11 dic 2018 | Actualizado: 19:00
En los últimos días se ha enfatizado el debate sobre el malestar sentido por los profesionales de la Sanidad en la provincia de Tarragona. No es un hecho casual, sino una de las consecuencias de las restricciones y recortes que está sufriendo nuestro sistema sanitario en los últimos años y que afectan a todos los pacientes, muy especialmente a los más frágiles y en ocasiones más marginados de nuestra sociedad, como son los crónicos-dependientes, los terminales, los ancianos y los psiquiátricos.

Nuestros políticos han ido reduciendo los recursos dedicados a la Sanidad durante los últimos ejercicios con el fin de ajustar el presupuesto global de la Generalitat. No obstante, cabría advertir si ese reparto o distribución presupuestaria se ha realizado priorizando las necesidades básicas de la población, como son la educación y la sanidad o bien se han potenciado otras cuestiones que aun siendo importantes, lo serían menos en un estado de crisis como la actual.

En este contexto, el trabajo de nuestros gestores sanitarios se ha centrado en intentar adecuar los recursos dados para proporcionar la asistencia que corresponde a la población a la que se deben. Últimamente ese ajuste casi siempre ha ido acompañado de la muletilla de “optimizar recursos”. Lo lamentable de la situación es que en la mayoría de ocasiones, esa optimización ha supuesto la reducción de puestos de trabajo de personal sanitario para atender al mismo volumen de población o incluso mayor, a costa del estrés de los profesionales e incluso de no poder ofrecer la calidad asistencial requerida a la población necesitada, léase pacientes.

Los colegios de médicos, como los colegios de otros colectivos profesionales –sanitarios o no-, y llegado el caso sus comisiones deontológicas asesoras, deben velar por el buen hacer de sus colegiados y defender lo que es equitativo y justo en la relación asistencial entre el médico y el paciente, sancionando lo contrario. Es decir, velar tanto por el profesional que da asistencia, como por el ciudadano que la recibe.

Sin embargo, en la medicina actual, la calidad de la asistencia impartida no sólo depende de los profesionales que la realizan sino de los medios y condiciones en los que se desarrollan los actos médicos. Las asistencias cada vez dependen más de los políticos que aprobaron o consintieron los presupuestos sanitarios y de los gestores médicos que como consecuencia de su fidelidad al sistema o a quien les puso en el cargo, asumen un tipo de gestión que vulnera, por ejemplo, el artículo 47.1 del código de deontología médica que dicta que “los médicos que ocupan cargos directivos en instituciones sanitarias deben velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas necesidades asistenciales de la población y a las posibilidades reales de financiación, evitando que se ofrezcan servicios sanitarios sin la debida dotación de medios humanos y materiales”.

¿Es posible que una manifestación como la que se está produciendo, nacida de los profesionales sanitarios y apoyada con firmeza por el colegio de médicos pueda darse entre los responsables de la gestión sanitaria de las instituciones? Lo dudo.

Pero aún dudo más de los políticos, que considero que tienen mayor responsabilidad y que aprobaron unos presupuestos sanitarios aun a sabiendas de que la sanidad es uno de los pilares fundamentales, no sólo de la calidad de vida, sino del bienestar de la población de la que forman parte.

Me temo que hasta que nuestros políticos no se den cuenta de que deberían tener los mismos derechos y deberes que los demás ciudadanos tanto a nivel jurídico como laboral, no se percataran de que estar al servicio del ciudadano es algo más que una frase retórica. Muchos profesionales de este país, incluyendo los sanitarios, lo hemos asumido desde siempre y ello nos reconforta, eso sí, siempre que se nos lo permite.