Los medios de comunicación generales y profesionales se hacen eco, cada vez con mayor frecuencia, de las declaraciones de políticos y expertos que coinciden en que, sin despreciar los elementos positivos del sistema sanitario nacido con La Ley General de Sanidad (LGS) (1986), es imprescindible y hasta perentorio actualizar algunos aspectos de su diseño, financiación, organización, recursos personales, programas e intervenciones para adaptarlos a los cambios que ha experimentado la sociedad en estos últimos años y mejorar su deteriorada capacidad de respuesta a las necesidades – que no son exclusivamente las de la demanda, inducida o no-- del siglo XXI, de modo que no solo se preserve su existencia sino también su viabilidad y progreso a medio y largo plazo.
Claro que la coincidencia en la necesidad de cambios no se traslada a la orientación, ni a la intensidad y ni siquiera a las características específicas de tales modificaciones, puesto que, por un lado hay quienes preconizan un adelgazamiento del estado de bienestar en beneficio de una privatización más o menos intensa de las prestaciones sanitarias y sociales públicas -- esencialmente originadas en el espectro ideológico conservador y- por otro-también abundan quienes consideran que la mejora de nuestro sistema precisa solamente de cambios menores.
En cualquier caso, limitarse, como hasta ahora, a reclamar la necesidad de cambios sin entrar a definir las fases y hasta la ubicación temporal de las actuaciones necesarias para alcanzarlos no deja de ser una muestra de frivolidad intelectual y política que, al final, no conduce más que a la frustración y que, además de favorecer el diletantismo, pone en riesgo la propia sostenibilidad del sistema.
Estrategias de transición ante la confrontación política
Obviamente, la actual situación política de nuestro país, caracterizada por un clima de confrontación partidista exacerbada, bastante insensata y que se podría calificar -en este medio de comunicación-- como de predominio hipotalámico, hace difícil que nuestros líderes y estrategas políticos puedan centrar su atención en asuntos ajenos a la descalificación personal y colectiva. Aunque no por ello hayamos de renunciar a seguir reclamándoles, en primer lugar, un posicionamiento claro sobre el futuro político de los servicios sanitarios y sociales y, a continuación, que analicen la viabilidad de los cambios que proponen, mediante el diseño de estrategias de transición que, sin ocasionar disrupciones significativas del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario, permitan avanzar en su proceso de transformación.
Si bien, como apuntábamos antes, todavía algunos expertos y líderes siguen afirmando que no hace falta introducir cambios relevantes en el marco legislativo (LGS) y que lo que hay que hacer son correcciones y variaciones relativamente menores, parece que cada vez es más numeroso el grupo de quienes consideran imprescindible reorientar conceptualmente el sistema introduciendo en su frontispicio elementos de transversalidad, intersectorialidad e integración social y sanitaria, insuficientemente contemplados en el marco actual, así como perfeccionar y adaptar a los nuevos contextos culturales y tecnológicos algunos de los pilares esenciales del sistema.
Propuestas estratégicas ante las próximas elecciones generales
Por todo ello y teniendo en cuenta que, en cualquier caso, dentro de unos pocos meses se celebraran las próximas elecciones generales, convendría que las diferentes fuerzas políticas definieran, además de sus propósitos y deseos acerca del carácter y la naturaleza de la sanidad pública –e incluso mejor del sistema socio-sanitario público-- sus propuestas estratégicas de cambio en este ámbito y que las fueran haciendo llegar ya a la ciudadanía y a los sectores profesionales y sindicales.
En este sentido, las instituciones y corporaciones sanitarias y los diferentes “think tanks” sanitarios españoles podrían actuar como generadores de ideas, y hasta como elementos de presión sobre las cúpulas de los partidos para reclamarles que hagan públicas sus propuestas de cambio lo antes posible.
Los estados de bienestar europeos, entre ellos el nuestro, parecen estar resistiendo, no sin dificultades, los embates ideológicos conservadores emergentes en muchos países y se hace cada vez más evidente la necesidad de generar iniciativas políticas que impidan el deterioro y desprestigio poblacional de sus pilares fundamentales, en este caso de los servicios públicos del ámbito de la salud y el soporte social. Parece obvio que no podemos asistir pasivamente a estos retrocesos por más tiempo.
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