No a este Estatuto Marco. ¿Hay alternativas?

“El poder no se concede, se arrebata”. Esta célebre máxima de Simone de Beauvoir, concebida en el ámbito de la lucha por la emancipación femenina, resuena con inquietante actualidad en el debate sobre el modelo de empleo público sanitario en España. Durante décadas, los médicos del Sistema Nacional de Salud han visto cómo su estatus jurídico se debatía entre la norma común y la excepcionalidad, hasta llegar al reciente y fallido intento de imponer un Estatuto Marco del personal estatutario. Lejos de ser una simple actualización burocrática, la aprobación de dicho estatuto ha sido recibida con un rechazo frontal por una parte significativa de la profesión médica, que percibe en él una jaula de cristal: un marco que, so pretexto de garantizar derechos, consolida una relación de subordinación impropia de una profesión liberal e intelectual. Este ensayo sostiene que el rechazo al estatuto marco aprobado es legítimo y necesario, y que se debe transitar hacia una alternativa clara: la laboralización ordinaria o, mejor aún, el reconocimiento de una relación especial propia para los médicos, alejada del funcionarismo encorsetado y del estatutario desnaturalizado.

El rechazo al estatuto marco no es un capricho gremial, sino la respuesta lógica a un texto que ahonda en la contradicción original del personal estatutario. Creado en su día para los organismos autónomos sanitarios, el vínculo estatutario aspiraba a ser un punto medio entre el funcionario de carrera y el trabajador laboral. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, en manos de las gerencias y administraciones, el estatutario se ha convertido en una figura híbrida que acumula lo peor de ambos mundos: la movilidad forzosa y la pérdida de derechos de vacación y promoción del funcionario, sin la protección efectiva del despido laboral y sin la libertad de empresa o de contrato. El nuevo estatuto marco, lejos de corregir este desaguisado, lo agrava con mecanismos de planificación coactiva, jornadas extenuantes sin compensación digna y una carrera profesional tan opaca como discrecional. Por eso los médicos lo rechazan: porque no puede ser que quien asume la responsabilidad última sobre la vida de las personas tenga menos capacidad de decidir sobre su tiempo, su retribución y su desarrollo profesional que un administrativo de cualquier empresa privada.

Las dos vías alternativas para el empleo médico

Ante este fracaso, la alternativa no puede ser un retoque cosmético, sino un cambio de paradigma. Hay dos vías posibles, no necesariamente excluyentes, pero sí claras.

La primera es la laboralización plena del médico en el sector público. Significa aplicar el Estatuto de los Trabajadores sin más excepciones que las estrictamente necesarias por la naturaleza del servicio sanitario. El médico pasaría a ser un trabajador por cuenta ajena, con contrato individual, derecho a negociar complementos, libertad sindical plena y, sobre todo, acceso a la jurisdicción social para impugnar decisiones unilaterales de la empleadora. La laboralización acabaría con la figura de la “movilidad funcional” abusiva y con la imposición de guardias sin contraprestación justa, pues todo ello quedaría regulado por el convenio colectivo. Sin embargo, esta solución no es perfecta: sigue sujetando al médico a una relación de subordinación empresarial típica de una cadena de montaje, lo que contradice la esencia de un juicio clínico autónomo.

De ahí la segunda vía, más audaz y congruente con la historia de la profesión, también más rompedora y posiblemente rechazable: el reconocimiento de una relación especial propia para los médicos, asimilable a la de otros profesionales con estatutos particulares como notarios, registradores, fiscales o jueces. Esta relación especial no sería funcionarial ni laboral, sino profesional. Implicarla que el médico, incluso trabajando en red pública, no es un empleado jerarquizado sino un agente cooperador necesario, con un vínculo de sujeción especial derivado de su lex artis y su juramento hipocrático.

El hospital como espacio de colaboración profesional

Bajo este modelo, el hospital sería un espacio de colaboración entre profesionales autónomos, no una empresa de servicios. Las retribuciones serían honorarios por servicios clínicos (con pago por acto, por tiempo o por capitación, según se negocie), el descanso se regiría por acuerdos profesionales entre pares, y la responsabilidad patrimonial sería personal y asegurada, no absorbida acríticamente por la administración. Así se acabaría con la hipocresía actual: el médico es tratado como un funcionario cuando se trata de limitar sus derechos, pero como un profesional liberal cuando se le exige responsabilidad penal o civil.

Ciertamente, una relación especial propia asusta a las administraciones, porque perderían el control vertical sobre el colectivo médico. Y asusta a parte del sindicalismo laboralista, porque rompe con el molde unitario del trabajador asalariado. Pero es, sin duda, la alternativa más clara y respetuosa con la especificidad del acto médico. Mientras tanto, el estatuto marco aprobado —con su retórica de derechos y su práctica de control— merece ser rechazado porque perpetúa una anomalía: la de someter a los guardianes de la salud a las reglas de la burocracia más rancia.

La sentencia de Beauvoir nos recuerda que el poder de definir la propia relación laboral y profesional no se concede graciosamente desde los despachos oficiales. Es fruto de un conflicto y una conquista. Los médicos españoles han dicho “no” al estatuto marco porque intuyen —con acierto— que no es su estatuto, sino el de su domesticación. La laboralización, aunque imperfecta, sería un avance en derechos comunes; pero la relación especial propia sería la cima de la madurez profesional. Apostar por ella no es pedir un privilegio, sino reconocer una obviedad: curar no es administrar, y salvar vidas no puede regirse por las mismas normas que sellar sobres. Urge, pues, abandonar el estatuto marco fracasado y abrir el debate constituyente sobre el verdadero estatuto del médico. La salud de la profesión y, por extensión, la de los pacientes, así lo exigen.