El 13 de diciembre de 2006, la Organización de Naciones Unidas promulgó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Este documento entró en vigor en mayo de 2008 en nuestro país e introdujo una nueva perspectiva en el modo de abordar la discapacidad basada en el modelo social, dejando atrás los antiguos paradigmas: el tradicional, “de beneficencia” y el médico-biológico o de “rehabilitación”.

Un hito de máxima relevancia, ya que, si bien en la actualidad no se cuestiona que hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos, todavía es necesario que esta concepción cale en todas las esferas. Estamos inmersos en un largo camino en el
que superar el concepto de que la persona con discapacidad, según es concebida en el paradigma médico-rehabilitador, tiene una “deficiencia” que es necesario “reparar” y se llegue al modelo social, donde se reconoce que la discapacidad es un concepto que
está en constante evolución y, por ende, ya no se considera una característica física o un estado definitivo de la persona, sino el resultado de la interacción entre las personas con un déficit funcional y las barreras del entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad no es una “condición” del individuo, sino una “situación” frente a un entorno.

Por tanto, aunque como decimos este modelo debe impregnar todos los ámbitos, es en el sector socio sanitario donde cobra más sentido e importancia que nunca la necesidad de que cale en toda su dimensión. Es necesario que se cambie la mirada hacia las personas con discapacidad como pacientes. De una uniformidad en la atención, donde se trata a la persona casi como si en una cadena de montaje se estuviese, a un entorno en el que se comprenda al paciente desde su singularidad como individuo, con sus circunstancias e interseccionalidades.


Distintos abordajes de la discapacidad


No se puede abordar por igual, por ejemplo, la discapacidad en la infancia que en la edad adulta o la situación de una persona con discapacidad en el ámbito urbano que en el rural. Las implicaciones para la persona son totalmente diferentes en todos los niveles. Por lo tanto es necesario acercarse a la discapacidad desde una mirada amplia y a la vez personalizada.

Un ejemplo de esta evolución hacia el modelo social lo tenemos en el nuevo baremo de valoración de la discapacidad, que presumiblemente verá la luz el próximo año y podría aprobarse de forma definitiva el primer trimestre de 2022 y tendrá ese enfoque asado en derechos, contemplando la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados.

Desde Cocemfe y nuestro Movimiento Asociativo estaremos pendientes y vigilantes en todo el proceso de aprobación e implantación, con el objetivo último de que sea una herramienta lo más completa y útil posible que consiga que las personas con discapacidad física y orgánica de este país no sigamos viendo vulnerados nuestros derechos.

Igualmente, seguiremos trabajando porque este camino que hemos comenzado a transitar hacia la plena adopción del modelo social de la discapacidad siga calando en toda la ciudadanía y en todos los ámbitos.