Médicos de Admisión y Documentación Clínica alertan de una brecha en la sostenibilidad del SNS

A menudo se interpreta como una declaración ideológica afirmar que nuestro sistema sanitario no es gratuito, pero en realidad se trata de una cuestión técnica: de financiación y sostenibilidad.

Nuestro Sistema Nacional de Salud es universal, pero no ilimitado. Y su sostenibilidad resulta cada vez más complicada.

Todas las personas que contribuyen o están amparadas por alguna prestación del sistema tienen derecho a la asistencia sanitaria pública. La legislación refuerza, además, la atención a colectivos vulnerables como las embarazadas, los menores o los afectados por problemas de salud pública. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando alguien, nacional o extranjero, no cumple los requisitos de aseguramiento o no tiene reconocido ese derecho en el momento de ser atendido en un centro público?

Porque atenderle se le atiende. Esa es nuestra esencia como sistema y como profesionales sanitarios: nadie queda sin asistencia. Pero esa atención genera un gasto, y en España no se cobra directamente antes de la asistencia; se etiqueta, asignando un garante y responsable financiero.

Ahí recae el trabajo decisivo de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, en colaboración con los departamentos de Facturación. Mientras los focos se centran en la parte clínica, estos servicios garantizan que cada acto asistencial tenga un responsable financiero identificado. Que exista un “quién paga”, no para excluir, sino para que el sistema pueda seguir incluyendo a todos.

Esa tarea no es sencilla, especialmente cuando persiste en la sociedad la percepción de que la sanidad española es completamente gratuita. Esa afirmación se escucha a diario en los mostradores de Admisión de Urgencias del SNS. Son momentos en los que la gestión se tiñe de conflicto: “¿Cómo me dice usted que pueden cobrarme por no tener aseguramiento? ¡Solo les falta poner un datáfono en un hospital público!”.

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"España necesita un marco nacional común que establezca criterios homogéneos en la identificación de garantes y en la financiación de la asistencia sanitaria"

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El médico de Admisión no es ajeno a esta cuestión: es el clínico del flujo de pacientes, un vigilante local de la asignación de financiadores. Con cada episodio correctamente clasificado y con cada garante asignado, se contribuye a mantener el equilibrio financiero de un sistema que no facilita hablar con naturalidad sobre cobros a pacientes sin aseguramiento.

¿Cuántos accidentes de tráfico o caídas durante actividades federadas se asignan finalmente a un garante público? ¿Cuántos accidentes laborales repercuten en el fondo común del sistema sanitario? Si la mutua o la entidad aseguradora no se hace cargo, se convierte en un problema de facturación, con un impacto económico.

Y cuando no hay garante o existen dudas, aparece una figura a menudo controvertida: el “paciente particular”, el verdaderamente facturable. En esos casos se puede emitir una factura y llegar a cobrarla. En esa frontera también se decide el futuro de la sostenibilidad del sistema.

Ahí se pone a prueba la coherencia de la financiación pública y la madurez del ciudadano para entender que la percepción de gratuidad total no refleja el funcionamiento real del sistema. Ante situaciones como el accidente sin seguro, el trabajador sin alta o el turista sin cobertura, el sistema debe asignar un financiador claro. Esto requiere un consenso técnico y operativo común, con independencia de los cambios políticos. La responsabilidad financiera no puede diluirse en la buena voluntad de un sistema que ya soporta una gran presión asistencial y presupuestaria.

A este reto se suma otro, estructural y persistente: la fragmentación territorial del sistema sanitario español. El actual modelo autonómico implica la coexistencia de distintos marcos de gestión, facturación y asignación de garantes: diecisiete marcos autonómicos más el de Ceuta y Melilla, todos con distintas formas de aplicar un mismo principio: la financiación de la atención sanitaria.

Algunas comunidades han desarrollado sistemas normativos claros, con formación específica, procedimientos y herramientas bien definidas. Otras mantienen modelos heterogéneos y dependientes de interpretaciones locales. El resultado es un sistema desigual y difícilmente interoperable.

Esta falta de homogeneidad complica incluso la facturación íntercentros entre comunidades, generando retrasos, discrepancias y una gestión económica más lenta de lo que la sociedad actual demanda. El Fondo de Cohesión se creó precisamente para compensar esos desequilibrios, pero su sola existencia evidencia el problema: no existe una directriz estatal clara sobre cómo deben asignarse los garantes o reconocerse los financiadores.

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"La salud financiera del SNS depende tanto de la actividad asistencial como de los mecanismos que garantizan una financiación coherente"

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España necesita un marco nacional común que establezca criterios homogéneos en la identificación de garantes y en la financiación de la asistencia sanitaria, aplicables de forma uniforme y efectiva en los Servicios de Admisión y Facturación del SNS. Un modelo en el que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia o movilidad, disponga de una trazabilidad de su financiador sanitario actualizado, coherente y transparente.

Para lograrlo, la solución pasa inevitablemente por la tecnología. Las personas cambian de garante o aseguramiento varias veces a lo largo de su vida, y actualmente no existe una herramienta tecnológica nacional que lo gestione de manera sencilla, interoperable y fiable. Invertir en esa herramienta, así como en formación y normativa común, no es un lujo: es una necesidad.

La salud financiera del SNS depende tanto de la actividad asistencial como de los mecanismos que garantizan una financiación coherente. Sin esa base, la cohesión seguirá siendo un ideal más que una realidad.

Los médicos de Admisión y Documentación Clínica permanecen en primera línea de esta transformación. Su labor no se mide solo en tiempos de espera o satisfacción del paciente, sino en sostenibilidad, garantía de equidad, equilibrio financiero y continuidad del modelo público.

Ávidos de formación y estandarización, desde las Unidades de Admisión y Documentación Clínica reclaman de forma urgente un marco común en los sistemas de asignación de garantes y financiadores, que refuerce la coherencia del sistema y garantice su sostenibilidad.