Lista de espera, doble aseguramiento y desigualdad social

La misión esencial de un sistema sanitario público es proporcionar una asistencia pertinente a la ciudadanía, es decir que además de justa, o sea equitativa, resulte efectiva, segura y accesible.  Desde luego que efectiva no significa omnipotente o milagrosa, pero sí que permita materializar las posibilidades preventivas, diagnósticas, terapéuticas y rehabilitadoras correspondientes a los conocimientos actuales sobre los problemas y necesidades razonables de la población, en un intervalo de tiempo consonante con su urgencia, gravedad y repercusión sobre la vida cotidiana de los afectados.

En España el doble aseguramiento no ha dejado de crecer en el último decenio situándose como líderes del ranking las comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares.  Aunque no es fácil acceder a datos fidedignos y actualizados sobre la magnitud y las características sociológicas de la población que tiene doble cobertura, sí podemos asegurar que la pandemia COVID-19 ha incrementado este atributo en lo que se refiere a la sanidad española .

Y una de las causas más verosímiles y probables de esta situación tiene que ver con el deterioro de la accesibilidad al sistema que afecta tanto al ámbito hospitalario como al de la atención primaria y comunitaria (APyC). Lo que ilustra claramente el dato de que la proporción de personas que han obtenido cita, personal o virtual, con su médico de familia en el mismo día, ha pasado del 64% en 2003 al 19% en 2023.  Mientras que el lapso de espera para cirugía no urgente ha llegado a ser en 2022 de 151 días en Cataluña y Aragón con una media estatal de 113.

Una situación que puede explicar la evolución claramente negativa del grado de satisfacción de la población con la sanidad pública a lo largo de este decenio, tanto respecto a la globalidad del sistema como a sus componentes hospitalario y de APyC.

Pero más grave todavía, es que una parte cada vez numerosa de la ciudadanía de nuestro país recurra al doble aseguramiento público y privado para poder recibir asistencia básica, lo que, entre otras cosas, implica el incremento de la desigualdad social al afectar también a colectivos poblacionales con pocos recursos.

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"Tal vez requiera compensar a los servicios autonómicos sanitarios públicos que efectivamente reduzcan las listas de espera de forma adecuada"

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Pero no solo. Si recordamos la ley de cuidados inversos, enunciada por el médico galés Tudor Hart hace más de 50 años, resulta que reciben más cuidados aquellos que menos los necesitan, lo que además de no respetar la equidad fomenta la medicalización y la iatrogenia.

Facilitar, por activa o por pasiva, el doble aseguramiento público y privado, basado además en pólizas de bajo coste y con escasa cobertura de riesgos, no supone mejora alguna de la solvencia sanitaria ya que, dado el rápido crecimiento del número de asegurados en el ámbito privado, ello también supone alargar las listas de espera en este sector.

La conjunción de las desigualdades sociales crecientes, de una utilización consumista, inadecuada, de los servicios sanitarios, de la inutilidad tolerada por gestores y profesionales de muchas de sus actuaciones que agrava su ineficiencia y de políticas paupérrimas en términos de recursos dedicados a afianzar el estado de bienestar, forman un cocktail complejo y explosivo, difícil de abordar.

No basta con incluir en los discursos públicos y privados algunos mantras sobre la importancia de los determinantes sociales o, por decirlo más claro, de la pobreza social y cultural respecto al nivel de salud individual y colectiva. Es preciso que las autoridades competentes actúen sin más dilación.

Y como la responsabilidad es distinta según el ámbito autonómico o estatal del que se trate, a los unos les corresponde incentivar efectivamente a los otros para que la situación no empeore. Lo que, pensando en voz alta, tal vez requiera compensar a los servicios autonómicos sanitarios públicos que efectivamente reduzcan las listas de espera de forma adecuada.