La marginación, secular, de la Salud Pública

La pandemia covid-19 ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, las insuficiencias de los dispositivos de Salud Pública en diversos países, entre ellos el nuestro.  Aún hoy está bastante extendida la idea de que Salud Pública se refiere a la sanidad financiada con recursos públicos cuando en realidad sus competencias y recursos desbordan ampliamente los límites del sistema sanitario e implican a otros sectores sociales de actividad, principalmente aquellos más directamente relacionados con los determinantes de la salud individual y colectiva.

Además, la Salud Pública es también un instrumento de gobernabilidad de los estados que, al igual que otros aparatos de las administraciones, como por ejemplo los cuerpos y fuerzas de seguridad, los responsables de la seguridad vial o las agencias tributarias, está capacitado legalmente para sancionar e incluso para coartar si es preciso derechos y libertades civiles. En su caso y si un peligro para la salud colectiva lo justifica, claro está.

Según la Ley General de Salud Pública de 2011 se trata del conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo.

Una Ley que tiene todavía -- más de veinte años después de su promulgación unánime por el parlamento-- por desarrollar aspectos esenciales de sus disposiciones, imprescindibles  para poder responsabilizarse de las funciones que se supone debería asumir la Salud Pública. Según la ley vigente pero también según las recomendaciones internacionales.

---

"Una Salud Pública moderna debería facilitar la implicación de la ciudadanía en el control de los determinantes de su propia salud"

---

Funciones y servicios que tienen que ver con el conocimiento de los problemas de salud y de sus determinantes en el conjunto de la población; con el fomento y la implementación de las políticas sanitarias de protección y promoción colectivas de la salud comunitaria; con garantizar una evaluación suficiente de las actividades que influyen en la salud de las personas y las comunidades, unos recursos humanos solventes, una legislación pertinente, sin olvidar la coordinación  con la atención sanitaria, particularmente con la Atención Primaria que es, por naturaleza, también comunitaria.

Una Salud Pública moderna debería facilitar la implicación de la ciudadanía en el control de los determinantes de su propia salud. Sin paternalismos impertinentes ni adoctrinamientos fundamentalistas. Porque la salud no es tanto un fin en sí mismo, como un medio para vivir plenamente la vida. Y, sobre todo, porque la salud --en positivo-- no depende de la sanidad. Únicamente, claro.

Pero para ello es imprescindible conocer que es necesario para que las instituciones de la Salud Pública puedan llevar a cabo adecuadamente sus funciones y los servicios y actividades correspondientes.  En 2019 la Salud Pública  suponía  el 1'1% del gasto sanitario público. Mientras que la proporción del PIB dedicada a la sanidad era del 6'2%-

Agrupa unos recursos personales envejecidos que trabajan en condiciones precarias y que deben satisfacer competencias profesionales de muy diversa naturaleza, lo que supone conocimientos, habilidades y actitudes que requieren una formación específica suficiente, actualmente solo asequible en parte para los graduados en medicina y enfermería que acceden a los programas de residencia de Medicina Preventiva y Salud Púbica y de Enfermería Comunitaria de cuatro y dos años, respectivamente.

En este inquietante contexto, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) acaba de editar el documento 'La profesión de la salud pública y sus profesionales. Un reto urgente para fortalecer la práctica de la salud pública' con el propósito de contribuir a fortalecer la práctica profesional en este ámbito a partir de la identificación de algunos de sus problemas y sus posibles soluciones. El documento destaca entre sus recomendaciones las siguientes: 
 
- La salud pública debería desarrollar capacidades de liderazgo y defensa de la salud de las personas, desde una perspectiva y práctica multidisciplinar e intersectorial.

- Las políticas de salud pública se deben basar en la mejor información disponible y en su caso asumir razonablemente la incertidumbre.

- Actualmente, la formación en salud pública se ofrece fundamentalmente a través de la oferta
MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública y de EIR en Enfermería Familiar y Comunitaria,junto a programas de postgrado, sean másteres o diplomas, pero también  mediante asignaturas de salud pública en los grados de Enfermería, Farmacia, Medicina, Veterinaria y otros de Ciencias de la Salud. Es necesario definir los contenidos teóricos y prácticos para la formación común de todos los profesionales de la salud pública y permitir así que compartan un mismo marco conceptual y metodológico.

- Las instituciones de salud pública son de carácter interdisciplinar e interprofesional y precisamente por ello deberían estar bien definidas las competencias de sus profesionales, tanto las transversales, comunes a todos, como las específicas de cada ámbito de intervención, así como los protocolos de actuación para desarrollar dichas competencias.

- Algunos de los factores que pueden hacer más atractiva la dedicación profesional a la salud pública son, además de la retribución, la convocatoria de plazas con regularidad, la estabilidad laboral y unas adecuadas condiciones de trabajo.

- La potenciación y respeto de la autonomía profesional en el contexto político en que se adoptan numerosas decisiones de salud pública es otro de los requisitos para fomentar el prestigio de la profesión.

- Es preciso que las administraciones competentes establezcan con claridad los criterios y procedimientos de acreditación de los profesionales y de las instituciones de salud pública.

- Es necesario establecer nuevos mecanismos de ingreso en las administraciones públicas (locales, autonómicas o estatales), tanto en relación con los procedimientos de acceso como con los baremos aplicables.

SESPAS, y las sociedades que la conforman, han de seguir fomentando el profesionalismo y establecer unos requisitos éticos y deontológicos básicos para el ejercicio en este ámbito.

La Salud Pública y la Salud Mental han compartido secularmente la consideración de ámbitos marginales de los sistemas sanitarios de los países desarrollados occidentales y ello es así a pesar de la relevancia de los problemas que abordan, tanto desde la perspectiva de su prevalencia como de su repercusión sobre la salud y bienestar individual y colectiva. Es preciso corregir esta situación y reequilibrar las prioridades de las políticas sociales si se quiere mejorar la efectividad y eficiencia de los recursos sanitarios públicos.