Por una salud digital accesible, segura y justa

Cuarenta años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se enfrenta a retos de enorme calado en un momento de transformación social y tecnológica. El Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los pilares fundamentales para la cohesión social en España, garantizando equidad, acceso universal e impulsando la vertebración territorial.

Hoy, sin embargo, es sistema corre el riesgo de generar nuevas desigualdades si la transformación digital no se gobierna con criterios de justicia, seguridad y responsabilidad pública.

El auge de la Salud Digital y sus contrastes

El sector de la Salud Digital ha experimentado en nuestro país un crecimiento notable impulsado tanto por políticas públicas como por inversión privada. La expansión de la telemedicina y la digitalización de los procesos, tanto clínicos como de soporte, están transformando la asistencia sanitaria a gran velocidad. Las herramientas digitales permiten mejorar la accesibilidad, optimizar los resultados clínicos y aumentar la eficiencia del sistema, sin olvidar el gran avance que representa la digitalización de la historia clínica electrónica.

Sin embargo, este avance convive con una realidad: no todos los ciudadanos pueden acceder a los servicios digitales en igualdad de condiciones. La brecha digital, más que un problema tecnológico, se convierte en un problema social que, si no se actúa con decisión, terminará generando una nueva forma de exclusión sanitaria.

A pesar de la alta penetración de Internet y de las competencias digitales, al menos básicas, en nuestro país, los datos agregados ocultan profundas desigualdades relacionadas con la edad, el territorio y el nivel socioeconómico. La digitalización ya está generando barreras: dificultades para acceder a las citas, pérdida de contacto humano con profesionales, dependencia de herramientas que no todos pueden utilizar.

Desafíos éticos de la Inteligencia Artificial

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito sanitario plantea desafíos críticos. La Unión Europea, en este sentido, reconoce la sanidad como un sector de alto riesgo, pero la regulación, por sí sola, no garantiza un uso justo ni seguro. Existen riesgos de sesgos, opacidad en la toma de decisiones y pérdida de control por parte de los profesionales sanitarios. La tecnología no puede sustituir el juicio clínico ni erosionar la relación de confianza con los pacientes, mucho menos condicionar la accesibilidad a las prestaciones sanitarias.

La transformación digital del sistema sanitario no puede quedar en manos de la inercia tecnológica. Requiere liderazgo público, visión estratégica y un compromiso inequívoco con la garantía de los derechos de la ciudadanía. La consolidada descentralización de la gestión en nuestro sistema sanitario exige una gobernanza del despliegue de la IA y de las tecnologías digitales que supere los problemas de interoperabilidad y cooperación que existen entre las comunidades autónomas.

Principios para una transición digital inclusiva

Desde la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), defendemos que el despliegue de la Salud Digital en nuestro país debe responder a principios claros y exigibles. En primer lugar, que su desarrollo avance de manera equilibrada en todo el territorio. La innovación no puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad entre comunidades autónomas, entre áreas urbanas y rurales o entre distintos centros de salud y hospitales.

Es necesario establecer una gobernanza digital auténtica y efectiva en la que los profesionales sanitarios, que conocen de primera mano las necesidades asistenciales, y los pacientes, que son los destinatarios finales de estos servicios, participen de forma activa en el diseño, implantación y evaluación de las soluciones digitales.

Fomentar la alfabetización digital de la población es indispensable para lograr una transformación tecnológica inclusiva. Este esfuerzo debe prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, quienes tienen menor nivel educativo o quienes viven en entornos con menos recursos tecnológicos. Del mismo modo, los profesionales sanitarios necesitan formación específica para utilizar de manera crítica, ética y responsable las herramientas digitales y la Inteligencia Artificial.

Evaluación de impacto y preservación de la presencialidad

La incorporación de nuevas soluciones tecnológicas debe ir acompañada de una evaluación rigurosa y sistemática de su impacto real. Es necesario comprobar si mejoran efectivamente los resultados en salud, si reducen tiempos de espera, si optimizan los recursos disponibles y, sobre todo, si contribuyen a reforzar la equidad del sistema sanitario.

La definición de un catálogo común de prestaciones digitales para todo el sistema sanitario permitiría establecer qué servicios y herramientas deben estar disponibles para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, garantizando unos estándares homogéneos de calidad, seguridad y accesibilidad. Al mismo tiempo, es fundamental preservar y reforzar la atención presencial como un derecho básico de los pacientes: la digitalización debe complementar la atención sanitaria, no sustituirla de forma indiscriminada. La consulta presencial sigue siendo esencial para muchos procesos clínicos y para mantener la confianza entre profesionales y pacientes.

El empleo de servicios digitales debe ser siempre una posibilidad ofrecida al ciudadano, nunca una obligación impuesta. Cada persona debe poder decidir libremente si desea utilizar herramientas telemáticas o prefiere mantener una relación presencial con el sistema sanitario. La libertad de elección es una garantía básica de calidad y respeto a los derechos de los pacientes.

Es necesario poner la innovación al servicio de la sociedad a través de una gobernanza y un marco normativo equilibrados. La transformación digital sin equidad no es progreso, es exclusión.

Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar con urgencia y determinación, invirtiendo en infraestructuras digitales, en formación y en gobernanza y protección de derechos. La tecnología no es neutral, sus efectos dependen de cómo se diseñe y se implemente.

La transformación digital del Sistema Nacional de Salud debe, ante todo, reforzar los principios que han hecho del sistema sanitario un elemento clave en la cohesión social, económica y territorial. La tecnología no puede ser quien decida quién accede a la sanidad y quién se queda fuera.