Borrás, de Antares, responsabiliza de ello al trasvase de prescripción a otro tipo de moléculas



11 jul. 2012 22:27H
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Eduardo Ortega Socorro. Madrid
El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer en su página web el proyecto de resolución de desfinanciación de medicamentos, en el que se ha incluido el listado final de medicamentos a excluir de la financiación, una medida que entrará en vigor a principios de agosto y que fue aprobada en el último Consejo Interterritorial. Rafael Borrás, director de Farmacia y Bioindustrias en Antares Consulting, advierte de que “no se va a generar el ahorro previsto, sobre todo por el trasvase de prescripciones a otro tipo de moléculas. Nosotros esperamos que se cumpla entre un 50 y un 70 por ciento del ahorro de 450 millones de euros previsto por Sanidad”.

Rafael Borrás.

Indica que el proceso de cambio de estatus de los desfinanciados a OTC va a ser “clave” para los laboratorios y, aunque considera que la lista es “correcta”, indica que hay medicamentos “que van a morir, dado que no son aptos” para convertirse a publicitarios, “como algunos venotónicos”. Asimismo, indica que la lista tiene una contradicción: “Los medicamentos salen de financiación porque no son esenciales. Pero no se comprende por qué se mantiene el pago en un grupo de medicamentos” que se mantendrán en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para su uso “exclusivamente” en algunas patologías señaladas en la resolución, como la encefalopatía protosistémica y paraplejia o enfermedad de Crohn.

Confusión y flaco favor

Por otro lado, Borrás reitera el disgusto de profesionales y laboratorios por algunos de los argumentos empleados para la desfinanciación: “Hablar de escaso beneficio terapéutico es generar confusión en el paciente y hacer un flaco favor a la industria”.

Otra novedad que aporta el documento es que se anuncian los plazos con los que contarán las compañías para presentar nuevos precios. Según el documento de Sanidad, “los responsables de los productos excluidos de la financiación comunicarán al órgano competente, en el plazo de 15 días a contar desde el día en que se ha producido la exclusión efectiva, los precios a los que van a comercializar dichos medicamentos”.


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