19 nov 2018 | Actualizado: 19:00
Mar 26 marzo. 19.01H

Por Ismael Sánchez

 

El “hito histórico” pronunciado por el ex presidente Rodríguez Zapatero para saludar la nueva Ley de Dependencia es hoy poco menos que una decepción, cuando no un fiasco. Más de seis años después de su aprobación, la norma no ha encontrado reflejo en la realidad. Sus muchos y ambiciosos planteamientos parecen producto de otros tiempos, irrealizables hoy en día, hasta impropios de gobernantes prudentes y rigurosos con el control de los fondos públicos. Con el pesar de este bagaje está lidiando César Antón, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, mejor conocido como Imserso.

Dos son las virtudes que le han llevado a gestionar una materia sensible, capaz de sepultar la carrera política del más pintado: su experiencia, contrastada y reconocida en el sector, al ser el principal artífice de que el modelo de dependencia funcione en Castilla y León, y su capacidad de diálogo, demostrada también en su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de la citada autonomía.

Ciertamente, su labor está siendo titánica. La aplicación de la Ley de Dependencia fue un despropósito casi desde sus inicios, quizá por la trascendencia y el alcance de sus pretensiones: conceder el derecho a recibir atención en caso de enfermedad, accidente y/o vejez, que impidan la autonomía personal. Toda una cobertura soportada más por el convencimiento político, no sólo del PSOE sino también del PP, que por la evidencia económica, que se tradujo en una nueva carga –otra más- para papá Estado.

Pronto comenzaron los problemas: deficiencias en la memoria económica de la norma, diversidad en la aplicación autonómica de la ley, controversias en la valoración de los dependientes, lentitud en la concesión y trámite de ayudas, dificultad en la movilización de recursos disponible, tanto públicos como privados…

Antón accedió al cargo sólo unas semanas después de que el Gobierno del PP consumara el primer gran tijeretazo al sistema de dependencia, con la aprobación de la moratoria que dejó sin cobertura a 150.000 dependientes leves. Desde entonces, procura llevar la esencia del modelo castellano y leonés –integración de la cobertura a la dependencia en el conjunto de los servicios sociales y apoyo en las entidades locales para la gestión del sistema- al conjunto de España.

Entre tanto, ha optado por centrarse en la atención a los grandes dependientes, intenta mantener el catálogo de prestaciones, procurando hacer efectivas las aportaciones de usuarios y autonomías, de vez en cuando se topa con ineficiencias y duplicidades –como en la teleasistencia domiciliaria- y trata de abrir el camino a la iniciativa privada, vinculando contratación de seguros e incentivos fiscales.

Su mayor problema –no sólo suyo, sino del Gobierno, y por extensión de toda la sociedad española- es que nadie sabe, ni siquiera se atreve a aventurar, cuánto cuesta en realidad la atención a la dependencia. Sin este dato, siquiera aproximado, todavía resulta más que inconcebible que el legislador se liara la manta a la cabeza y consagrara unos principios y unos derechos tan universales como, a la luz de los hechos, improbables de cubrir.

Puede que la mejor aportación de Antón a la dependencia sea repensar su configuración, convirtiéndola en una cobertura asumible para las Administraciones públicas y accesible para el mayor número de beneficiarios.

Antoni Andreu

No será porque no estamos escuchando llamadas de atención recurrentes y hasta apocalípticas. La última, de Antoni Andreu, director del Instituto Carlos III, que ha dicho que este año será crítico para la I+D. La comunidad científica no está desperdiciando oportunidad alguna para subrayar los efectos de la crisis sobre la investigación y el desarrollo que, teóricamente, y a juzgar por las recetas de muchos economistas, deberían ser dos de las disciplinas que más podrían contribuir al relanzamiento de la economía. Cuando ocurra lo que los investigadores predicen, el Gobierno no podrá escudarse en el desconocimiento.

Juan Oliva

El presidente de la Asociación de Economía de la Salud, Juan Oliva, tiene una receta muy sencilla y fácil de recordar que, de aplicarse, podría cambiar por completo la fisonomía de nuestro Sistema Nacional de Salud: “Paguemos por curar, no por asistir”, ha dicho, convencido de que son los resultados en salud los que deben guiar el presupuesto sanitario y no la respuesta continuada al constante incremento de la demanda asistencial. Su propuesta, tan aparentemente llana, es de una profunda radicalidad que, de hecho, cambia el eje sobre el que se ha sostenido el sistema hasta ahora. De ahí su contundencia y, por la misma razón, su inaplicabilidad. Aunque convendría tenerla muy en cuenta.