14 nov 2018 | Actualizado: 18:45
Lunes, 24 de septiembre de 2012, a las 22:44

LOS DEBATES DE REDACCIÓN MÉDICA
el real decreto pretende mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario
La asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares en el SNS queda garantizada
Recibirán atención en Urgencias, aunque los médicos de Familia prefieren atenderles en consulta

María José Puertas / Imagen: Adrián Conde y Diego S. Villasante
El 'Debate de Redacción Médica' se ha centrado en un tema de máxima actualidad: la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. En plena crisis económica, hacer sostenible a un sistema sanitario que tiene una deuda de miles de millones de euros es una prioridad. Sin embargo, las medidas para hacer frente al turismo sanitario afectan a uno de los colectivos más débiles al cambiar sus prestaciones sanitarias y empezar a proporcionarles una asistencia que, si bien Sanidad y algunos expertos la consideran básica, para otros no llega a los mínimos requeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Abel Jaime Novoa, Jerónimo Fernández, José Javier Castrodeza, Rafael Lletget, Alberto García de Alcaraz y Ricardo de Lorenzo.

Novoa, Fernández y Castrodeza.

José Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: La ministra Ana Mato ha dejado claro el posicionamiento del Ministerio. Ha habido un importante avance en los últimos meses a partir de la publicación del decreto ley y de la publicación del decreto que regula el aseguramiento en España. Ha habido un debate, probablemente desde mi modesta opinión excesivo, antes de la entrada en vigor el 1 septiembre. Este país ha demostrado, demuestra y demostrará un principio de solidaridad que es ejemplo para una gran parte de los países desarrollados. El debate debe ser sosegado y reconducido a un problema que tiene el SNS y es que todos debemos trabajar para hacerlo sostenible y por tanto para identificar situaciones que se han demostrado que no son adecuadas por la carencia de información, las irregularidades y sobre todo para mantener el espíritu solidario que en ningún momento se ha puesto en tela de juicio. Las comunidades autónomas, que son las que gestionan la prestación de los cuidados, ya están tomando medidas desde la lealtad institucional para que este país siga manteniendo este sistema tan importante que nos ha dado tanta salud a los ciudadanos.

Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la Organización Médica Colegial (OMC): La OMC comparte el punto de vista de Sanidad. El compromiso de la ministra con la atención de cualquier tipo de ciudadanos me parece muy relevante, da sosiego y tranquilidad. Los dilemas éticos y profesionales que se les planteaban al personal sanitario y concretamente a los médicos han sido transferidos a los colegios profesionales, lo que ha sido una noticia muy bienvenida. El Real Decreto toca cinco leyes ni más ni menos. La parte profesional, que ha sido criticada en primera instancia y donde después se ha modificado en el aspecto de recursos humanos, también tiene aspectos positivos como el desarrollo de las áreas de capacitación, los registros profesionales y la ordenación. Pero con estos matices de poca comunicación se prestó a confusiones entre las normas de actuación profesionales por un lado y las normas de actuación de las comunidades en aspectos que poca relación tienen con lo profesional, como es el caso de las posibles facturaciones y posibles reintegros si procede. En cualquier caso se aleja del espíritu de la corporación médica que engloba más de 230.000 médicos y que es la atención y el cuidado.

Abel Jaime Novoa, miembro del Grupo de Bioética de Semfyc y uno de los autores del informe 'Análisis Ético ante la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia': El derecho a la atención sanitaria básica y su regulación nos parece esencial en Semfyc. Yo trabajo en un pueblo de la Vega Baja de Murcia con un 20 por ciento de inmigrantes de los que probablemente la mitad sean ilegales. Son pacientes que yo estaba atendiendo en mi cupo y que según el Real Decreto ya no pueden venir a consulta de manera normal. En Semfyc esto nos supone un problema ético profundo y grave pues incide en una relación clínica que habíamos establecido en unas condiciones y deberes morales de cuidado y lealtad y ahora de manera imprevista no podemos seguir atendiéndoles como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Esto supone cambiar las reglas de juego a mitad de partido y nos sitúa ante un conflicto profesional muy difícil de solucionar. La Semfyc ha optado por hacer una declaración solicitando la objeción de conciencia al cumplimiento de esa ley. Podemos hablar de todos los flecos que eso tiene pero parte de una convicción de un conflicto ético profesional importante y que ahora no se está garantizando la atención a los inmigrantes irregulares aunque haya diferentes desarrollos en las distintas comunidades para garantizar de una u otra manera la atención. El hecho es que hay enormes desigualdades y al menos en Murcia no hay un procedimiento por el cual podamos atender a esos pacientes de una manera normalizada.

De Lorenzo, Lletget y García de Alcaraz.

Ricardo de Lorenzo Montero, socio director del bufete De Lorenzo Abogados: Desde un punto de vista técnico debo valorar que tanto el Real Decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad como el establecimiento de asegurado y beneficiario, ambas disposiciones suponen que el sistema sanitario público español ha dado un gran paso hacia la universalidad. Con esto, debo decir a título profesional mi sorpresa ante esta campaña o valoración que olvida aspectos de grandes colectivos profesionales como son los abogados, que no tenemos cobertura de seguridad social. Esta normativa ha dado un paso gigante  al incluir a los abogados con ingresos menores de 100.000, pero nos olvidamos de 55.000 psicólogos, arquitectos y algunos médicos que deben estar cubiertos según la mutualidad correspondiente. Se ha dado un gran paso técnico porque había una laguna legal que era necesario cubrir.

Con el tema de la inmigración ilegal hay una utilización de terminología incorrecta. Los inmigrantes ilegales no respetan la normativa legal de un país. No es cierto que no tengan cobertura. Tienen garantizada la cobertura porque España es el país más garantista de toda la UE. Primero, no solo tienen la garantía por vía de urgencia, sino además en el desarrollo de la normativa, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, está perfectamente garantizado. Pero hay una normativa en la Ley de Salud Pública. Y luego el inmigrante ilegal no pide hora porque no puede acceder desde un punto de vista administrativo.  Y ahí entramos en el tema de la objeción de conciencia. Como abogado dedicado al derecho sanitario, he sido un defensor a ultranza de la objeción de conciencia por parte de las profesiones sanitarias y además he apoyado la posibilidad de que exista una normativa específica por la propia especificidad del acto sanitario. Me sorprende que se pueda plantear una objeción de conciencia primero con recursos ajenos y después porque desde un punto de vista técnico-jurídico supone un no hacer, no puede ser colectiva, ni institucional, ni encaja en una acción.

Rafael Lletget, director general del Consejo General de Enfermería: Algo va a cambiar, está claro. Pero entre seguir igual que antes y encontrarnos a inmigrantes irregulares enfermos por las calles, pues tiene que haber un término medio donde esté la realidad. La población inmigrante está en torno los 5.200.000 de las que 500.000 serían irregulares y de esos, más de 350.000 son ciudadanos de la UE. Así que es una problemática que afecta directamente a unos 150.000 personas que antes gozaban de las mismas prestaciones sanitarias que cualquier ciudadano español que paga sus impuestos a través de la seguridad social. En este país el sistema de salud nunca ha sido universal y nunca ha sido gratuito, si no que lo pagamos todos entre nuestros impuestos. Es verdad que si multiplicamos esas 150.000 personas por el coste unitario que según el Ministerio es de 1.600 euros per capita anual nos sale una cantidad importante. La cuestión es que es el Ministerio de Sanidad quien tiene que establecer las reglas del juego y las condiciones en las que se prestan los servicios sanitarios a través del estatuto marco. Los problemas surgen porque hay una gran mayoría de profesionales sanitarios a los que nos repele la idea de encontrarnos un paciente al que no le podemos prestar un servicio sanitario que está en la base de nuestra profesión. Aquí de pronto tenemos un problema ético y jurídico.

Alberto García de Alcaraz, director Territorial de Sanidad y Consumo en Álava: Desde el departamento de Sanidad del Gobierno vasco no hemos compartido las normas que se han ido promulgando. Hemos pretendido hacernos oír antes de que las iniciativas tomaran forma. Lo hemos intentado de mil maneras haciendo valer nuestra experiencia de tres años y medio de Gobierno que nos avalan tanto en resultados de prestación económica como de sostenibilidad del sistema. No compartimos este Real Decreto por razones clínicas. Después de ver la realidad de nuestra comunidad autónoma y comprobar algunos datos de este colectivo como el gasto, vimos que más bien se aconsejaba que la asistencia fuera realizada a través de otros dispositivos alternativos y no desde Urgencias, para que no fuera un servicio de referencia para este colectivo. Además, para nosotros estas medidas no colaboran en la sostenibilidad del sistema. Lo que sí colabora en esa línea es implementar medidas de tipo estructural que transformen el modelo de provisión. La realidad social y la demografía han cambiado y en todos los estudios aparece una alta prevalencia de las enfermedades crónicas. Con este marco, la estrategia que hemos seguido a la hora de desarrollar cambios estructurales en el modelo de provisión, ha dado resultados para atacar la cronicidad y el envejecimiento. Esas iniciativas chocaban con esta estrategia. Además, este cambio cuenta con la colaboración de los profesionales sanitarios en general, en especial de los médicos y sobre todo del personal de Enfermería.

Conclusiones:

Conclusiones del debate.

Alberto García de Alcaraz: En cuanto a las responsabilidades que tenemos hay un desacuerdo en cuanto a los irregulares que tiene unas consecuencias organizativas propias y en las que trabajamos desde hace tres años y medio y que tiene claros beneficios de sostenibilidad, eficiencia y seguridad clínica. En ese contexto apostamos por seguir haciendo esfuerzos sin perder de vista que lo esencial es en lo que estamos avanzando.

Rafael Lletget: Cuando se adaptan medidas siempre hay peligro de que el más desfavorecido salga más perjudicado. Ahí hay que profundizar para que no caigamos en esa posible pendiente resbaladiza y colaborar entre todos para que esto siga así. Habrá que conjugar la eficiencia en la gestión con los recursos disponibles y también con la solidaridad.

Ricardo de Lorenzo: La asistencia sanitaria básica para extranjeros en situación irregular en España está perfectamente garantizada con el Real Decreto de 16 de julio. Mi preocupación y de ahí mi apasionamiento es la confusión de términos jurídicos que no siempre son coincidentes con los conceptos y valoraciones éticas que pueden llevar a confusiones a los profesionales sanitarios y a la propia población.

Abel Jaime Novoa: De un problema administrativo y de facturación para mejorar la eficiencia del sistema porque ha habido abusos, sin duda, se ha hecho un problema de derechos para un colectivo frágil y un conflicto profesional ético. No creo que sea un problema ético de máximos, sino de mínimos. Hay que saber conjugar la lealtad dual entre la institución y el paciente. La aplicación de este decreto no garantiza la asistencia sanitaria básica como recomienda la OMS y por tanto se ha condicionado una respuesta profesional y un llamamiento para representar ante la sociedad el desacuerdo ante esa ley y presionar con esta campaña de Semfyc. Espero que estos matices sirvan para que avancemos en estos flecos con nombre y apellidos se puedan solucionar buenamente. Creo que el Estado tiene la responsabilidad de obligar a que las comunidades no generen más inequidad y el Gobierno no puede lavarse las manos diciendo que ahora regule cada comunidad y esta regulación debe ser lo más uniforme y consensuada posible.

Jerónimo Fernández: La OMC como corporación de derecho público está comprometida con los ciudadanos, los profesionales y el sistema. El médico debe rendir cuentas a la comunidad y al sistema y hay que pensar en los recursos. La OMC también reclama que se respeten nuestras actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos de atención tanto urgente como de estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial en el caso de los crónicos independientemente de la situación legal del paciente. Esto se aprobó por unanimidad en la asamblea del 1 septiembre y fue corroborado por la ministra y el Ministerio. En el fondo, el problema es la inmigración, que debe ser regular. Esto favorece a los inmigrantes, al conjunto de la sociedad y al arraigo social como vía de procedimiento ordinario de regulación. Cualquiera que sea el camino elegido, el inmigrante no es ilegal, es su situación.

José Javier Castrodeza: Reitero las palabras que la ministra, la secretaria general y el director general de Cartera Básica y Farmacia ya han manifestado. Con este Real Decreto y las medidas de aseguramiento, los inmigrantes irregulares tienen la prestación sanitaria más importante y amplia del ámbito europeo. Estas medidas están encauzadas a que nuestro SNS sea universal, público, gratuito, y tenga características de equidad. No cambia el modelo. Se apuesta por reforzar el SNS donde hay dos protagonistas fundamentales: los ciudadanos que sustentan el SNS y los profesionales médicos y otros colectivos que forman parte. El paso del tiempo dará una dimensión más precisa de sus resultados, pero los resultados previos que estamos alcanzando demuestran que sí era necesario introducir algunos elementos modificadores en el marco legislativo que corrigieran situaciones que podían poner en peligro la sostenibilidad del SNS por la que todos los ciudadanos hemos apostado y por la que este Gobierno evidentemente ha apostado también. Además, ha habido total colaboración de todos los colectivos profesionales y en íntima colaboración con las comunidades autónomas.

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