Carlos Rodrigo, presidente de SanitatSolsUna
Mié 15 mayo de 2019. 11.00H
Firmas
Tras las últimas elecciones generales, es normal que el partido ganador se considere legitimado para llevar adelante su programa electoral. Es lógico y esas son las reglas del sistema democrático.

Es verdad que, las características de nuestro sistema electoral producen algunos efectos adversos, como la enorme representación que algunos partidos tienen en relación a sus votos, pero es el que esta vigente y a todos obliga.

Sin embargo, cuando se constituya el gobierno, este debe tratar de escuchar y de gobernar para todos, y lo que nunca debería hacer es gobernar en contra del interés del ciudadano.

Desde el punto de vista sanitario, ¿que necesitamos los ciudadanos? 

Las personas necesitamos que, ante cualquier contingencia sanitaria, se nos pueda atender por parte del profesional adecuado, en el lugar adecuado, lo antes posible, y con la mayor calidad, y es obligación de la administración hacerlo de la forma más eficiente, es decir con el menor coste posible.

La administración se llama así, porque administra los recursos que los ciudadanos ponemos en sus manos para que los administren de la manera más eficiente.

Todos sabemos, nuestros políticos también, que el Sistema nacional de Salud, tiene graves problemas desde hace muchos años. Ya lo puso de manifiesto el informe Abril hace mas de treinta años. Los costes de las infraestructuras, de la tecnología, de los nuevos fármacos, los recursos humanos …etc, hacen que el sistema no pueda sostenerse y de ahí que vaya acumulando déficit año tras año. Todos somos conscientes de que llegará un momento en que o desaparecerá tal y como lo conocemos, o acabará reducido a una serie de prestaciones básicas o a algunas técnicas o procedimientos carísimos pero muy reducidos.

A pesar de lo anterior nuestros dirigentes siguen aplicando los remedios de siempre con lo que obtienen los resultados de siempre.

Hace años surgió una nueva forma de gestión, las concesiones administrativas, lo que se ha dado en llamar colaboración público privada, aunque en realidad deberíamos hablar de gestión indirecta, pues se trata de gestionar un servicio público por parte de un gestor privado experto en la materia.

Ejemplos de colaboración público privada hay muchos desde hace muchos años, las oficinas de farmacia, el sistema de asistencia de los funcionarios Muface), los consorcios, los servicios concertados…etc.

En el caso de las concesiones sanitarias, lo que conocemos como modelo Alzira, no nos cansaremos de repetirlo, el servicio es público, las directrices, las grandes líneas estratégicas, los programas y/o planes son las que marca la administración sanitaria. La gestión es llevada a cabo por parte de la empresa concesionaria. La administración tiene la responsabilidad de controlar, auditar y vigilar de forma que la prestación se lleve a cabo con la calidad y en los plazos previstos.

Todos los informes y auditorias llevadas a cabo hasta ahora, la mayoría de ellas elaboradas por organismos independientes, entre las que destacan las tres auditorias hechas por la Sindicatura de cuentas de la Genaralitat Valenciana, concluyen que el servicio prestado por los departamentos de Salud gestionados bajo el modelo Alzira ofrece altos niveles de calidad, obtiene los primeros puestos en cuanto a cumplimiento de los indicadores de salud fijados por la Consellería de Sanidad, invierten más en tecnología, tienen una cartera de servicios más amplia y además son mas eficientes, pues suponen un coste un 25 % inferior al de los departamentos de gestión pública, lo que supone un ahorro para las arcas publicas de unos 45 millones de euros al año por departamento.

¿Como es posible esto? A nuestro juicio, dos son las claves:

Una, la financiación capitativa, es decir el concesionario recibe un pago anual por cada ciudadano adscrito, ese es el presupuesto, un presupuesto cerrado.
En segundo lugar, la transferencia de riesgo, es decir, si lo hace mal, la empresa concesionaria se juega su dinero, no hay posibilidad de generar déficit.

Estas son las palancas que motivan, que obligan a la organización a hacer las cosas bien, es decir a intentar mantener a su población lo mas sana posible, el mayor tiempo posible, ya que así los costes serán menores y la cuenta de resultados final mejor.

De ahí que en las concesiones administrativas se ha avanzado mucho más en integración entre niveles asistenciales, es decir entre Atención primaria y Hospitalaria, se trabaja con más intensidad en programas de promoción de la salud y en prevención, hay menores listas de espera o demoras en consulta o técnicas, para evitar que el paciente tenga que buscar otros lugares de atención. 

A pesar de estas evidencias, en una actitud claramente regresiva (aunque lo tilden de progresista), una alternativa que esta ofreciendo estos niveles de eficacia y eficiencia, se cercena y se regresa a formas de gestión que esta ofreciendo graves carencias, con listas de espera absolutamente inasumibles, con demoras para técnicas y consulta tercermundistas y con unos niveles de productividad claramente mejorables y con altos niveles de insatisfacción tanto en pacientes como en profesionales.

Precisamente son estos problemas, que presenta el sistema nacional de salud bajo gestión publica, lo que esta propiciando un crecimiento del sector sanitario privado, que en España esta alcanzando una cobertura de alrededor del 17 %, con un crecimiento en el último año de aproximadamente un 4 %, sistema al que acuden muchos ciudadanos que optan por un doble aseguramiento, con la idea de no soportar esas demoras de forma habitual.  Las concesiones sanitarias precisamente, son una alternativa eficaz para mejorar el servicio público, evitando que el ciudadano tenga que optar por otras alternativas de atención sanitaria.

El enemigo del Sistema Nacional de Salud no son las concesiones, es deterioro del propio sistema por su falta de gestión, su coste y su colapso.

No es cuestión de dedicar más recursos, pues estos son finitos, sino de aprovechar todos los existentes, entre ellos los de la iniciativa privada, pues no debemos olvidar que, al cabo de los años, la administración se encuentra con unas infraestructuras, un equipamiento y unos centros que pasan a ser de su propiedad, sin haber tenido que asumir unas inversiones para las que no hay recursos suficientes.

Un gobierno debe gobernar pensando en el interés del ciudadano, y no bajo parámetros exclusivamente ideológicos aplicados de forma sectaria con la idea maniquea de que solo una forma de actuar es la buena y lo demás es todo malo.