya que desconozco sus antecedentes y sus consecuencias, más allá de las obvias; el Poder Judicial decidirá al respecto. Ni más ni menos, se trata de respeto y de prudencia.

Aunque sí tengo mi opinión personal sobre la práctica de la eutanasia, debo abstenerme de manifestarla, puesto que accedo a esta tribuna en mi calidad de representante del Colegio Oficial de Biólogos, de adscripción obligatoria para el ejercicio de nuestra profesión (artículo 3 de la Ley 75/1980, de 26 de diciembre): en nuestro colectivo hay personas que tienen concepciones diferentes e incluso opuestas sobre la eutanasia y debo neutralidad ideológica a todas ellas.

Aunque sí tengo mi opinión profesional sobre la práctica de la eutanasia, incluso en el supuesto de la intervención profesional de un biólogo, debo abstenerme de manifestar mi parecer, puesto que, en la constelación de instituciones que hay en nuestro sistema (político, social, cultural, económico…), no corresponde a los colegios profesionales juzgar, repito, juzgar las consecuencias derivadas de las actuaciones profesionales relacionadas con la eutanasia. Para ello están las Cortes Generales, a quienes corresponde constitucionalmente determinar (1) la ilicitud de las conductas humanas, (2) el castigo y la reinserción que puedan merecer y (3) el modo de cumplir lo que corresponda.

Lejos están los tiempos en los que las corporaciones profesionales, por propia y exclusiva iniciativa, podían expulsar del ejercicio profesional a médicos abortistas o a farmacéuticos que expendían fármacos que interrumpían el embarazo. Cada profesional debe decidir en conciencia cuál es su actuación cuando esta está permitida, sin interferencias ideológicas de nadie y menos de un colegio profesional.