Este fin de semana se ha sabido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obliga a la Conselleria de Sanidad a ampliar y detallar la información sobre los pagos a la sanidad privada motivados por las derivaciones, como parte del plan de choque de las listas de espera en la pública.
Un aviso a navegantes, en este caso personalizado en el departamento valenciano. Es mejor ir con los datos por delante que malgastar tiempo y credibilidad en excusas, porque luego la Justicia lógicamente no entiende que no haya transparencia absoluta.
Los conciertos con la sanidad privada se deben normalizar, desterrar los prejuicios políticos de una vez. Se ha visto y comprobado que son inevitables por la falta de recursos sanitarios públicos suficientes para atender la demanda de la población, por lo que son imprescindibles para que el sistema sanitario sea capaz de asumir la demanda de pacientes.
Pero igual que hay que normalizar esa cooperación entre el sector privado y el sector público, se deben generar unas reglas del juego transparentes y que no dejen lugar a dudas sobre la adjudicación de los contratos y el resultado de los mismos, con indicadores y medición de resultados sanitarios en cada hospital.
La situación generada en la Comunidad Valenciana a raíz de la sentencia del TSJCV debe solventarse sin mayor problema, y sería bueno que a partir de ahora no se tenga que recurrir en España a la instancia judicial para que se dé la información pertinente y suficiente, algo que proporciona garantías y transparencia tanto al sector público como al privado.
Es ahí donde se debe generar una norma de carácter estatal que permita tener esas garantías para que realmente se normalice esa relación entre el sector privado y el público, y que sea de aplicación a todo el ámbito nacional para que se saque del debate político una relación que es inevitable e imprescindible para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Los poderes nunca deben rehuir la rendición de cuentas claras a la sociedad. Solo así se cumple con el compromiso que adquiere el servidor público con la ciudadanía al tomar posesión de un cargo en la administración. Con la claridad en las cuentas se genera confianza y buen gobierno. De otra forma se siembran dudas y sombras que no son beneficiosas para nada ni para nadie.