La agencia de Salud Pública en el estado de las autonomías

El establecimiento efectivo de la Agencia de Salud Pública cuya creación, tras un largo proceso de gestión gubernamental mereció por fin la aprobación parlamentaria, podría servir, tal vez, para favorecer la necesaria lealtad de los partidos políticos a las imprescindibles bases compartidas de la democracia parlamentaria. Una fidelidad que la desorbitada confrontación partidista viene mutilando últimamente.

Una institución que debería gozar de un prestigio profesional indiscutible y de una independencia funcional suficiente como para que el conjunto de las fuerzas políticas y de las instituciones y organizaciones profesionales respetara sus análisis e iniciativas, evitando ser ubicada en el centro de la arena política. 

Entre sus diversas competencias la Agencia podría jugar un papel decisivo a la hora de coordinar, dirigir y producir información relevante, válida y precisa, sobre los problemas de salud colectivos y sus determinantes. Una función imprescindible para racionalizar los planes y programas de prevención y control de los problemas de salud colectivos y, también para evaluar la efectividad, eficiencia, equidad y seguridad de las intervenciones aplicadas.

Aunque el impulso político definitivo para la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública contemplada en la Ley General de Salud Pública del año 2011 se generó tras la pandemia covid-19 iniciada en España en 2020, es importante evitar el error de centrar excesivamente las competencias y acciones básicas de la Agencia en el campo de las epidemias o pandemias y ubicar en un plano más secundario todas las demás.

Por lo que hace al reparto de la capacidad competencial de actuación entre la Agencia y las Comunidades Autónomas (CCAA) nos parece necesario remarcar que, si bien la mayoría de las actuaciones sanitarias están transferidas, el estado a través del Ministerio de Sanidad mantiene las de regulación básica del sistema sanitario, coordinación general y cooperación interterritorial, planificación y evaluación global del Sistema Nacional de Salud (SNS), gestión de emergencias sanitarias de ámbito nacional y aprobación de carteras comunes de servicios.

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"Bienvenida sea, y cuanto antes, la nueva Agencia de Salud Pública, que quizás pueda contribuir a frenar el deterioro de las reglas esenciales de la convivencia social y política más allá del partidismo"

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Tampoco debe olvidarse que mientras los aspectos operativos y de aplicación de los programas y actuaciones sanitarias pueden y deben ser dirigidos desde los organismos de salud pública de las CCAA, es imprescindible en aras de su mejor efectividad y eficiencia, que los elementos estratégicos sean competencia de una Agencia Estatal de Salud Pública que nutre sus análisis, decisiones y diseños en las aportaciones del conjunto del SNS. Un planteamiento de este tipo supondría sin duda un beneficio notorio, a la hora de implementar y en su caso de adaptar o corregir procedimientos y actuaciones mejorables. Lo que tal vez nos podría ahorrar situaciones tan sorprendentes y bochornosas como, por ejemplo, el incumplimiento de la normativa vigente sobre la existencia de registros y bases de datos de interés sanitario.

Una responsabilidad en cierto modo análoga a la de otras instituciones públicas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, con el que, por cierto, la nueva agencia debería colaborar estrechamente.

Bienvenida sea, pues y cuanto antes, la nueva Agencia de Salud Pública, que quizás pueda contribuir a frenar el deterioro de las reglas esenciales de la convivencia social y política más allá del partidismo, aunque además de las responsabilidades que se le atribuyen --la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias, trasladar información a la ciudadanía ante el riesgo y prestar asistencia, asesoramiento y soporte a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo requiera—a todos nos convendría que jugara un papel innovador a la hora de abordar los problemas colectivos de salud comunitaria de forma más transversal, intersectorial y multidisciplinaria, lo que supondría un elemento sustancial para incrementar la racionalidad de las políticas de salud y las sanitarias, característica que la situación actual del sistema sanitario está pidiendo a gritos.