22 feb 2019 | Actualizado: 13:30
María José Campillo, Médica sindicalista de CESM Región de Murcia
Mié 23 enero de 2019. 14.30H
Con fonendo y pluma
Corría el año 2010 cuando el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba ante los medios las primeras bajadas de sueldo de los funcionarios, algo jamás visto en la historia de este país. Hasta entonces, los salarios de los empleados públicos se habían congelado pero nunca se habían visto comprometidos hasta el punto de ser mermados por una crisis económica.

Este ataque a los derechos de los trabajadores, fue posible gracias a la existencia del artículo 38.10 del Estatuto de los Empleados Públicos, firmado por algunos sindicatos, y cuya redacción recogía, literalmente, que “se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo cuando, excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas  suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público”.

Recuerdo, con estupor, aquella rueda de prensa televisada, en la que, sin previo aviso, se nos recortaba cantidades importantes justificados con una crisis que cada día era más evidente. Hubo respuestas en contra, aunque no tan intensas como podía ser en otras circunstancias, dado que todos sabíamos lo mal que estaba el país, todos comprendíamos que la crisis golpeaba duramente a todos nuestros familiares, amigos y conocidos.

Los empleados públicos fuimos demonizados para justificar aquellos recortes que no habían hecho más que empezar. Se nos culpó de la caída de la economía, se nos dijo que éramos demasiados y, con todas esas excusas, los recortes siguieron progresando. Ocurrió a todos los niveles, no solo en retribuciones, sino aumentando horarios al mismo precio, reducción de plantillas, disminución de camas en los hospitales, pérdida de la inversión en general (hasta en plazas MIR, que son de formación).

Se inventó la tasa de reposición, que no permitía ofertas públicas con demasiadas plazas y que aún continúa vigente. También decidieron que, si nos poníamos enfermos, había que descontarnos nuestro sueldo por los días de incapacidad. Todo valía para exprimir a un empleado público que se encontró indefenso ante toda esta batería de medidas.

Llegó un momento en que la pasividad frente a los recortes se transformó en una actitud mucho más combativa. Los funcionarios observábamos atónitos la poca imaginación de nuestros políticos para combatir una crisis que seguía sin resolverse.

Al leer estas líneas, muchos dirán que, al fin y al cabo, somos funcionarios con empleo fijo, que no podemos quejarnos. Pero lo cierto es que no es así. Los recortes se aplicaron a todos, personal temporal y fijo, hasta médicos en formación, y no fueron equitativos.

Al final, la suma de todos aquellos recortes fue, en muchos casos, un 30 por ciento de las retribuciones, pérdidas de puestos de trabajo. En el caso de la Sanidad, todo esto no lo paga solo el empleado público, sino que lo viven y lo sufren los pacientes con listas de espera kilométricas, con un sistema colapsado en todos sus servicios y sin capacidad para asumir todo lo que le llega.

Han pasado 8 años, casi 9, desde aquel mayo de 2010. Los gobiernos se han ido sucediendo, y por ellos, han ido pasado partidos de distinto signo, distintos presidentes. Hasta la crisis ha pasado.

Pero aquel artículo 38.10 del EBEP permite que los pactos sigan suspendidos, mantienen la tasa de reposición, y posibilita que las camas hospitalarias y las plantillas sanitarias sigan siendo deficientes.

Actualmente, los políticos son los profesionales menos valorado por los españoles. Los ciudadanos vimos cómo se atacaba a los pilares más básicos del Estado del Bienestar: la Sanidad y la Educación.

Las plataformas de pacientes proliferan en aras de recuperar una calidad asistencial que saben perdida, por ahora.

Han pasado años, en los que los salvajes recortes en Sanidad han sido la norma del Gobierno central, sin distinción de signo político y sin que ningún Ejecutivo autonómico haya hecho nada distinto por evitarlo.

Han pasado años y seguimos igual que cuando estábamos en plena crisis, a pesar de que la crisis ya no es tan feroz.

Se han convocado huelgas de médicos en Cataluña, en Andalucía, una huelga MIR en Madrid y se siguen anunciando movilizaciones. Hasta un partido político ha perdido en una Comunidad, como ha sido el caso de Andalucía, tras 40 años de hegemonía.

Han pasado años y nuestros políticos siguen sin escuchar a los ciudadanos que ya no les dan sus votos y que les piden a gritos, al igual que los profesionales, que los recortes se reviertan, que no pueden estar 10 días o más en espera para ver a su médico de familia, que no pueden estar 7 días en urgencias esperando una cama, que no pueden estar con demoras de 7 o 8 o más horas cada vez que van a urgencias, que no pueden estar más de 2 años en un lista de espera para operarse.

Han pasado años de una crisis que ya superó sus peores momentos y el presupuesto de Sanidad sigue sin crecer. A día de hoy, se ningunea a los profesionales. No se nos recibe ni se nos escucha, quizá porque denunciamos las pinceladas de realidad que nuestros políticos no quieren reconocer, dado que dejan en evidencia su incompetencia como gestores públicos.

Han pasado años y han pasado las circunstancias que motivaron aquellos recortes. Por eso, por nuestros pacientes y por nosotros mismos, es hora de que todos digamos BASTA YA. ¡HAY RAZONES!