Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 19:50
Domingo, 26 de abril de 2015, a las 19:09
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha vuelto a dar la voz de alarma sobre otra de las consecuencias más evidentes que ha traído la crisis: la imparable antigüedad que va acumulando una creciente parte de los equipos tecnológicos que funcionan en los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud. La obsolescencia, que es en sí misma un problema, añade mayor preocupación cuando se da en el sector sanitario porque genera inseguridad tanto en los profesionales como en los pacientes. En suma, afecta a la calidad misma del hecho asistencial en su conjunto.

Nada menos que uno de cada cuatro equipos de diagnóstico, monitorización y terapia está obsoleto, un dato demoledor que se explica por sí solo. Más aún, si se tiene en cuenta la recomendación del Comité de Coordinación Europeo del sector de Radiología, Electromedicina y Tecnologías Sanitarias para que sólo un 10 por ciento de los equipos supere los diez años de antigüedad.

La antigüedad afecta, año arriba año abajo, a las resonancias magnéticas, la tomografía computarizada, los ecógrafos, las salas de intervencionismo, los sistemas de monitorización y de soporte vital y las terapias de calor. Sin embargo, en la distribución geográfica, hay algunas autonomías que están mucho peor que otras. Es el caso de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Andalucía.

Evidentemente, la significativa reducción de la inversión hospitalaria desde que comenzó la crisis y especialmente a partir de 2009 -una circunstancia generalizada a todo el ámbito sanitario- ha terminado por afectar muy negativamente al ritmo de renovación de los equipos, así como en su mantenimiento. Superada tal vez esta aguda fase de contracción y ajuste presupuestario, Fenin cree llegado el momento de que el Gobierno central y las autonomías busquen iniciativas para, de un lado, atajar la obsolescencia y, de otro, agilizar la incorporación de nueva tecnología.

Obviamente, el sector tecnológico que opera en la sanidad está muy atento a la evolución de las necesidades en el sistema público. En los años de crisis, las empresas han intentado paliar el descenso de actividad con un nuevo cliente que hasta ese momento había ido muy por detrás en tecnología: los hospitales y clínicas privadas, que han logrado recortar la brecha existente con los centros públicos. Sin embargo, el peso de estos últimos hace necesaria la reactivación de su demanda para que el sector tecnológico aumente su rentabilidad.

Algunas autonomías han ofrecido algunos ejemplos de esas iniciativas innovadoras que está demandando Fenin. Es el caso, por ejemplo, de Galicia. Entendiendo la tecnología como fortaleza del sistema, y no como gasto, y utilizando la innovación como palanca de cambio del sistema, el Sergas ha lanzado dos planes –Hospital 2050 e Innova Saúde- que buscan la implicación de la empresa privada en la promoción de la I+D+I. Además, ha apostado por un modelo de compra pública innovadora (CPI), cuyo punto importante es la posibilidad de abrir un diálogo técnico reglado entre Administración sanitaria y empresas privadas previo a la licitación.

Al igual que está ocurriendo en el ámbito de la industria farmacéutica innovadora, parece que el desarrollo de nuevos procedimientos y mecanismos de colaboración público-privada es el futuro para asegurar también una sostenida incorporación de la tecnología al Sistema Nacional de Salud. El argumento en este caso no es solo el progreso del sector ni el crecimiento de un tejido empresarial que crea riqueza para el país. Se trata además de que los profesionales sanitarios dispongan de las mejores herramientas y avances para su tarea asistencial diaria, y puedan ofrecer así el mejor servicio sanitario posible a los pacientes. Todo lo que no sea este propósito terminará por afectar a la seguridad de ambos colectivos, y originar un gran problema en la fiabilidad del modelo.