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El modelo sanitario catalán: ¿Oasis o espejismo?

Por Carme Pérez Martínez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Cataluña
Jueves, 29 de enero de 2015, a las 21:19
El que ha venido a denominarse ‘modelo sanitario catalán’ no es más que un sistema de provisión de servicios sanitarios mixto, público-privado, que integra todos los recursos sanitarios en una única red de utilización pública, con independencia de la titularidad de los mismos. La opción inicial por ese tipo de modelo tiene razones históricas puesto que, en el momento en que se produjeron las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, permitió la utilización inmediata de los recursos preexistentes en un territorio donde era tradicional la existencia de mutualidades, centros asistenciales municipales y otros centros benéficos vinculados a la Iglesia. 

Tras el éxito inicial, y con el desarrollo de la normativa comunitaria, el modelo se desarrolló y consolidó como propio de Cataluña. En 1991 se creó normativamente el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que tiene la consideración de aseguradora pública de Cataluña. El CatSalut se define como un ente “comprador” de servicios sanitarios a los diversos centros, de titularidad  pública o privada,  que integran la red mixta de “proveedores” de servicios sanitarios. La pretensión de que esos centros actúan en competencia libre de mercado es una absoluta falacia puesto que se trata de un mercado de comprador mono u oligopolístico y, en una buena parte de centros, la Administración ostenta la mayoría de los derechos de voto en su órgano de gobierno; es decir: el supuesto ‘comprador’ y ‘vendedor’ dependen del mismo titular, por lo que la supuesta ‘negociación’ del acuerdo o concierto sanitario se reduce a cumplir las órdenes y aceptar las condiciones y los directivos que decida imponer el CatSalut.

Los centros de titularidad propia, los dependientes del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y que fueron transferidos desde el extinto Instituto Nacional de Previsión (INP), son inferiores en número a los que configuran la amplia red sanitaria concertada que, a diferencia de los centros del ICS, no está sujeta al rigor de las normas administrativas. Ello explica el interés actual por parte del Gobierno catalán en fragmentar el ICS,  la mayor empresa pública de Cataluña, en una multiplicidad y diversidad de entes que permitan la entrada de gestión y capital privado, alegando perseguir con ello una mayor eficiencia.  

Ese peculiar modelo sanitario catalán, que durante lustros ha sido citado como un referente de excelencia en la colaboración público-privada, se encuentra seriamente cuestionado y no solo por los políticos de la oposición sino también por  sindicatos, profesionales y trabajadores del sector, asociaciones de pacientes y usuarios, entes corporativos y científicos, y ciudadanía en general. Las cifras relativas a listas de espera, a pesar de los desesperados intentos de ‘maquillaje’, los contundentes datos sobre cierre de camas y dispositivos asistenciales, y el incremento de derivación de actividad facilitando el beneficio de ciertas empresas privadas, entran en abierta contradicción con la calificación de ‘modelo de éxito y de transparencia’ que se postula y reitera desde el Ejecutivo catalán. 

Según los datos recogidos y publicados por el Sindicato de Enfermería  Satse, el pasado verano se cerraron en España en torno a 15.000 camas, aunque el sindicato apunta que podrían ser más, puesto que la negativa a facilitar los datos o la opacidad sobre los mismos por parte de algunas administraciones y gerencias fue mayor que en ocasiones anteriores. En algunas comunidades, esos cierres se iniciaron ya en el mes de junio y se mantuvieron hasta el mes de noviembre, contradiciendo el argumento dado por las propias administraciones de que los cierres se debían a ajustes de plantilla por las vacaciones. Algunos ejemplos son los de Andalucía, con 2.900 camas cerradas; Madrid, con 1.800; Baleares, con 300 camas; País Vasco, con cerca de 1.200; Castilla-La Mancha, con más de 900 camas, o Castilla y León, con también unas 900 camas.

Los principales hospitales catalanes (los ocho centros públicos del Instituto Catalán de la Salud (ICS), además del Clínico, Sant Pau y el Parc Salut Mar)  dejaron  sin servicio unas 1.322 camas durante el verano del 2014, concentrando el mayor número de plazas clausuradas en agosto, pero cuyo cierre progresivo comenzó ya en julio y se prolongó hasta finales de septiembre sin que, como ya alertaban sindicatos y usuarios, hayan llegado a reabrirse en su totalidad.

Según los datos que las propias comunidades autónomas facilitan al Ministerio de Sanidad, el número de camas en toda España, por cada mil habitantes y durante el período 2008-2014, ha disminuido en un porcentaje global del 10 por ciento. Cataluña es la tercera comunidad autónoma donde más se ha reducido el porcentaje de camas por cada 1.000 habitantes, solo superada por Madrid y Andalucía. La distribución por provincias es la siguiente: en Barcelona se ha perdido un porcentaje del 12,36; en Gerona, un 13,85; en Tarragona, un 12,70, y en Lérida, un 13,20. Esas cifras hacen referencia a una disminución permanente y estructural, no ‘de verano’, y la habitual excusa que arguye la Consejería de Salud de Cataluña respecto a que las nuevas técnicas de cirugía mayor ambulatoria hacen que las camas sean innecesarias es absolutamente mendaz, como puede confirmar cualquier profesional sanitario.

La Consejería de Salud niega, reiterada y vehementemente, la privatización sistemática y encubierta de la que le acusan la oposición política, los trabajadores y los sindicatos del sector pero, al mismo tiempo, con el mayor secretismo y absoluta falta de participación y transparencia, ha planificado la creación de un ente que, bajo gestión privada y en manos de notorios personajes estrechamente vinculados a la ‘Convergencia de los negocios’, unificará la gestión de todos los centros sanitarios de la provincia de Tarragona que, a día de hoy, es la que cuenta con más camas gestionadas por empresas privadas de toda España: cinco de cada diez.

Pero para valorar si lo que dicen los usuarios y los agentes sociales es, como asegura el consejero, un “mantra” malicioso, solo hace falta acudir de nuevo a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Cataluña es la única comunidad autónoma donde el porcentaje de camas de gestión privada se aproxima al 50 por ciento de todas las disponibles, seguida a distancia considerable por Baleares (39,48 por ciento) y aún a mayor distancia por Madrid (20,06 por ciento). La distribución por provincias es la siguiente: Gerona con un 12,60 por ciento; Barcelona con un 30,11 por ciento; Lérida con un 42,39 por ciento, y a la cabeza de toda España, Tarragona con un 49,14 por ciento. ¡Ah! Y lo que es muy importante: esos porcentajes de gestión ‘privada’ no incluyen las camas gestionadas por entes privados benéficos ni por  aquellos que carecen de ánimo de lucro. Resuelta la duda.  

La dificultad para ver dónde acaba lo público y empieza lo privado es una constante en la sanidad pública catalana y, mientras hubo dinero, las cosas fueron sobre ruedas y pocos intuían las corruptelas y el lucro que permitía y facilitaba el  modelo. La calidad asistencial estaba a la cabeza de España y por encima de la media europea; los resultados parecían excelentes pero, tras esos éxitos, se escondió durante años una realidad mucho menos ejemplar: la de un sistema opaco, caracterizado por el amiguismo, las influencias, el enriquecimiento escandaloso de personas y empresas cercanas al poder y, lo más inexplicable, el fallo generalizado de todos los sistemas de control. Ahora, la reducción drástica del caudal de dinero público que llega el sistema sanitario ha dejado al descubierto muchas de estas miserias que, curiosamente, se postulan para resolver aquellos mismos personajes que, precisamente, han sido y son sus principales responsables.

El número de escándalos cuyos detalles van saliendo a la luz, y los relevantes cargos que han desempeñado personas  que se relacionan directamente con los mismos, han sumido en la perplejidad primero, y en la indignación después, a la opinión pública catalana. El cúmulo de casos que están siendo investigados por los juzgados de instrucción, y las redes clientelares que se van desmadejando, dejan bien claro que no se trata de hechos aislados sino que estamos ante un problema grave y estructural que permite constatar que el famoso oasis catalán ha sido, y sigue siendo, algo más que un espejismo: una farsa, una burla, un timo, una estafa descomunal. Estafa hábilmente diseñada y celosamente mantenida bajo engaños patrióticos, invocaciones épicas y desvergonzados sermones morales. Veremos hasta cuando dura el espejismo.