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Agresiones al personal sanitario

Por Manuel Cascos Fernández, secretario provincial de Satse en Córdoba
Lunes, 13 de febrero de 2017, a las 18:10
Cada año, cientos de profesionales de la sanidad pública en la provincia de Córdoba y en Andalucía son agredidos física o verbalmente mientras desarrollan su labor profesional, prestando atención sanitaria y cuidados a los pacientes y ciudadanos con problemas de salud. Generalmente, la agresión proviene de familiares de dichos pacientes que, por razones que nadie entiende ni tienen justificación alguna, deciden agredir física o verbalmente a los profesionales.

Es necesario resaltar que no hay nada, absolutamente nada, que pueda justificar una agresión al personal de los centros sanitarios públicos. Y también es necesario resaltar que los profesionales no son responsables de las deficiencias del sistema sanitario, ante la posibilidad que ésta situación pueda tensar el entorno e influir en el ánimo de una persona que decide agredir a un profesional de la salud. Las listas de espera, las demoras para ser atendido, la falta de medios y recursos, la falta de profesionales, etc., son responsabilidad directa y exclusiva de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía.

Por tanto, si un ciudadano está molesto o irritado con la situación o posibles deficiencias del sistema sanitario, no es contra el profesional con quién ha de dirigir su disconformidad en forma de agresión, sino hacerlo pacíficamente por los cauces establecidos normativamente, como son las reclamaciones administrativas y otros procedimientos más firmes, si lo consideran oportuno, pero nunca contra el profesional, sino contra la Dirección Gerencia que es la responsable de los medios y recursos de cada centro sanitarios y hacerlo, insisto, de manera pacífica y por los cauces establecidos legalmente al respecto.

Por otro, lado es llamativa la reiterada e ineficaz respuesta de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía ante las agresiones al personal de los centros sanitarios. Solo reacciona cuando ya se ha producido la agresión, activando el mal llamado 'Plan de Prevención de las Agresiones'. Pues dicho plan no ha prevenido ni una sola agresión, ya que la Administración sanitaria solo actúa tras producirse la agresión, con medidas posteriores a la misma, como asesoramiento jurídico y apoyo psicológico al profesional y poco más, que en absoluto tienen carácter preventivo.

Desde Satse llevamos años reiterando y exigiendo a la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía, la necesidad de investigar profundamente las causas que están detrás de cada agresión física o verbal a un profesional de la sanidad pública.

Sin embargo, se niega insistentemente, consciente de que si se investiga y se conocen las posibles causas que han propiciado o favorecido cada agresión, seguramente en la mayoría de los casos, encontraríamos deficiencias del sistema sanitario, provocadas generalmente por falta de medios y recursos que dificultan una atención sanitaria ágil, de calidad y segura. Con lo que quedaría en evidencia la irresponsabilidad en el comportamiento de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía, en algo tan sensible e inaceptable como es la agresión a un profesional de la sanidad pública.

Por tanto, y ante el continuo crecimiento de las agresiones al personal de la sanidad pública, la mayoría sufridas por personal de Enfermería, no se puede dilatar más el acometer un análisis serio y riguroso de las posibles causas que generan cada agresión, si de verdad se quiere atajar esta lacra que golpea sin piedad al personal de los centros sanitarios. Cuando se acometa la raíz del problema y se solucionen las causas de dichas agresiones, entonces sí estaremos haciendo prevención real, mientras eso no ocurra seguiremos sufriendo los golpes agresivos de los intolerantes e incisivos ciudadanos que acometen contra un profesional indefenso que solo ofrece atención sanitaria y cuidados, así como ayuda a las personas con problemas de salud.

Por todo ello es hora a mi juicio de que la Junta de Andalucía abandone su irresponsable comportamiento en la prevención de las agresiones al personal de los centros sanitarios de la sanidad pública en la provincia de Córdoba y andaluza, y minimicen al máximo las posibles causas que tensan los ambientes y enrarecen la relación entre los pacientes y sus familiares con los profesionales, generalmente por falta de medios y recursos, en muchos ocasiones, recursos humanos.
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