Redacción Médica
24 de septiembre de 2018 | Actualizado: Lunes a las 19:05
Sábado, 25 de enero de 2014, a las 18:29

El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y Derechos de la Mujer Embarazada se está convirtiendo en otro frente, y cada vez más amplio, de desgaste en la tarea de Gobierno que ejerce el PP desde hace poco más de dos años. Por si no fueran pocos los problemas y circunstancias adversas que le vienen acosando en esta legislatura, el Gobierno de Rajoy no ha parecido tener mejor idea, a través del ministro Ruiz-Gallardón, de presentar una reforma legislativa en un asunto controvertido como pocos donde existen sensibilidades y juicios muy difíciles de conciliar.

Sanitaria 2000 ha promovido un mayor conocimiento del tema con un debate que ha reunido a cinco expertos en la materia, cinco primeros espadas que han conformado una conversación de muy alto nivel científico y técnico, imprescindible para todo aquel que quiera tener más elementos de juicio al respecto, además de los personales (http://www.redaccionmedica.com/noticia/las-leyes-no-modifican-el-numero-de-abortos-3474). Y escuchando con atención a los profesionales, parece evidente que, al margen de otras consideraciones, el anteproyecto es poco consistente, algo precipitado, con un contenido excesivamente medicalizado y con poco espacio para la formación y la prevención, tareas fundamentales en la necesaria mejora de la salud sexual de la mujer.

En el ámbito sanitario, y más concretamente en el médico, es una evidencia que el aborto genera el más unánime de los rechazos. Ahora bien, este posicionamiento muy definido a favor de la vida, que va en la misma esencia del acto médico, no oculta la realidad que rodea a las interrupciones voluntarias, a las malformaciones, a las violaciones, circunstancias todas que son reales como la vida misma y que es preciso regular.

Como en otras muchas ocasiones, el Gobierno ha perdido una buena oportunidad para pedir la opinión de los profesionales antes de lanzarse a legislar. En este caso, ni la OMC ni la SEGO han sido consultadas y esto introduce un factor de escepticismo que lastra todo el articulado. Si a ello se añaden las primeras reacciones negativas procedentes de muy diversos ámbitos políticos y sociales, que impiden alcanzar una fórmula de respeto y de encuentro entre todas las opiniones, el diagnóstico de la reforma no puede ser más desfavorable.

Los médicos están preocupados por el papel que les quiere adjudicar el Gobierno: será necesario un informe emitido por dos profesionales ajenos al centro donde se hará el aborto. Y el profesional puede preguntarse con toda la razón por qué debe tener él la última palabra sobre una cuestión no solamente médica, sino también social, económica y, lo más importante, personal, en la que la madre tiene la decisión más importante.

Por eso el legislador, anteriormente, le había dado a la madre la posibilidad de decidir en un plazo determinado, prevaleciendo su juicio sobre el del no nacido. Así ocurre en muchos otros países de nuestro entorno, y los problemas se reducen notablemente. Esto es precisamente lo que quiere corregir el Gobierno, que no quiere que el aborto se termine convirtiendo en un método anticonceptivo más y que pretende elevar el derecho del no nacido a la altura del de la madre para que no prevalezca su opinión cuando implica la terminación de la vida.

Pero, se pongan como se pongan las leyes, los abortos van a seguir existiendo. Por eso es conveniente y en eso coinciden casi todos los expertos, que se alcance un acuerdo que pueda incluir a la gran mayoría de sensibilidades y opiniones.

Hasta el propio presidente Rajoy no ha tenido más remedio que reconocer que el anteproyecto es susceptible de mejoras, lo que abre de par en par la puerta al inicio de un diálogo político, social y, sobre todo, profesional para redactar un nuevo texto.