Utilidad y justicia de las medidas de prevención y control de las epidemias

Frente a un problema colectivo de salud de cierta magnitud a menudo se tiende a pensar que lo pertinente es hacer todo lo posible para reducir su impacto directo sobre la morbi mortalidad que provoca, dejando en segundo plano la consideración de sus eventuales efectos adversos indirectos, muchos de los cuales son consecuencia de las medidas adoptadas para afrontarlo.

La consideración de las actuaciones realizadas para abordar la reciente pandemia de covid-19 nos permite ilustrar la afirmación previa.

La hoja de ruta que propone el informe sobre el desempeño del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente a la pandemia covid-19  para mejorar la respuesta frente a eventuales y probables futuras epidemias  incluye 12 dimensiones entre las que se distribuyen 72 acciones que definen las tareas a abordar,  se indican los responsables de ejecutarlas y se mencionan los plazos en los que convendría hacerlo.

Aunque  el informe se focaliza en el sistema sanitario, destaca la importancia de satisfacer la equidad como una de las metas indefectibles de las respuestas a estos problemas colectivos de salud.  Un propósito loable que no es fácil de alcanzar. Porque, como ha ocurrido con la covid-19, los perjuicios atribuibles directamente a la enfermedad acostumbran a distribuirse heterogéneamente, siendo los colectivos sociales más desfavorecidos los que suelen padecer las peores consecuencias que, además, pueden verse acentuadas por las medidas de prevención y de control que se adopten al respecto.

Efectos adversos sociales

Hay que ser conscientes, pues, que en ausencia de alternativas inocuas es imperativo asumir que algunas pérdidas serán inevitables. De modo que la política sanitaria que demuestre mejor relación coste-efectividad, en relación a las consecuencias de la enfermedad y provoque menos efectos negativos -directos e indirectos- será la más útil, mientras que la más justa será la que menos lesione la equidad social.

Estas consideraciones hacen imprescindible que, antes de la adopción de cualquier medida en este contexto, se consideren sus posibles repercusiones en forma de beneficios y perjuicios sanitarios y sociales, asumiendo en todo caso que estos últimos pueden ser difíciles o imposibles de evitar. 

Los efectos adversos sociales pueden afectar de modo distinto a unos colectivos que a otros. 

Las cuarentenas o, en su versión actual, los confinamientos, tienen efectos muy diferentes entre la población que puede perder su empleo -- lo que el gobierno español neutralizó parcialmente mediante los ERTE-- que entre los jubilados que reciben su pensión. 

Un ejemplo paradigmático de lo que acabamos de comentar son las repercusiones negativas que el confinamiento general y las restricciones escolares han tenido sobre el rendimiento de la población escolarizada, tal como ha puesto en evidencia el informe PISA de 2023. Sus datos han sido los peores para España y el conjunto de los países europeos desde el año 2000, cuando se publicó por primera vez. 

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"Es conocido que la educación, en el sentido de instrucción escolar general, es uno de los determinantes más contundentes de la salud"

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Los alumnos españoles del último curso de la ESO han bajado 8 puntos en matemáticas respecto a la edición anterior, de 2018 ―en la que ya cayeron mucho―hasta quedarse en 473.

Han retrocedido tres en comprensión lectora, hasta los 474. Si bien en términos relativos España se ha acercado al promedio de los países de la OCDE y de la Unión Europea, que verosímilmente se han visto también afectados por las restricciones escolares adoptadas para limitar la propagación de la pandemia.

Sabíamos que la clase social de origen era un determinante esencial del rendimiento escolar y de la posibilidad de progresar a estudios superiores. Los alumnos de clase social media-baja tienen muchas más probabilidades de dar resultados inferiores en los ítems del informe y de repetir curso que los de niveles sociales superiores.

Si los resultados del informe PISA 2023 pueden ser atribuidos, total o parcialmente, a los efectos inducidos por las medidas adoptadas para combatir la pandemia covid-19 se podría concluir que estas han afectado negativamente a la equidad e incrementado, por tanto, la desigualdad social.

Y es conocido que la educación, en el sentido de instrucción escolar general, más incluso que en el de la educación específicamente sanitaria, es uno de los determinantes más contundentes de la salud. Y, en consecuencia, de la reducción de la mortalidad prematura.

Una asociación que una exhaustiva revisión --que ha permitido llevar a cabo un meta análisis de más de 600 estudios sobre las poblaciones de 59 países-- ha mostrado que por cada año adicional de escolarización el riesgo de mortalidad se reduce casi un 2 por ciento.

Hasta donde se sabe, esta es la primera revisión sistemática, que incluye un metanálisis para  cuantificar la importancia de los años de escolaridad en la reducción de la mortalidad adulta, cuyos beneficios se extienden hasta la vejez y son sustanciales para ambos sexos y contextos económicos.

Trabajo éste que proporciona indicios convincentes de la importancia de la educación para mejorar la esperanza de vida y respalda las reivindicaciones de  una mayor inversión en educación como una decisión crucial para reducir las desigualdades globales en la mortalidad.

Para mejor valorar las repercusiones sobre la equidad y justicia social de las actuaciones diseñadas para combatir similares situaciones futuras, conviene pues introducir indicadores con los que orientarse al menos, en cuanto a las potenciales repercusiones indirectas, para tratar de optimizar la proporcionalidad de las medidas de prevención y de control que correspondería adoptar.