27 de mayo de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:15
Opinión > La salud en todas las políticas

El descontrol público de la formación de los empleados sanitarios

Gaspar Llamazares & Rubén Bejarano, promotores de Actúa
Miércoles, 09 de mayo de 2018, a las 10:30
Superado el momento mediático del affaire máster de Cristina Cifuentes, es interesante poner la atención en los mensajes que la expresidenta de la Comunidad de Madrid no paraba de lanzar sobre la idea de que la sanidad madrileña es la mejor del país.

Este artículo no va a desmontar tal afirmación con hechos que evidencian el vertiginoso proceso de deterioro de todas las áreas del sistema sanitario madrileño (hay muchos textos que ya lo han hecho con gran solvencia). Sí procede que alertemos sobre una situación poco analizada y que hace referencia al mayor activo del sistema: los empleados públicos y su formación.

En Madrid, por ejemplo, si desoladora es hoy la insostenibilidad de nuestro sistema gracias a la gestión los distintos Gobiernos regionales del PP durante los últimos 20 años, muy preocupante es ver cómo el futuro de la formación de sus profesionales se aleja de una organización y control acorde a un sistema sanitario público.

¿Es necesario el control desde lo público en la formación de los profesionales sanitarios que van a prestar los servicios en el sistema público? Teniendo en cuenta los riesgos de las derivaciones sin límites de recursos públicos a organizaciones privadas (que tan bien conocemos en la región) y, sobre todo, si hablamos de la gestión de un derecho público tan básico como es la Sanidad, la respuesta es evidentemente sí.

La importancia del MIR

El Sistema Nacional de Salud español ha tenido como uno de sus pilares básicos la formación pre y postgrado. Se puede decir que sin las universidades y escuelas y en particular sin el sistema MIR no se entendería la moderna sanidad pública y su carácter universal, accesible y de calidad.

El cambio de la universidad pública se dio con su apertura entre los años 70 y 80 a toda la sociedad. Fue la llamada masificación universitaria. Como consecuencia de ello, las facultades de Medicina fueron las primeras en instaurar limitaciones de acceso, el numerus clausus, para garantizar la calidad de la formación médica, de acuerdo con el criterio de la capacidad de las instalaciones para la formación de estudiantes y de las necesidades sociales previstas de profesionales, de la dimensión del sistema sanitario y las ratios de formación y ejercicio recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este siglo, y en particular en la última década, en España se ha producido un fenómeno muy preocupante que favorece el deterioro en la formación de los profesionales sanitarios y que ha eclosionado en paralelo a la privatización del sistema sanitario, especialmente en las CCAA con mayor nivel de desarrollo y de presencia de clases medias debido a la demanda que desbordaba el numerus clausus y a una mayor oferta privada tanto de formación como de centros sanitarios.

Desde hace años, la Conferencia de Decanos de Medicina, los estudiantes y algunos grupos parlamentarios hemos venido llamando la atención pública sobre la proliferación de facultades y escuelas al margen de una planificación fundamentada en las necesidades y los recursos y el mantenimiento de la calidad del sistema sanitario. 

"Hemos pasado de 28 facultades de Medicina en 2008 a 43 en una década, incremento espectacular que duplica el número de estudiantes"


. Unas plazas creadas básicamente en centros privados, cuyo número creció en una relación de cinco a uno.

Algo muy similar ocurrió con el resto de la formación sanitaria. Con todo ello, su presencia ha dejado de ser testimonial para convertirse en estructural, de manera que la privatización de la educación sanitaria es ya un hecho.

Todas estas nuevas facultades y escuelas han sido aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación del Ministerio de Educación con sucesivos gobiernos, en una operación de dudosa exigencia de criterios básicos de calidad, tanto de programa como de medios e instalaciones.

En este contexto, no es de extrañar lo ocurrido también en institutos semiprivatizados, dentro de la propia universidad pública, parecidos al reciente caso del máster Cifuentes. También en Sanidad, se ha recurrido al profesorado y los centros sanitarios públicos para lograr el reconocimiento oficial que de otra forma no se les hubiera otorgado.

Privatización en Madrid, C. Valenciana y Cataluña

Las privatizaciones de la formación madrileña, valenciana y catalana han sido particularmente escandalosas, en paralelo a la escandalosa privatización de sus sistemas sanitarios, un 30% por encima del conjunto de la privatización sanitaria en todo el país. Cabe recordar cómo en el año 2012 se asestó un gran golpe privatizador y de recorte de recursos públicos en la comunidad de Madrid, donde se suprimió la Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo” y se descolgó una parte importante del sistema, la formación continua de nuestros profesionales.

La privatización también ha pasado de residual a estructural, avanzando en particular en la gestión de la sanidad pública al calor de los recortes y del apoyo institucional a la mal llamada colaboración público-privada, en coincidencia con la consolidación de un sector privado cada vez más concentrado y no pocas veces de capital internacional.


"La demanda de la formación de profesionales médicos y de enfermería se ha convertido en un nuevo y lucrativo negocio"


Las Facultades y escuelas públicas de Medicina y Enfermería, Odontología, etc., habían logrado, después de largo tiempo, una buena dotación de equipamientos, instalaciones, tecnologías, bibliotecas, servicios, laboratorios, grupos de investigación, hospitales y centros de salud de referencia. En definitiva, los más que mínimos estándares de una universidad moderna e internacionalmente homologable con departamentos y especialistas de diversas áreas profesionales y la combinación de la docencia, la práctica clínica y la investigación.

Las universidades, facultades y escuelas públicas han venido garantizando con bastante eficacia la formación de profesionales sanitarios de acuerdo con las exigentes normas de excelencia, equidad y control, permitiendo que la sociedad española y el Sistema Nacional de Salud pudiese disponer de los profesionales sanitarios de calidad que necesitan.

Sin embargo, al amparo de la privatización sanitaria y de la demanda de estudiantes, durante los años de la burbuja económica se ha producido también una verdadera burbuja de centros privados, convirtiendo la demanda de la formación de profesionales médicos y de enfermería en un nuevo y lucrativo negocio. La primera consecuencia ha sido la quiebra de la igualdad de oportunidades que implica, con respecto a las exigencias de ingreso y a los criterios de calidad, dos modelos contrapuestos de formación, el público y el privado. También ha provocado consecuencias negativas en una mayor presión desde dentro del sistema en favor de las políticas de privatización.

Volver a la formación pública

La formación continuada de los profesionales es otra de las asignaturas pendientes del Sistema Sanitario Público, hasta ahora en manos de las compañías multinacionales farmacéuticas y sin apenas controles públicos. No en vano, los prescriptores se han convertido en el blanco de la publicidad farmacéutica.

Es impensable que con menos profesionales, con congelación de salarios y menos presupuestos para incrementar plantillas se pueda mejorar la actual situación de las listas de espera quirúrgica y especializada, las dificultades de la atención primaria, el impulso de la salud mental, etc.

Necesitamos un transformar la gestión para revertir el modelo a lo público, incluyendo un cambio de normativa en la que la planificación y formación de profesionales de la salud no queden al albur de la escuela privada. La formación es un derecho público y básico en la Sanidad Pública de un sistema democrático.